Tras un breve paréntesis veraniego, Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas vuelven a verse las caras para retomar unas negociaciones que ya se aventuran lentas de cara fijar el previsto Plan Estratégico y donde en el fondo se esconden los criterios para la distribución a partir de 2020 de los casi 5.000 millones de ayudas directas comunitarias que supone anualmente los pagos de la Política Agrícola Cómun (PAC).
Han pasado solo dos meses desde de que el siete de julio la Administración central y los gobiernos regionales elaboraran un primer documento propuesta de posición común sobre la próxima reforma donde ambas partes sostenían prácticamente un acuerdo total de principios para defender en Bruselas una continuidad sin rebajas en los fondos destinados a la PAC, el mantenimiento de los pagos directos como ayuda a rentas, que los destinatarios sean los profesionales activos que desarrollan una actividad sobre todo mirando a las pequeñas y medianas explotaciones, pero haciendo un guiño a alguna Comunidad Autónoma donde también serán prioritarios los agricultores a tiempo parcial, naranjeros trabajadores de la Ford,en Valencia, cerealistas de las Renault en Castilla y León etc… o para establecer techos de pagos por solicitante.
Del documento de principios y de fácil consenso, toca, desde ahora, pasar a definir quién, cómo y por qué se lleva los fondos. Y, aunque el ministro se esfuerce en convencer repitiendo desde el Guadalquivir al Duero que los dineros PAC no son un fondo inter territorial, la realidad es que la distribución ha tenido siempre mucho de ese carácter, que se trata de una cultura instalada, de ver quién sacaba más, también en los tiempos cuando el actual ministro buscaba y lograba una buena hucha para Andalucía, la que hoy cuestionan otras Comunidades Autónomas. Un escenario que puede suponer dolores de cabeza para el gobierno socialista, viniendo de donde vienen, tras el acuerdo entre la presidenta Susana Díaz con el respaldo de todo el sector para no dar un paso atrás en la defesa de su fondo.
Entonces, como ahora, los balances de los consejeros, solo se hacían viendo quién se llevaba más a la buchaca, sin atender a otras consideraciones más ligadas a si eran justas o coherentes en relación con la situación, rendimientos, rentabilidad de cada agricultor o ganadero en otra zona. Cada cual a lo suyo, al margen, por ejemplo, de que un olivar de secano en Castilla La Mancha o Aragón con rendimiento bajo mínimos que casi solo está ahí para sostener el territorio perciba 150 euros por hectárea y otro de alto rendimiento 800 euros.
Hemos entrado en la fase de la verdad, de ver cuánto se lleva cada uno y habrá que definir el cómo y el por qué. Y, en esto, no ha cambiado nada desde antes del verano. Si acaso sí, para hacer más complejas las cosas, ante el posicionamiento andaluz de reclamar mantener lo suyo que supone el 30% de los pagos directos.
Las Comunidades Autónomas, como hace unos meses, divididas a la hora de definir los criterios para el reparto de los fondos y el acuerdo se presenta difícil. Andalucía defendiendo antes de ser atacada, otras calladas y otras como Castilla La Mancha, Aragón o Rioja reclamando cambios profundos que supongan un mayor equilibrio a la hora de la distribución de los fondos.
La aplicación actual de la PAC en España en lo que afecta a las ayudas directas, contempla los pagos base como una continuidad de los pagos ligados a los derechos históricos individuales con un techo de 150.000 euros a partir del cual se aplica una reducción del 5%, junto a una política de convergencia de ayudas en medio centenar de regiones en superficies de regadío, secano, pastos y cultivos leñosos con los agricultores activos como los destinatarios prioritarios.
Sin embargo, según los resultados de la aplicación de la PAC vigente, existe una gran desigualdad a la hora del reparto de los fondos ente comunidades autónomas con agricultores que perciben pagos muy diferentes en una misma actividad, según la ubicación de las tierras.
Igualmente es una consideración generalmente aceptada que la política de convergencia no ha sido suficiente para acercar las ayudas a nivel estatal y que se impusieron los criterios de Miguel Arias abogando por la estabilidad y el no crear incertidumbres, se entendía para quienes recibían las mayores ayudas, dejando a un lado las incertidumbres de quienes no las percibían como debieran.
Bajo las propuestas de la nueva reforma, prácticamente se da libertad a cada Estado miembro para acometer en sus programes una total redistribución de los fondos. En esa línea, son varias las Comunidades Autónomas que abogan netamente por la supresión de los pagos base ligados a los derechos individuales históricos y que defienden una mayor convergencia de los pagos. Los debates deberán abordar además otras cuestiones como la definición de agricultor genuino, como un escalón más de la figura del agricultor activo prioritario de las ayudas o los apoyos a la incorporación de los jóvenes ante la existencia de unos resultados discretos con la política actual o la limitación en los pagos y el destino de esos fondos extra.
La Administración central no se ha manifestado sobre la velocidad o intensidad de los cambios. Sin embargo, se ha posicionado sobre conveniencia de no crear incertidumbres a que darían lugar posiciones de ruptura total del sistema, pero también a la necesidad de que agricultores y ganaderos que se enfrentan a las mismas dificultades o condiciones reciban, el mismo nivel de apoyo. Es solo el inicio de un largo camino…
