Juan Carlos Álvarez Cabrero. Ex Vocal de la Comisión de Medio Ambiente y Transición Ecológica
Los Estados Unidos de Norteamérica regresan a la primera línea de la lucha contra el cambio climático con el ambicioso objetivo de recortar hasta el 52% sus emisiones actuales hasta 2050; duplicando, incluso, los objetivos marcados por Barak Obama para descarbonizar la economía norteamericana. Esta noticia fue lanzada en la cumbre virtual del clima por su convocante, el demócrata Biden, y ha supuesto que todos los líderes mundiales pongan sobre la mesa importantes medidas de reducción de las emisiones impensables hace dos años. La Unión Europea, con su conocida política de cambio climático de competencia compartida con los Estados según el art 4 del TFUE, ha seguido fiel en esta línea a los principios de reducción que se marcó incluso antes de los acuerdos de París.
Sobre la base competencial de las orientaciones generales que habían marcado los Jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 2019 en el Consejo Europeo, el pasado 21 de marzo el Consejo (de Ministros) y Parlamento, órganos con competencia legislativa, acordaron llegar a la neutralidad climática en el 2050 reduciendo las emisiones netas de gases de efecto invernadero. De hoy a 2030 el objetivo será reducir esas emisiones “netas” un 55%. Llegados aquí, nos interesa saber que esas “emisiones netas” se obtienen descontando de las emisiones totales lo que fijan los “sumideros de carbono”. Otro de los objetivos aprobados ha sido ampliar el volumen de fijación de los “sumideros” de aquí al 2030. Hemos de saber que los fenómenos naturales relacionados con el vulcanismo a nivel mundial no contabilizan, pero los incendios de los sumideros forestales donde se fija y almacena ese carbono, “sorprendentemente”, tampoco.
Dentro de los sumideros se toma en cuenta el plancton marino, no manejable, con un 50% total de fijación; y los bosques, manejables por el hombre, a los que corresponde casi un 40%. La UE se ha marcado como límite la emisión de 225 millones de toneladas que corresponden a la contribución a ese neto de sumideros forestales más los marinos, que se supone de las diversas plataformas continentales sometidas a soberanía de los estados de la UE.
Al no fijarse en los acuerdos el objetivo de emisiones cero brutas, se permite la lógica utilización de materias primas que realizan emisiones no neutras de dióxido de carbono si se realizan compensando las mismas a través de los sumideros mediante topes de compensación. Visto así, muy prometedor se lo ponen al sector forestal. Claro que, dotar de sustantividad al sector forestal en la lucha contra el CC, no debe suponer detraer presupuesto de las partidas europeas anteriores al medio rural. O lo que es lo mismo, no desvestir “a unos santos” para vestir a otros en clara referencia a la política agraria común
Sin embargo, en España, hace unos días se remitía un proyecto de Ley gubernamental aprobado en la Cámara Baja para su tramitación en el Senado: la Ley de Cambio Climático. No voy a entrar en la técnica jurídica de la misma, a todas luces desastrosa y asistemática; colmada de ideología, que sustituye a la realidad económica y medioambiental de nuestro país por una idealización imaginaria artificial que describe un escenario en el que la actualidad no se identifica. Y por si fuera poco, con una futura difícil labor hermenéutica para el operador jurídico que en su día desentrañe el imposible sentido de párrafos encorsetados a golpe de enmiendas cuya aprobación condicionaba el voto a la totalidad de la innumerable lista de socios gubernamentales.
Aunque nada comparable con el hace unos días escandaloso preámbulo de la L.O. 5/2021, la irresponsabilidad política en la radicalidad de los efectos de esta Ley de transición “radical” o mejor dicho “intransigente”, se dejará sentir muy pronto en nuestra economía. España cerró diciembre con un saldo de 1,34 billones de euros de deuda pública; el 120% del PIB que, sumada a la deuda privada, que apenas creció en 2020, sitúa al país en 2,9 billones de euros de deuda total. Más difícil será una transición dulce.
Es loable que la próxima norma europea, con los pies sobre el suelo, armonice con una transición progresiva de nuestro modelo económico sobre la base del progreso de la ciencia y la tecnología, aun en pañales en líneas como la autonomía y potencia del transporte, o de la maquinaria. Por eso, entre otras razones, Europa no fija en sus acuerdos el objetivo de emisiones cero brutas; mientras, en la norma española, la característica de la norma es PROHIBIR.
Y mientras Europa se inclina por la transición moderada o por la potenciación y aumento de los sumideros, en España, la Ley de la Sra Ribera, cerrada con prisas antes de la cumbre, legisla de espaldas a nuestro medio rural despoblado donde se encuentran los sumideros manejables: nuestros bosques y espacios naturales. Y es que la norma nació y llegó a la Cámara Baja sin referencia expresa hacia los propietarios forestales. Eso sí, con un lugar preferente para “el que contamina paga”, pero el olvido más absoluto para “el que descontamina, y no cobra” que en coherencia con lo anterior ha de ser justamente compensado.
Todo ello dista mucho del programa electoral del partido en el Gobierno para las pasadas elecciones: hicieron suyas mis reiteradas demandas hacia los propietarios forestales, titulares de esos sumideros, lo que por mi parte fue de aplaudir. Pero la cruda realidad hizo que el texto original llegara al legislativo sin referencia alguna a sus electorales intenciones. Hoy nos quedamos con unas disposiciones fruto de las enmiendas, no imperativas, que dicen “presentar normas para incentivar las externalidades”. Deplorable.
