Solo un día después, el pasado 24 de marzo, de que la Comisión Europea presentara un paquete de medidas a corto y medio plazo para mejorar la seguridad alimentaria mundial, con especial urgencia en el caso de Ucrania, y apoyar al sector agrario comunitario, el Pleno de la Eurocámara daba su visto bueno también por amplia mayoría de 413 votos a favor, 120 en contra y 49 abstenciones a una resolución en la que reclama más intensidad en las acciones para garantizar el suministro de alimentos tanto dentro como fuera del territorio de la UE, tras la invasión rusa de Ucrania.
El PE demanda asistencia humanitaria inmediata y canales sólidos de ayuda alimentaria para este país del Este, que está siendo masacrado ilegalmente por la Rusia de Putin, incluso con la creación, si es necesario, de “corredores alimentarios” que sirvan de alternativa a los puertos cerrados del Mar Negro y garanticen el abastecimiento de la población civil.
Dada la importancia del sector productor agrario en Ucrania, los eurodiputados piden también que sus agricultores reciban semillas, combustible y fertilizantes, que escasean debido a la crisis bélica, para poder sembrar lo máximo posible de cara a la próxima campaña.
En este mismo sentido, la CE quiere aplicar una estrategia de seguridad en el suministro de alimentos a corto y medio plazo en ese país, y garantizar que los insumos lleguen a las explotaciones agrarias en la medida de lo posible y se mantengan las instalaciones de transporte y almacenamiento para que Ucrania pueda alimentar a sus ciudadanos y, en última instancia, recuperar sus mercados de exportación. Algo, esto último, bastante difícil.
El miércoles 24 de marzo aprobó un Programa de Asistencia Urgente por valor de 330 millones de euros para garantizar en parte el acceso a bienes y servicios básicos a la población, así como reconstruir las pequeñas infraestructurales civiles y planificar estrategias que garanticen la seguridad energética.
Por otro lado, en la resolución europarlamentaria se afirma que la pandemia de Covid-19 y ahora la guerra en Ucrania han evidenciado que la UE necesita disminuir su dependencia importadora de un número reducido de proveedores, por lo que pide una diversificación del suministro de terceros países y, como medida a corto plazo, que la CE evalúe la forma de atenuar el impacto de la fuerte subida de los precios de los fertilizantes sobre los productores, además de disminuir su dependencia de las importaciones a largo plazo, mediante alternativas de fuentes orgánicas de nutrientes y el apoyo a la innovación en el sector agrícola.
En este punto, la CE ofrece flexibilidad de acción a los Estados miembros para que éstos puedan apoyar a los agricultores y consumidores, a pesar que no todos tienen las mismas posibilidades financieras o fiscales para querer y poder llevarlo a cabo.
Para mejorar el acceso asequible a alimentos por los ciudadanos europeos, la CE permite a los Estados miembros que puedan aplicar tipos reducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y “animar a los operadores económicos a contener los precios minoristas” (sic), así como a aprovechar algunos fondos, como de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) para facilitar alimentos o asistencia material básica a las personas más vulnerables.
Tomándoselo con calma, la CE también contempla que el recién creado Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante la Crisis de Seguridad Alimentaria (MEPRCSA), lleve a cabo un análisis exhaustivo de los riesgos y puntos vulnerables de la cadena de suministro alimentario de la UE, seguido de recomendaciones y medidas paliativas adecuadas.
Medidas
Mientras, la CE adoptó algunas medidas que, aunque positivas, son manifiestamente insuficientes. En primer lugar, un fondo de 500 M€, haciendo uso por vez primera de la reserva de crisis (más de dos terceras partes del mismo, 350 millones) para ayudar a los productores afectados (ganaderos, sobre todo) a paliar las graves consecuencias de la guerra de Ucrania.
La reserva de crisis se nutre de un porcentaje de los fondos detraídos de los pagos directos de la PAC a los beneficiarios de más de 2.000 euros. Si, como ha ocurrido hasta ahora, no se utiliza, ese dinero se devuelve a los mismos en la campaña siguiente, algo que esta vez no sucederá. Será, por tanto, el propio sector el que ayude a los más vulnerables por la crisis bélica y no dinero adicional de la UE. Los 150 millones restantes saldrán de remanentes no gastados, de sanciones impuestas por la PAC, etc. Esta medida, además, tendrá que ser aprobada por el PE y el Consejo antes de aplicarse.
De esos fondos de crisis, a España le corresponden 64,49 millones de euros, solo por detrás de Francia, a quien se le asignan 89,33 millones, y por delante de Alemania, que recibe algo más de 60 millones. Como está claro que son fondos netamente insuficientes para atender los efectos de la actual crisis bélica, la CE se ha sacado de la chistera, una vez más, que los Estados miembros podrán complementar hasta en un 200% este apoyo de la UE con fondos nacionales, que ni siquiera tienen por qué ser pagos directos, sino que pueden darse en forma de avales para créditos, bonificación de tipos de interés de préstamos u otras fórmulas de financiación.
Si, al final todos los Estados de la UE-27 complementaran hasta el máximo permitido el fondo de crisis de 500 millones de euros de la CE, podría llegarse a destinar hasta 1.500 millones. Una cifra que seguiría siendo muy escasa para paliar toda la magnitud de la crisis actual. Y no nos cansamos de repetir: no todos los Estados miembros cuentan con la misma capacidad financiera (“potencia de fuego”) para conceder ayudas nacionales y, precisamente, España no ha estado, hasta ahora al menos, como se vio en la crisis de la Covid, entre los más dispuestos.
