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Andalucía pide el aplazamiento inmediato de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo ha defendido este lunes en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios el “aplazamiento inmediato” de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC). Crespo ha reiterado, en declaraciones previas al comienzo de la reunión, que tal y como los ha propuesto el Gobierno de España “suponen un gasto más, y no un incentivo para nuestros agricultores y ganaderos”. Además, ha insistido en que “el modelo propuesto no se adapta a la realidad agraria de Andalucía y provocará un importante impacto socioeconómico”, a la par que ha lamentado que “seguimos esperando los estudios de impacto del Ministerio”.

La consejera ha pedido, además, que “se revisen las ayudas asociadas para que incluyan al olivar de regadío, a la aceituna de mesa y al girasol”; y demanda también la revisión del pago estipulado para la remolacha del sur, que es inferior, “sin estar justificado”, al vigente en el norte.

Por otro lado, Crespo ha adelantado la petición de que el próximo año se siga permitiendo el cultivo de los campos en barbecho y ha explicado que en Andalucía ya se han cultivado más de 30.000 hectáreas de girasol para aceite y de cereal para grano, destinado a alimentación del ganado.

La responsable de Agricultura ha insistido en la necesidad de que “el Ministerio tenga en cuenta las peticiones de Andalucía”, a la par que ha señalado que “en estos días está llevando a cabo modificaciones del Plan Estratégico de la PAC, por lo que están a tiempo de atender las alegaciones de nuestra comunidad autónoma”.

Del mismo modo, siempre en declaraciones previas a la reunión del Consejo Consultivo, Carmen Crespo ha asegurado que “Andalucía velará por la equiparación de las comunidades de bienes con las sociedades anónimas en la nueva PAC” porque, de no establecerse, “supondría la expulsión de las ayudas de la PAC a muchos agricultores y ganaderos andaluces”. La consejera ha recordado que “uno de cada tres perceptores de la Política Agraria Común es andaluz, por lo que se trata de un tema de vital importancia para nosotros”. “Si no atienden nuestras peticiones, tendremos que votar en contra del Plan Estratégico de la PAC”, ha subrayado la titular del ramo.

Cabe recordar que Andalucía ha registrado alegaciones a la PAC en referencia al número de ecoesquemas, solicitando al menos cuatro más para adaptarlos a la diversidad de cultivos de la región; así como, una organización diferente de las regiones productivas (reducidas de 50 a 20) para evitar que supongan un lastre importante para zonas como la Campiña de Sevilla, la Loma de Jaén, El Condado de Huelva y la Vega de Antequera.

Costes de Producción

Carmen Crespo ha exigido, además, medidas de apoyo para el sector agrario que ayuden a paliar la subida de los costes de producción. Al respecto, la consejera andaluza ha insistido en la necesidad de “poner en marcha bajadas de impuestos a los insumos o el establecimiento de la doble tarifa eléctrica para abaratar la factura en el regadío”. La titular de Agricultura en funciones ha reclamado la “aplicación inmediata de una bonificación del 35% para el gasóleo y del 15% para plásticos y fertilizantes”.

Asimismo, la consejera ha pedido al Ministerio de Agricultura “liderazgo” y que logre del Ministerio para la Transición Ecológica la bonificación de 30 céntimos euros/m³ para el agua desalada, “fundamental para que nuestro sector agrario no compita en clara desventaja con otros territorios”.

Fitosanitarios y preferencia comunitaria

Por otra parte, el Consejo Consultivo aborda hoy la propuesta de transformar la Directiva actual sobre uso de productos fitosanitarios en reglamento, que prevé reducciones del 50% en su utilización. La consejera ha dejado claro que “no consideramos que sea el momento, en pleno conflicto en Ucrania y con una subida importante de los costes de producción, de limitarlos aún más”. Para Carmen Crespo, esta iniciativa solo va a suponer “mayores pérdidas para el sector”. Al respecto, considera “necesario un estudio de impacto de la propuesta de reglamento y de aplicación de los objetivos que se establezcan para España, de forma que cualquier objetivo sea alcanzable y realista”.

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