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INTERPORC lamenta que se ponga en riesgo la bioseguridad y la salud pública con ataques ilegales a las granjas

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) lamenta que se ponga en riesgo la bioseguridad de la cabaña de porcino y la salud pública española con entradas ilegales en las granjas cuyo único objetivo es construir una imagen perniciosa del sector porcino español a través de imágenes descontextualizadas que generan una percepción injusta de un colectivo que trabaja duramente en materias como el bienestar animal o el medio ambiente y que han convertido al sector en un referente internacional.

INTERPORC condena los ataques indiscriminados a las granjas españolas y lamenta que se trate de desacreditar al sector porcino en particular y al ganadero en general con campañas basadas en argumentos maliciosos que tergiversan la realidad, imágenes sacadas de contexto, noticias fake, datos falsos, medias verdades, encuestas manipuladas o informes sin criterios científicos.

Estas exigentes medidas, que prohíben entre otras cuestiones la entrada de personal no autorizado y que no cumpla las estrictas normas de bioseguridad e higiene, son absolutamente necesarias para evitar perjuicios sanitarios al propio ganado, favorecer el bienestar animal y mantener el estatus sanitario de máximo nivel de la cabaña porcina española, pasaporte imprescindible para llevar la carne y los derivados del cerdo de capa blanca español a más de 130 países de todo el mundo.

Cualquier incumplimiento de estas medidas de forma irresponsable por parte de terceras personas podría tener consecuencias dramáticas, toda vez que el hecho de que una granja tenga problemas de bioseguridad afectaría no sólo a la salud y la vida de los animales de la propia instalación, sino también a la actividad y, por tanto, al empleo, la economía y la cabaña ganadera del conjunto de las granjas de España y las 400.000 familias que viven de forma directa del sector.

Desde el sector porcino español se respeta el derecho de cualquier organización a mostrar su desacuerdo con la normativa nacional o comunitaria o a pedir mejoras, pero el camino nunca puede ser con actuaciones al margen de la ley que ponen en riesgo la bioseguridad de una instalación ganadera.

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