Hay más: la CE condiciona que los agricultores y ganaderos podrán acceder a estos fondos de crisis siempre que expresen su compromiso de llevar a cabo actividades que tengan que ver con la economía circular, la gestión de nutrientes, el uso eficaz de los recursos y la aplicación de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima.
Sin poner un euro más, la CE planteó otras tres medidas “clásicas”: en primer lugar, anticipar los pagos directos de la PAC 2022 y medidas de Desarrollo Rural relacionadas con la superficie y los animales a partir del 16 de octubre, aunque no hizo referencia a porcentajes concretos, seguramente será anticipar del 50% habitual al 70%, como en anteriores ejercicios.
En segundo lugar, aprobó una excepción única y temporal para permitir la producción cultivando barbechos de rotación y Superficies de Interés Ecológico (SIE), donde podrán utilizarse incluso fitosanitarios, sin que eso suponga descontar el pago “verde” previsto a los agricultores. Se espera que esto permita ampliar la capacidad productiva de la UE, a pesar de la limitada disponibilidad de tierras fértiles cultivables (España, según el MAPA, dispone en torno a 2,2 millones de hectáreas en esta situación, que podrían aprovechar en parte para cultivos de primavera, como el girasol, y allí donde se pueda o sea posible teniendo en cuenta la disponibilidad de agua para riego y costes, de maíz grano).
En tercer lugar, adoptó flexibilización temporal específica de los requisitos (fitosanitarios no autorizados y OGM) para importar materias primas para piensos, con el fin de contribuir a aliviar la presión sobre este mercado (el MAPA aprobó ya una resolución que permitirá que entren en puerto algunos barcos de maíz argentino o de EE.UU. de aquí a finales de abril).
Ayudas de Estado
Junta a estas medidas, la CE terminó aprobando también, a pesar de su firme oposición inicial antes de la guerra en Ucrania, un régimen de ayudas a precio fijo para el almacenamiento privado de carne y productos del porcino, debido a que la situación de mercado ha empeorado sobre todo en aquellos países con casos de Peste Porcina Africana (PPA). El sector productor y transformador de porcino español, e incluso el propio MAPA, se han mostrado reticentes a la aprobación de esta medida coyuntural, que consiste simple y llanamente en financiar la retirada y almacenamiento de producto del mercado que, en unos meses, podrá volver al mismo, a saber entonces en qué condiciones, mostrando su preferencia para que el sector su propio esfuerzo de autorregulación, como en anteriores ocasiones.
Por último, dentro de un amplio Marco Temporal de Crisis , que también incluye a los agricultores y ganaderos, así como a los productores de fertilizantes y al sector pesquero, la Comisión planteó, de nuevo sin aportar fondos adicionales, que puedan concederse ayudas de Estado a los colectivos más afectados por las fuertes subidas de costes de los insumos, así como para controlar los precios de los abonos y de los suministros para “velar por no poner en peligro las perspectivas de las cosechas de la UE.” Otra vez, dependiendo de la “letra pequeña” y de la capacidad financiera de cada Estado miembro.
A estos efectos La CE indicó que los Estados miembros podrán introducir de forma inmediata regímenes de subvención de hasta 35.000 euros de ayuda estatal por empresa afectada por la crisis en los sectores agro-pesquero y de acuicultura y de hasta 400.000 euros por empresa afectada en los demás sectores, sin necesidad de que esta ayuda esté vinculada al aumento de los precios de la energía, al considerarse otros factores que han incidido también, como la ruptura física de la cadena de suministro.
Esta ayuda pública de Estado podrá concederse, según la CE, de cualquier forma, incluidas las subvenciones directas, pero además los países podrán dar apoyo a la liquidez de la empresas en forma de garantías estatales y préstamos bonificados, y también para compensar los elevados precios de la energía. A ver en qué queda todo esto en nuestro país.
Sostenibilidad alimentaria
Por último, la Comisión Europea se ofrece a reforzar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios a nivel mundial y, aunque mantiene los objetivos de las transiciones fijadas en las Estrategias “De la granja a la mesa” y sobre “Biodiversidad”, velará también “porque ambas no perjudiquen la productividad de la agricultura de la UE”. Esto se traduce en un “mayor uso de la innovación para contribuir a aumentar los rendimientos de forma sostenible (agricultura de precisión, nuevas técnicas genómicas, mejora de la gestión de nutrientes, gestión integrada de plagas, alternativas biológicas a los plaguicidas químicos, etc).
Además de hacer un seguimiento y un análisis periódicos de los precios de los alimentos y de la inseguridad alimentaria, junto con organismos como la FAO, OMC, G7 y G20 para coordinar las políticas y en colaboración con unos 70 países socios en el marco del programa de cooperación internacional 2021-27, la UE continuará adelante para luchar contra la malnutrición a nivel mundial aportando 4.300 millones de euros, a los que se comprometió en la Cumbre Sobre Nutrición para el Crecimiento, celebrada en diciembre de 2021 en Tokio, incluido un mínimo de 2.500 millones con cargo a la cooperación internacional entre 2021 y 2024.
También ve más necesario que nunca aumentar, a través de todos los instrumentos disponibles en los Planes Estratégicos nacionales de la PAC, la resiliencia mediante la disminución de la dependencia de la agricultura respecto de la energía, las importaciones intensivas de energía y las importaciones de piensos, con fuentes de importación diversificadas y salidas comerciales, a través de una sólida política comercial multilateral y bilateral, así como de inversiones en I+D para sustituir los fertilizantes sintéticos (mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, la transición al amoníaco verde para los fertilizantes y la valorización de la biomasa.
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