Miguel Cobos García. Secretario General de UPA Andalucía
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía, llevamos tiempo denunciando la crisis en la que se encuentra el sector productor de aceite de oliva. La razón principal radica en los bajos precios que los olivareros perciben por su producto, con los que no logran cubrir los costes de producción, en una actividad en la que los insumos no paran de subir. Esto supone una pérdida de rentabilidad para las explotaciones olivareras, especialmente acusada en el olivar tradicional de zonas de sierra, donde las pendientes del terreno imposibilitan la mecanización en las labores de recogida de aceituna.
Vivimos en una sociedad global de mercado libre pero, mientras para el resto de sectores parece funcionar la ley de la oferta y la demanda, vemos que esta regla no es la que rige desde hace años para muchos sectores agroalimentarios en nuestro país, y mucho menos para el del aceite de oliva. Sin ir más lejos, la pasada campaña se fue desarrollando con una cosecha récord en producción para Andalucía y España, con un total de 1.788.000 toneladas, mientras que la mundial experimentaba un descenso importante. Además, ya vamos comprobando año tras año que, entre el mercado interior y las exportaciones, todo el aceite de oliva español que se produce va teniendo salida. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, que deberían ser favorables para elevar el precio del producto, los precios han sido todo el año ruinosos e inestables para los olivareros.
Así mismo, la recién iniciada campaña viene marcada por una meteorología adversa, con escasas precipitaciones y altas temperaturas. A esto se une la vecería, por tanto, los primeros aforos hablan de un descenso de la producción de aceite del 32,7% para Andalucía. Por otro lado, la Comisión Europea ha dado luz verde al almacenamiento privado, para hacer retiradas puntuales de aceite de oliva y regular la oferta y la demanda. Este logro ha sido fruto, en gran parte, de las reivindicaciones de los últimos meses, encabezadas por UPA y otras organizaciones, con las que hemos denunciado la crisis sectorial, aportando soluciones y exigiendo medidas a las administraciones. A pesar de todo, nuevamente, con una coyuntura que debiera ser proclive a la subida del precio del aceite, nos encontramos con que incluso baja. Y estas variaciones en el precio no las nota el consumidor, que casi siempre paga lo mismo; por tanto, hay un margen desorbitado de beneficio que se queda en los intermediarios.
Pues, justamente, el gran problema que sufrimos es la especulación que ejerce el sector de la distribución y la comercialización, concentrado en unas pocas empresas que ostentan todo el poder y deciden el precio. Del otro lado, está el sector productor, muy atomizado y débil, sin capacidad de decisión ni presión, con un producto perecedero que tiene que ser entregado inmediatamente en las almazaras sin saber, hasta meses después, el precio por el que el empresario le liquidará la aceituna.
Por todo ello, el sector del olivar no solo sufre una crisis coyuntural, está inmerso en una crisis estructural que precisa de una serie de medidas que frenen esa manipulación y desequilibrios. Así, es necesario y urgente que las administraciones aporten presupuestos suficientes para impulsar la promoción, apostar por la calidad y la diferenciación, la innovación, asegurar la trazabilidad y conseguir una mayor concentración de la oferta. También es preciso que se modifique la Ley de Cadena Agroalimentaria y que, dentro de ella, se introduzca la venta a pérdidas como práctica comercial desleal, incluyendo sanciones contundentes, públicas y, por tanto, ejemplarizantes. Resulta apremiante que se establezcan contratos tipo con precios mínimos ligados a los costes de producción, entre agricultores e industria. El sector solicita también que se permita su autorregulación, a través de una extensión de norma dentro de la interprofesional del aceite, dedicando esta retirada a ayuda humanitaria, biodiésel, etc. Y, por último, se necesitan fondos y apoyo institucional para la apertura de nuevos mercados para comercializar el aceite para que, vaivenes como los recientes aranceles de EEUU, no afecten tanto al sector y ofrezcan otras alternativas.
De perpetuarse esta situación de crisis de precios, está en juego un sector tan importante para nuestro país, especialmente para Andalucía, que ostenta el 80% de la producción nacional. No hay que olvidar que en nuestra comunidad autónoma el olivar genera mucha riqueza y empleo con millones de jornales, lo que permite fijar la población en más de 300 pueblos andaluces. Además, se trata de un cultivo sostenible, con un bosque de olivares histórico, y un producto, el aceite de oliva, que es calidad, salud, cultura, tradición y seña de identidad de nuestra tierra. Sí, el mercado es libre, pero no todo vale, y las administraciones no pueden permitir que todo este legado corra el peligro de quedarse sin futuro y extinguirse.