Tal como se esperaba, pero antes de lo previsto por el propio presidente del gobierno, nos hallamos ya inmersos en las campañas electorales para una nueva convocatoria a las urnas, con los presupuestos como detonante, pero como respuesta obligada a una situación de ruido general y al propio debate entre los socialistas.
A poco más de medio año desde que Luis Planas presentara las líneas programáticas para esta legislatura, el Ministerio de Agricultura, uno más, se enfrenta a los interrogantes que conllevan siempre unas nuevas elecciones generales. Sin embargo, si miramos a la última década, la realidad es que, en lo que afecta a Atocha, se puede hablar prácticamente de continuidad y de estabilidad en los equipos y en la propias directrices teóricas de política agraria, lo cual, en principio es positivo, aunque no siempre. La única excepción a esta línea fue la ministra Rosa Aguilar, Izquierda Unida alquilada en el PSOE y cuota andaluza, de octubre 2010 a diciembre 2011, cuya huella se recuerda por su deseo de “pintar de verde” el Ministerio, y por el desmantelamiento del equipo socialista largando de Atocha a José Puxeu y a Alicia Villauriz.
Luis Planas expuso el pasado mes de julio su programa de política agraria en el Parlamento con unos objetivos que, en sus grandes directrices, se concretaban en una mejora de la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrarias, la mejora de los riegos y el uso más eficiente del a gua, la lucha por el relevo generacional y contra el despoblamiento rural, la digitalización del medio, la mejora en el reparto del valor en la cadena alimentaria, los seguros agrarios o dar más visibilidad a la mujer rural.
Para lograr esos objetivos, el ministro de Agricultura planteaba medidas como la innovación y el desarrollo, la mejor en la transparencia de los mercados; el fortalecimiento de las organizaciones de productores; planes para la mejora de las producciones; mejoras en sanidad animal y vegetal; mejoras en el funcionamiento de la cadena alimentaria o una mejor vertebración de la oferta y la integración cooperativa. Casi todo ello, con la Política Agrícola Común como referencia y las negociaciones en marcha para su reforma. Nada nuevo a los programas clásicos de Atocha. Y si nos atenemos al contenido de este programa, así como a las medidas previstas para su desarrollo, uno no sabría decir si el mismo venía de las filas de los populares o de los socialistas.
En los menos de siete meses de Administración socialista en Atocha, el grueso de los trabajos se han centrado en los debates para elaborar la posición global española de cara a las negociaciones para la futura reforma de la Política Agrícola Común que en este momento se halla en una segunda fase para redactar el Plan estratégico estatal donde se analice la situación de cada uno de los nueve objetivos contemplados en las propuestas de reglamento, que se detecten sus necesidades y que se propongan las actuaciones necesarias en política agraria y mundo rural para la próxima década desde 2022. En todo lo demás, continuidad también en los resultados.
Se podría decir que de ese amplio programa de objetivos, en estos apenas siete meses, los actuales responsables de Atocha se han quedado simplemente en el enunciado, en la carta de presentación, solo con algunos detalles de importancia como la apuesta por el seguro agrario y una respuesta insuficiente para lo demandado en relación con la cadena alimentaria y la venta a pérdidas. Por lo demás, unos pocos guiños en temas como en el etiqueta de origen en leche o miel, el deseo y nada más de dar más visibilidad a la mujer y a los jóvenes, o la apuesta contra el despoblamiento, pero sin nada nuevo desde el gobierno para apoyar la actividad en el medio.
Con las nuevas elecciones en marcha, parece obvio que no se pueden paralizar o ralentizar los actuales trabajos en marcha. Llegue quien llegue al departamento, no es tiempo ni hay razones para inventarse nuevos objetivos, sino dar respuesta a los muchos pendientes que se repiten en cada legislatura, por breve que sea. Es tiempo además, a la vista del pasado, de hablar de prioridades en lugar de dispersarse con tantos objetivos por un teórico querer abarcarlo todo, como lo pone de manifiesto el hecho de que las líneas programáticas de Luis Planas sean una fotocopia de las 60 medidas de Miguel Arias Cañete continuadas por Isabel García Tejerina. Llevamos décadas mareando los mismos retos. Y sería importante que, en un horizonte no lejano, podamos decir un día, al menos sobre algunas de esas actuaciones de los programas, eso de “objetivo cumplido”: Ley de la cada ordenada; una ordenación de la oferta; un campo vertebrado; unas OPS fuertes; un relevo generacional a tope; unos mecanismos eficaces para regular los mercados”; ”un seguro agrario seguro lejos de los sobresaltos de cada año”… y poder plantear nuevos retos de cara al futuro.
