La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha presentado su informe, elaborado en colaboración con el centro de investigación CREDA, sobre regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. En este contexto, España se sitúa como país pionero en implantar una regulación específica para la cadena alimentaria y líder en la Unión Europea en la creación de una normativa propia para el sector. La presentación del informe ha tenido lugar durante la reunión del grupo de trabajo del consejo asesor de la Agencia.
Mediante la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, España inició el camino en la Unión Europea para la regulación de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria. La normativa española ha servido como modelo a los países de la Unión, que han establecido normas similares en sus respectivos Estados, con el objetivo de lograr el equilibrio en las relaciones comerciales.
El informe destaca igualmente que la legislación española ofrece cobertura a todos los eslabones, además de implementar instrumentos autorregulatorios, a través del Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
Al mismo tiempo, el informe destaca la labor de AICA por el número de inspecciones realizadas, los casos investigados y las multas propuestas por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. De hecho, España es el Estado miembro que más sanciones propone, con una de las cuantías más elevadas de la Unión Europea.
Así, frente a las cerca de 2.000 inspecciones contabilizadas en España, concluidas con 38 expedientes con propuesta de sanción (a cierre del informe), Alemania inició 43 procedimientos; Portugal, 49 y alrededor de 20 en Eslovaquia. Por su parte, en Francia se controlaron operaciones en 3.810 establecimientos de todos los sectores económicos, no sólo de la cadena alimentaria.
En cuanto a las sanciones, la cuantía de las multas en España oscila entre 3.000 y 1.000.000 de euros, mientras que en Francia alcanza los 2 millones y en Alemania un millón de euros. La multa en el Reino Unido puede llegar hasta el 1% de la facturación, y hasta el 10% en la República Checa. En el caso de Portugal, el baremo oscila entre los 750 y los 2,5 millones de euros; y en Eslovaquia, el mínimo es de 1.000 euros y el máximo de 300.000. Las sanciones más bajas corresponden a Italia, con importes que van desde los 500 hasta los 500.000 euros.
