La aplicación de la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha supuesto un aumento de costes adicionales e incrementos salariales y de Seguridad Social de entre un 7% y un 22% a las empresas del sector hortofrutícola en todas las zonas de producción, no habiendo sido posible trasladar esa subida a los precios de venta a la distribución, lo que ha provocado una fuerte reducción de la contratación de trabajadores en el año 2019. Una nueva subida del SMI agudizará esta situación y cuestionará el futuro de determinados cultivos de interés estratégico para España, según FEPEX.
El crecimiento de los costes salariales que ha supuesto la aplicación del nuevo SMI en el sector de frutas y hortalizas ha sido inasumible para numerosas explotaciones por los escasos márgenes comerciales existentes, según FEPEX. Prueba de ello es que, en el cultivo del tomate, primero en volumen de producción de la agricultura española, en el que la mano de obra significa el 45% del coste de producción y cuya superficie de cultivo se ha reducido un 20% esta campaña, los precios en el mes de diciembre han caído de media un 18,44%, según el último informe de la Comisión Europea, situándose desde el inicio de campaña en los niveles más bajos de los cinco últimos años. Esta situación se agrava por la imposibilidad de repercutir el crecimiento de los costes en el precio de los productos, debido a la competencia de países terceros en los mismos productos y calendarios, sin que se aplique el principio de preferencia comunitaria.
Los datos del Ministerio de Trabajo han puesto de manifiesto que el paro registrado en el sector agrario ha aumentado en el año 2019, especialmente en las categorías profesionales más bajas, así como la pérdida de horas de trabajo computadas como compensación a la subida aplicada, siendo el sector productivo que más ha sufrido la subida del SMI, y especialmente el hortofrutícola dado su carácter intensivo en mano de obra.
Además, la subida del SMI ha dificultado enormemente la negociación colectiva vigente en 2019, que además podría agravarse en 2020, puesto que no se ha tenido en cuenta la autonomía que deben tener las organizaciones sindicales y empresariales para negociar los incrementos salariales, lo que ha provocado una mayor conflictividad judicial derivada principalmente por la aplicación de los complementos salariales en los convenios.
Para FEPEX, un nuevo aumento en el año 2020, cuya cuantía se desconoce, tendría un impacto muy negativo sobre la viabilidad de determinados cultivos y explotaciones, así como sobre el empleo, ya que el conjunto del sector hortofrutícola se enfrenta a una situación crítica para mantener su sostenibilidad económica y social, derivada de la competencia internacional creciente en nuestros mercados tradicionales de exportación, dado que no se aplica el principio de preferencia comunitaria ni se exige que las importaciones cumplan las condiciones sociales, ambientales o fitosanitarias comunitarias.