El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su condición de consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha presentado esta mañana un modelo alternativo para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, más acorde con la agricultura y la ganadería de España que será remitido hoy mismo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y lo ha hecho junto a las organizaciones profesionales agrarias representativas de Castilla y León (Asaja, Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León) y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl).
El modelo ya fue anunciado por el consejero el pasado 16 de marzo en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Los ecoesquemas y la nueva arquitectura verde de la PAC
La nueva Política Agrícola Común, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, mantiene un primer pilar financiado exclusivamente con fondos europeos, concretamente el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. Esta nueva política contará con algo menos de 5.000 millones de euros al año para este primer pilar, donde se enmarcan las ayudas directas desacopladas y acopladas (pago básico, greening, ayudas asociadas...) que actualmente se conocen.
La nueva política llevará consigo mayor ambición medioambiental. En consecuencia, para la percepción de las ayudas directas será necesario cumplir con una serie de normas, buena parte de ellas de enfoque medioambiental, encuadradas en la denominada ‘condicionalidad’. La mayor ambición medioambiental va a pasar por aplicar en un primer nivel una ‘condicionalidad reforzada’ que deberán cumplir, obligatoriamente, todos los agricultores y ganaderos.
Pero además, en el modelo de ayudas directas desacopladas se incorpora una nueva intervención denominada ‘ecoesquemas’. Estas nuevas ayudas se concederán a aquellos agricultores que lleven a cabo prácticas agroambientales que superen las exigencias de la condicionalidad reforzada y serán prácticas que no lleven consigo compromisos de más de un año, es decir, se pueden aplicar un año y percibir estas ayudas, y al año siguiente no realizarlas y, consecuentemente, no se pagarán dichas ayudas.
Las ayudas incluidas en los ecoesquemas vienen a sustituir, en parte, el actual ‘pago verde’ o ‘greening’ que se percibe actualmente como un pago complementario al pago básico, siempre que se respeten unos requisitos genéricos relativos a la diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes o el respeto en la explotación de determinadas superficies de interés ecológico.
Los ecoesquemas, tal y como se plantean en la nueva normativa, suponen una mayor exigencia que la actual y será obligatorio incluirlos en el Plan Estratégico Nacional, que tendrá que presentarse a la Comisión Europea para su aprobación, como requisito imprescindible para poder aplicar la nueva PAC a partir de 2023. Pero a su vez, serán voluntarios para los agricultores puesto que deberán ser ellos los que decidan si les compensa o no realizar estas prácticas de carácter ambiental teniendo en cuenta su coste y la ayuda que recibirán por participar en el ecoesquema.
Si la demanda de ecoesquemas en España no responde a la financiación que se podría destinar, entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año, la parte no gastada se perderá a partir de 2025. Esto es así porque en los dos primeros años, 2023 y 2024, si se produjera ese hecho, la parte no gastada se distribuiría entre el resto de las ayudas desacopladas si finalmente se acepta la flexibilidad propuesta por el Consejo para los primeros años de aplicación. Se trata de una cuestión que, precisamente, Castilla y León apoya, al igual que considera que la dotación que se destine, en un principio, para esta nueva ayuda debe ser la que corresponda al mínimo que se fije en la normativa, en línea con el acuerdo de octubre del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
19.jpeg&w=252&c=30365)
