Ante la Conferencia sectorial a celebrar mañana jueves 21 de octubre, Unión de Uniones pide al Ministerio de Agricultura y a las CCAA que apuesten por una verdadera reforma que corrija los desequilibrios de la vigente PAC en la distribución de ayudas y apoye a los agricultores y ganaderos que viven fundamentalmente de esta actividad.
El ministro Planas tiene intención de cerrar con las comunidades autónomas, mañana jueves 21 de octubre, en Conferencia Sectorial los aspectos políticos esenciales del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España para el periodo 2023-2027. Para Unión de Uniones todos ellos fracasarían si en el posible acuerdo final no se incluye una definición de agricultor activo equiparable al profesional.
La organización opina que, para fomentar la innovación, sostenibilidad y resiliencia de las explotaciones, la PAC debe enfocarse a un modelo de agricultura profesional implicado con el sector y el territorio. Para ello, la organización sigue sosteniendo que se debe considerar agricultor activo como beneficiario de ayudas a aquel cuyos ingresos procedan en más de un 25% de la actividad agraria. Unión de Uniones no pone objeciones a que se exija igualmente la inscripción en el correspondiente régimen de seguridad social como propone el ministerio, pero rechaza tajantemente el umbral de 5.000 euros de ayudas anuales por debajo del cual los anteriores requisitos no serían necesarios para percibir pagos directos.
La organización insiste en las posiciones que ha ido defendiendo durante estos dos años de debate y critica el retroceso que aprecia en las propuestas y definiciones que plantea ahora el Ministerio de Agricultura como base de negociación a las Comunidades Autónomas, porque no permiten asegurar un nivel adecuado de ayudas a la renta a las explotaciones agrarias cuyos titulares son agricultores y ganaderos profesionales.
Unión de Uniones señala que, de no prosperar las propuestas de la organización, para estos profesionales supondrán un mayor perjuicio las nuevas exigencias ambientales básicas, la financiación de los nuevos ecoesquemas, los posibles efectos negativos de la convergencia y el recorte del límite máximo que puede destinarse a ayuda básica a la renta.