Cuando se aprobó la célebre moción de censura, se estaba trabajando en crear y normalizar conforme al 65 de la Ley De Montes, y dotar económicamente, al Fondo Forestal aprobado en una PNL en el Congreso. Igualmente se acababa de aprobar una moción en el Senado para, entre otras actuaciones, reconocer la compensación a los propietarios forestales por estos y otros conceptos. ¿Esta es la alternativa de la moción de censura para el mundo forestal tres años después?
La fijación de carbono no es una externalidad más de todas las que gratuitamente nos ofrecen los sometidos propietarios de los bosques. La fijación de carbono de los sumideros sirven ya para calcular esas emisiones netas; son parte fundamental y esencial de la política de cambio climático de la Unión y sus titulares deben ser compensados. Cada día de demora, a la vista de las ingentes cantidades económicas que nos cuesta reducir cada tonelada de C02, supone reconocer un ENRIQUECIMIENTO INJUSTO de la sociedad en perjuicio de los bosques y sus propietarios.
Para que podamos aumentar la capacidad de los sumideros, que se ha marcado como objetivo la Unión, los propietarios precisan financiación para presentar proyectos de intervención en sus bosques. Que los bosques cuenten con presupuesto público de actuación se traduce en tratamientos selvícolas, podas, claras, clareos, desbroces, cortafuegos, cortas....detalles que al partido político del ejecutivo y asociados me consta no les atrae nada. Y es que algunas posturas añejas “envueltas en sus andrajos, desprecian cuanto ignoran”.
También significa empleo; solo en 1983 último año de la serie previa a las transferencias, el ICONA llevo al medio rural (descontando las autonomías de la DT2ª de la C.E.) la friolera de 3.221.273 “jornales”, para la inversión en montes de U.P. en los meses de invierno. Todos los años el estado invertía cantidades similares en parte de los montes que hoy nos dan parte del margen de maniobra preciso para obtener ese volumen de emisiones netas. Estos fondos ayudaban a fijar, no solo Co2, si no la vida del medio rural en meses de baja o nula actividad. Todo estaba inventado, menos el desagradecimiento, abandono y la apatía actual más allá de prohibir lo lógico y razonable.
Tampoco a mi juicio sale bien parada en la Ley la Biomasa; lejos de resaltar y fomentar vía estrategias claras y definidas para su implantación (de importantísimo valor como energía, motor de empleo rural de calidad, prevención de incendios de los sumideros, eficiencia y control de la cantidad de producción de su energía, cosa imposible en otras fuentes naturales) aparece en la Ley gracias a otra enmienda en las Cortes en un título impropio que le deja fuera de su consideración sustantiva en el Título III como energía alternativa renovable.
Igual suerte han tenido los materiales forestales de secuestro en la rehabilitación de edificios. Tampoco incluidos originariamente por el Gobierno en la Ley, estos aparecen ahora vía enmienda en el cajón de sastre del art 23.3, quedando lejos de su ubicación natural en el Título II donde deberían haber sido identificados con sustantividad propia para fomentar el uso de la madera como elemento de secuestro mediante el uso estructural o el revestimiento interior de este natural, renovable y ecológico material.
Ya no digamos del aprovechamiento hidroeléctrico de nuestras masas de agua. Dice la norma que proyectos hidráulicos sí, pero deja entrever que las aguas no ocupen territorio. Oiga... y eso como se hace?
Tampoco de las cocinas de la Sra. Ribera salió propuesta alguna para el ferrocarril, que también llega vía enmienda en Disposición adicional Sexta) a. Un medio alternativo eficaz para la lucha contra el cambio climático en el transporte que hubiera precisado de otro espacio propio en la Ley con propuestas creíbles similares a las de nuestros socios europeos (por ejemplo Francia penaliza los viajes en avión menores de 2,5 horas en favor del ferrocarril). Difícil o imposible tiene cumplir esta disposición de “fomento del transporte de viajeros y mercancías vía ferroviaria” más allá de la política de alta velocidad por todos conocida. Un país que estaba absolutamente vertebrado en términos ferroviarios hasta 1983, ahora esta siendo desmantelado incluso sin contemplar el carácter histórico y patrimonial de las líneas. Resulta sorprendente que una Ley, que baja al detalle hablando de bicicletas o de señales de tráfico, tenga que dotarse de una referencia al ferrocarril vía enmienda; sin plazos establecidos; sin potenciar el transporte ferroviario rural específicamente; sin un plan energético claro que ayude al transporte por carretera en la transición; y lo que resume todo lo anterior: sin un título específico para un medio alternativo tan esencial. En fin, la Ley tras las enmiendas ha tenido que asumir sectores que, a sabiendas, habían quedado fuera por voluntad del legislador gubernamental; lógico que tengamos dudas sobre su cumplimiento y desarrollo.
Todo un despropósito legislativo que a pesar de lo anterior deja en el camino cientos de propuestas pragmáticas, moderadas y esenciales para la mitigación del acelerado cambio climático que debe ser responsabilidad y aportación de todos, alejándose de posiciones caprichosas, cosméticas y radicales.
Nuestro país no puede permitir el NEGACIONISMO de esta Ley, ante el papel fundamental de los bosques, sus propietarios, y la vida en el medio rural despoblado. Un territorio que ocupa la mayoría del espacio nacional; que es parte importante de la solución como ha dicho Europa, pero que sigue siendo desplazado al rincón, porque aquí lo que importan son... otras cosas.
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