El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, informó este miércoles sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno respecto a la modificación de la Ley de Caza, la Ley de Tasas y la Ley de Conservación de la Naturaleza, que surge, según ha señalado, “de la interlocución permanente con la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, APROCA y Ática; y, por otro lado, el sector ecologista y la Plataforma Contra la Ley de Caza del Gobierno anterior, que fue capaz de recoger 120.000 firmas”.
Martínez Arroyo ha explicado que las últimas semanas han sido muy provechosas, así se han tenido en cuenta todas las sensibilidades que se han compartido incluso en una misma mesa, “los que defienden la caza como una actividad económica y los que persiguen que esa caza sea sostenible”. Fruto de ese consenso se ha elaborado el documento que ha pasado este miércoles por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, dada la importancia de un sector que “genera más de 600 millones de euros de facturación al año y muchos empleos en el medio rural, que no puede entenderse sin la actividad cinegética”. En definitiva, el objetivo del documento es “hacer compatible la caza con otros usos y actividades en el medio rural, para el disfrute de todos”, ha afirmado el consejero.
Otro de los aspectos que ha destacado el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural es la apuesta por la “caza social” que hace el Gobierno regional y que “no fue una prioridad para el Ejecutivo anterior”. Por ello, “este anteproyecto recupera los cotos sociales que fueron eliminados en la Ley anterior” y “pretende recuperar las especies autóctonas que identifican la caza en Castilla-La Mancha y permiten un medio natural sostenible”.
Además, Martínez Arroyo ha avanzado que dentro de la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha “se modifican para que todos aquellos ciudadanos jubilados de más de 65 años no tengan que pagar por las licencias de caza y pesca en nuestra región”. Una demanda solicitada por cazadores y pescadores y que el Gobierno regional atiende por su componente, eminentemente, social.
Para modernizar la ley, el documento prohíbe prácticas incompatibles con el bienestar animal de los animales, que no se recogían hasta la fecha y que, ahora, actualiza las causas que pueden conllevar a una sanción en Castilla-La Mancha para combatir prácticas cruentas con los animales (que aunque no estaban generalizadas, quedarán prohibidas). Entre ellas el lanceo de jabalí, el tiro al pichón con tubo y el uso de venenos.
Un punto en el que el consejero ha aclarado que "la inmensa mayoría de los cazadores de Castilla-La Mancha y de los propietarios de los cotos están en contra, absolutamente, de prácticas cruentas con los animales". En este sentido, ha manifestado que "no hay ninguna organización representante del sector cinegético que haya puesto ningún problema a esta prohibición en este anteproyecto de Ley, sino todo lo contrario, han sido ellos mismos los que nos han pedido que prohibamos estas prácticas, entre ellas el lanceo de jabalí, que queda prohibido con este anteproyecto de ley".
Por último, Martínez Arroyo ha asegurado que las últimas semanas han sido “muy provechosas, con un alto grado de cesión por parte de todos”. Y ha apelado también al consenso por parte de todos los grupos políticos, para que cuando llegue el trámite a las Cortes Regionales se debata y quede aprobado a principios del próximo año.
Por su parte, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha considera que la reforma de la ley planteada inicialmente por el Gobierno regional es “insuficiente” y “está todavía bastante lejos de cumplir con las expectativas de los colectivos y personas por cuya iniciativa y reivindicación se está afrontando este cambio legislativo”.
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