El PSOE pide mayor amparo para las empresas mixtas pesqueras

El grupo socialista ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que demande de la Unión Europea un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras en el seno de la política exterior pesquera y mejore la articulación y coherencia de esta con la política comunitaria de cooperación para el desarrollo.

La portavoz socialista de Pesca, Margarita Pérez Herráiz, subraya la conveniencia de introducir en la legislación europea un marco jurídico y reglamentario relativo a estas empresas “y que se ubique en el seno de la política exterior pesquera”, dado el alcance de las actividades económicas que llevan a cabo y el impacto social que estas producen. Así, en la iniciativa se explica que “en dicho marco deberían incluirse normas y mecanismos destinados a dotar a las empresas mixtas de seguridad jurídica (fiscales, protección de inversiones, acceso al mercado europeo, etc.), teniendo en cuenta las singularidades de esta actividad y sus efectos beneficiosos desde el punto de vista de la gestión de los recursos pesqueros, el abastecimiento de los mercados, la creación de empleo, la creación de valor añadido, la cooperación al desarrollo y el intercambio internacional”.

Las empresas mixtas son una peculiar figura jurídica constituida por uno o varios armadores de la UE y uno o varios socios de un país tercero, destinada a explotar los recursos pesqueros situados en las aguas pertenecientes a la soberanía o a la jurisdicción de dicho país tercero. La sociedad mixta es una empresa extranjera en la que participan uno o varios socios europeos. Pese a que el Comité Económico y Social Europeo reconoció que la labor de estas empresas se asienta en una lógica económica especialmente adecuada para una economía globalizada, consistente en el ahorro de costes y en la transferencia de tecnologías, la creación y reparto de valor añadido, el acceso a los recursos y el abastecimiento de los mercados, “las empresas mixtas se están quedando en un vacío legal”, advierte Pérez Herráiz porque, según explica en esta iniciativa, el Reglamento 1380/2013 relativo a la Política Pesquera Común las deja sin más amparo que el que puedan brindar los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones entre el Estado miembro de origen y el tercer país de destino.