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Víctor Yuste Jordán. Director General Foro Interalimentario
Se veía venir hace meses ¿cuándo le tocaría al sector agroalimentario? pues ya ha llegado. En los últimos días estamos viviendo una gran polémica e incertidumbre en el sector agroalimentario español por la propuesta para limitar el precio (PVP) de los alimentos, presentada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La propuesta consiste en promover un pacto entre la distribución y los consumidores para fijar unos precios máximos hasta las próximas fiestas de Navidad y que las grandes cadenas de distribución ofrezcan ofertas comerciales para así garantizar una cesta de la compra saludable y variada con límites de precios.
A ojos de simple ciudadano de a pie, parece una buena medida, ¡qué bien que nos bajen el precio de los alimentos … y cualquier otra cosa que tengamos que pagar¡
No obstante, no debemos engañarnos nosotros solos. Es una propuesta contraproducente, inviable e incompatible con el funcionamiento y la operatividad del sector agroalimentario en España, es contraria a la legislación europea y nacional en materia de competencia, además de haber sido fallida en otros países de la Unión Europea, como Francia, aunque no se informe que su implementación trajo consecuencias negativas. También afecta a la libertad de mercado, a la Ley de Defensa de la Competencia que prohíbe “la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio,” a la vista de los reparos manifestados por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Además, es perjudicial para el consumidor ya que actualmente se beneficia de una enorme capacidad de elección debido a la gran competencia que existe en nuestro país, donde puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa.
Tampoco beneficia al sector primario, que no está pasando por sus mejores momentos, e infringe la Ley de la Cadena Alimentaria, establecida como una prioridad dentro del Gobierno y del sector agroalimentario, donde se establece que todos los eslabones de la cadena, agricultores, ganaderos industria y distribución, no vendan a pérdidas, por tanto, que cubran los costes efectivos de producción.
El Gobierno es consciente que las empresas de distribución, al igual que los agricultores, ganaderos y la industria, vienen trabajando duramente, con responsabilidad y eficiencia, para ofrecer una cesta económica y del esfuerzo que llevan haciendo muchos meses (pandemia, filomena, huelga transportes, …) por contener los precios y no repercutir a los consumidores el gran incremento de costes que estaban sufriendo.
Es muy sencillo echar la culpa de la inflación de los alimentos a la cadena de valor agroalimentaria, poniendo el foco en la distribución, en los supermercados e hipermercados, en lugar de mirar y valorar con rigor las medidas que en política monetaria y fiscal se está llevando a cabo y analizar cómo mejorarlas.
Esta propuesta falla y mucho en el análisis de las causas del incremento del precio de los alimentos, ya que es evidente que no estamos ante un problema de márgenes económicos, comerciales o de beneficios, sino un problema de costes de producción.
Por ello, es muy lógica y coherente con la realidad la postura manifestada públicamente por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que “no lo ve nada claro”.
El sector agroalimentario lleva meses reclamando al Gobierno medidas contundentes ante la gran subida de la inflación y el encarecimiento del precio de las materias primas, carburantes y energía, etc. que estaban impactando de lleno en los costes de producción de los alimentos, proponiendo medidas a nivel fiscal para poder reducir los costes de producción, transformación y distribución de los alimentos, tales como reducir el IVA a los alimentos y materias primas del 21% al 10% e incluso al 4%, una moratoria de los impuestos sobre el plástico alimentario de un solo uso y sobre los gases fluorados, el reconocimiento de instalaciones electrointensivas e incluso la consideración de sector esencial.
Debemos proteger la capacidad de compra y asegurar el abastecimiento y el acceso de los consumidores a alimentos en cantidad, calidad y a precios razonables, pero con medidas efectivas que vayan a la raíz del problema y que garanticen este fin sin comprometer ni hipotecar el futuro.
Es injusto poner mediáticamente en el foco al sector agroalimentario español como responsable de la corriente inflacionista que estamos viviendo y que nos está afectando a todos, consumidores, trabajadores y empresarios.
