Arrecia el mar de fondo para la actividad pesquera

Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Pesca España y de Europêche

Despedir al año 2022 ha supuesto un alivio para el sector pesquero español. Han sido 12 meses llenos de varapalos, recortes y sinsabores. De poco ha servido ser un ejemplo de sostenibilidad medioambiental y de control en todo el mundo o ser un sector esencial y estratégico. La actividad pesquera en nuestro país ha tenido que sortear ingentes circunstancias adversas en los últimos años y es evidente que en 2023 tendrá que esquivar nuevas tormentas.

No habíamos acabado de despertarnos de la pesadilla de la COVID, cuando nos vimos inmersos en las tribulaciones creadas por la invasión rusa de Ucrania. Esta situación, además de sacudir nuestra sensibilidad por el drama humano que supone, también ha agitado, violentamente, nuestra estructura de costes de producción, especialmente por el alza del precio del combustible. De hecho, si bien el gasóleo pesquero suele suponer entre el 30 y el 40% de los costes de explotación de los buques, desde el último trimestre de 2020 hasta julio de 2022 llegó a superar el 60%. En esos meses el litro de gasoil triplicó su precio: de una media de 0,306 euros a rebasar 1,1 euros. Ahora está en torno a 0,83.

Por si esto fuera poco, en octubre de 2022 afrontamos la decisión unilateral de la Comisión Europea (CE) que, sin consultar adecuadamente al sector, sin realizar una evaluación de impacto socioeconómico ni basarse en la mejor ciencia disponible, decretó el cierre de 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico nordeste, para proteger supuestos ecosistemas marinos vulnerables en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda. Esta medida, que afecta a más de 200 barcos y más de 1.350 tripulantes de las flotas citadas y conlleva un coste de más de 150 millones de euros, incrementa la dependencia alimentaria española de terceros países y penaliza la economía local.

El año 2023 podía haber empezado con buen pie para el sector si el recorte del IVA de los alimentos, que entró en vigor el reciente 1 de enero dentro del tercer paquete de medidas para paliar las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, hubiera incluido al pescado. Pero la medida excluye de la rebaja los productos pesqueros, alimentos esenciales para una dieta saludable, aunque al parecer de nuestros gobernantes no son alimentos básicos. Pescadores, acuicultores, procesadores y comercializadores, el sector en pleno, lleva años demandando que se reduzca el IVA del pescado del 10% actual al tipo súper reducido del 4%, de forma permanente, para incentivar el consumo de los productos pesqueros, por su importancia para la dieta saludable, por su importancia socioeconómica, especialmente en las regiones actualmente dependientes de la pesca y de la acuicultura, por su bajo impacto medioambiental y por su enorme tradición en nuestra cultura gastronómica, que nos ha hecho uno de los países más longevos del mundo y referente mundial en gastronomía.

Impuestos aparte, siguen abiertos los frentes del Mediterráneo, avivados por nuevos recortes aprobados por la CE que suponen que gran parte de los barcos del Mediterráneo se quedan por debajo de los 150 días de pesca; el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad; la falta de coherencia en las políticas pesquera y comercial de la UE; la obsesión por crear de forma arbitraria Áreas Marinas Protegidas (AMP); las posiciones de la CE en contra de los intereses de la flota europea en algunas Organizaciones Regionales de Pesca; el Reglamento comunitario de control pesquero o la falta de contundencia de la CE ante acciones unilaterales por parte de algunos terceros países. Todo ello sólo fomenta el euroescepticismo entre los hombres y mujeres de la pesca que necesitan, como toda la sociedad, empezar a ver la luz en el horizonte.

Huelga reconocer los esfuerzos y sacrificios realizados en los últimos años por los pescadores españoles para adaptarnos a las diferentes políticas en España, en la UE y en el ámbito internacional, así como el trabajo acometido durante los últimos 20 años a favor de una actividad sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental, como social y económico. De poco sirve el reconocimiento de palabra a estos esfuerzos desde los estamentos políticos, si nos sentimos atacados por todas partes y ante las múltiples amenazas que se vislumbran.

Para hacerles frente resulta perentorio incrementar el peso político de la pesca en España y en la Unión Europea. En el caso de España, dando a conocer desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a otros ministerios del Ejecutivo la importancia de la pesca como líder en la UE, y resaltando los esfuerzos realizados en los últimos años para ser cada vez más responsables y sostenibles. Por su parte, y en el caso de la UE, desde el sector consideramos muy conveniente incrementar la presencia de españoles en puestos clave en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, la DG Mare, y ganar apoyos entre los miembros del Parlamento Europeo cuyas decisiones afectan a la actividad pesquera, cada vez más acorralada por el halo verde que personaliza el mismo comisario Virginijus Sinkevicius.

Podría seguir detallando problemas y capítulos pendientes que estrangulan los avances del sector pesquero: los efectos post Brexit, el desafío del relevo generacional o el problema de las artes fijas del Cantábrico Noroeste con el reparto de las cuotas. Baste decir que estamos al límite en muchos terrenos y el cansancio de esta lucha sin fin contra decisiones políticas, más que contra los elementos, supone un desgaste humano y merma las fuerzas de un sector del que viven las familias de 30.000 trabajadores y que proporciona un alimento saludable, sostenible y considerado esencial –pese a mantener un IVA del 10%– para una población mundial en crecimiento y para nuestra soberanía alimentaria.