Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez
La Comisión Europea ha presentado su Estrategia “De la granja a la mesa”, en la que, entre otras cosas, pretende incluir objetivos de reducción del uso de fitosanitarios y de fertilizantes, así como de antibióticos en ganadería e incluirá nuevas medidas en bienestar animal, mirando al horizonte de 2030.
Se trata de un paso más en el sistema de seguridad alimentaria más avanzado del mundo, que en algunos causa admiración y en otros algo de miedo, porque ven como perderán nuevamente competitividad frente a las producciones de países terceros que llegan a territorio comunitario y no cumplen ni la mitad que las europeas.
Y encima en la situación actual que vivimos, por lo que algunos grupos políticos han pedido a la Comisión Europea (CE) en el Parlamento Europeo que espere a ver cómo queda la situación económica del espacio comunitario cuando termine la crisis sanitaria. No ha sido así y la Comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides ha puesto encima de la mesa su propuesta y no ha sido una sorpresa, todos los operadores lo ven como un ataque a la agricultura y ganadería europeas.
Es la hora de Ursula Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea se juega mucho en esto. Ella quiere vincular su Pacto Verde Europeo y su Estrategia “De la granja a la mesa” a nivel mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y hacerlo rápido. Sin embargo, yo no sé si la actual situación económica de Europa permite correr mucho en esto. Al menos en España creo que no.
Está claro que el consumidor pos COVID-19 tendrá aún más concienciación y más sensibilidad en materia medioambiental ante los productos que consume, y que las empresas deberán apostar en sus inversiones por ello, pero el ritmo al que lo hagan será decisivo para el éxito empresarial de las mismas, o puede dejar a muchas en el camino.
No lo tiene fácil “Ursula”, porque todo esto fue una apuesta casi personal que quería desarrollar en toda Europa, pero la pobreza está asomando no solo en España, hay muchos otros países que van a tener dificultades y no sé si presionar más a las empresas con nuevos requerimientos legales para producir alimentos es la vía para ayudar a las economías a salir adelante o quizás sea mejor hacer ahora políticas de fomento de la contratación, para que esos que están en las colas de los comedores sociales puedan ir a las tiendas a comprar.
En condiciones normales, desde mi punto de vista, se trata de una oportunidad para aquellas empresas que apuesten voluntariamente por una evolución de sus producciones todavía más sostenible en todos los aspectos, pero no sé si es el momento de apretar a los empresarios o de darles cariño. Todo dependerá del calendario de cumplimiento que marque la Comisión, con el consentimiento del Parlamento Europeo, porque todo esto se legisla por Codecisión.
