El martes, el Parlamento aprobó la nueva política agrícola de la Unión. La versión reformada será más verde, justa, flexible y transparente.
Durante las negociaciones del conjunto de reformas legislativas, los eurodiputados insistieron en que reforzar la biodiversidad y cumplir las leyes y compromisos adquiridos por la UE en relación con el medio ambiente y el clima será clave en la aplicación de la nueva política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en 2023. La Comisión valorará si los planes estratégicos nacionales de la PAC recogen estos compromisos; los agricultores, por su parte, tendrán que ser respetuosos con el clima y el medio ambiente en su trabajo. Los Estados miembros habrán de garantizar que al menos el 35 % del presupuesto se destine al desarrollo rural y el 25 % de los pagos directos a medidas medioambientales y climáticas.
Más apoyo a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores
Los eurodiputados se han asegurado de que al menos el 10 % de los pagos directos se utilice para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y al menos el 3 % del presupuesto de la PAC vaya a parar a manos de agricultores jóvenes. También han insistido en la creación de una reserva permanente de crisis —con un presupuesto anual de 450 millones de euros (a precios corrientes)— para ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de los precios o del mercado.
Mayor transparencia y cumplimiento de la normativa laboral
El Parlamento ha logrado que se establezca una cooperación entre los inspectores de trabajo nacionales y los organismos pagadores de la PAC para supervisar la correcta aplicación de la normativa laboral de la UE en el sector y sancionar las infracciones.
La nueva reforma incluye cuestiones positivas, muchas de ellas coincidentes con las propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Entre ellas destacan la incorporación de las intervenciones sectoriales, que fomentan la estructuración económica del sector a través de las Organizaciones de Productores (OPs) para que estos avancen en la cadena de valor y la equilibren a través del desarrollo de Planes Operativos cofinanciados con fondos comunitarios, lo que supone extender el sistema de Frutas y Hortalizas a otros sectores.
También se incluyen cuestiones importantes para los cultivos mediterráneos, como el mantenimiento del sistema de Frutas y Hortalizas basado en OPs sin límite presupuestario, la inclusión del aceite de oliva en el artículo 167 de la OCM de Mercados Agrarios para mejorar su regulación en tiempos de crisis, o la extensión del sistema de autorizaciones de plantación en el viñedo hasta 2045.
Sin embargo, el sector productor deberá hacer frente a grandes retos medioambientales y climáticos expresados en las estrategias De la Granja a la Mesa y para la Biodivesidad 2030, que buscan el cambio del modelo productivo hacia una mayor exigencia medioambiental, al tiempo que las cooperativas agroalimentarias y sus socios deberán mejorar su eficiencia productiva y económica para poder seguir siendo rentables en el mercado.
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