Francisco Martínez Arroyo. Ex Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
Es probablemente uno de los asuntos más cruciales para definir la agricultura del futuro, incluso del más cercano: el tipo de explotación agraria por el que se apuesta desde los gobiernos, nacional y autonómicos. El sector, obviamente, tiene mucho que decir.
Tras años de disminución del número de perceptores, debido a la controvertida decisión en la reforma de la PAC de 2013 de excluir en España, como beneficiarios, a los agricultores y ganaderos con derecho a cobrar menos de 300 euros de ayudas públicas por explotación, el número de agricultores y ganaderos con PAC supera, ligeramente los 600.000 al inicio del período de programación 2023-2027.
Así, muy al contrario de lo que se trasladó a la opinión pública y a las organizaciones agrarias en 2013, cuando se tomaron las decisiones sobre su aplicación en España, la PAC 2014-2020, prorrogada hasta 2022 por la pandemia, no combatió el modelo de “agricultura de sofá” -expresión por la que se conoce a los beneficiarios de la PAC que no se dedicaban o se dedican a la actividad agraria, grandes propietarios que cobran la PAC pero que no trabajan en el campo-, sino que redujo el número de perceptores, excluyendo de la PAC a los más pequeños, muchos de ellos profesionales y, en la mayor parte de los casos, perceptores que sí trabajaban el campo.
En esta PAC, a partir de este año y hasta 2027, no hay una exigencia adicional para los que menos cobren, y los más pequeños, los que tengan derecho a recibir entre 300 y 5.000 euros de ayuda por explotación, serán considerados de forma automática agricultores activos, y por lo tanto, con derecho a las ayudas, eliminando burocracia para las explotaciones familiares pequeñas y medianas.
Es momento de profundizar en una mayor simplificación, eliminando compromisos que complican la gestión para los más pequeños, como puede ser la obligación de cumplimentar el cuaderno digital de explotación. Son, además, las explotaciones más pequeñas las que en general menos insumos consumen y las que menos impacto negativo tienen sobre el medio ambiente. Es todo lo contrario, son las que mejor efecto tienen, por norma general, sobre la biodiversidad. Es a las más grandes, las que ocupan más extensión y utilizan más fertilizantes y fitosanitarios, las que mas impacto medioambiental pueden tener, a las que deben dirigirse las exigencias de una PAC más verde.
La PAC ha de servir para preservar e impulsar el modelo de agricultura familiar, en el que se basa la mayor parte de la actividad económica relacionada con el sector agrario en la mayor parte del territorio europeo. De forma muy particular en España, donde este modelo con base territorial, en el que los titulares de las explotaciones viven en nuestros pueblos y generan en ellos todo el empleo y la riqueza, es esencial para garantizar el futuro de la mayor parte de las áreas rurales de nuestro país.
Pero cuidado. Existe otro modelo, compatible con las leyes del mercado, que se da cada vez más en nuestra agricultura y amenaza el modelo familiar que debemos defender en nuestro país. Es lo que se denomina coloquialmente, la “uberización” de la agricultura, con grandes inversiones en explotaciones superintensivas, con presencia frecuentemente de grandes fondos de inversión. Y, contrariamente al modelo familiar, este modelo no duda en deslocalizarse cuando se encarece la mano de obra, escasean los recursos como el agua, o se endurece la normativa ambiental. Su compromiso, pues, con el territorio y los habitantes del medio rural, es, indudablemente, menor.
Para preservar el modelo de agricultura familiar, es necesario tener las ideas claras, saber a qué tipo de agricultores y ganaderos se quiere apoyar. Para lograrlo es esencial su protección en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas.
La Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha, aprobada en abril de este año, y que tuve el honor de impulsar, (docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/04/17/pdf/2023_3386.pdf&tipo=rutaDocm) es un buen ejemplo. La Ley define el modelo de agricultura familiar y establece la obligación de que todas las líneas de apoyo que se pongan en marcha en el ámbito agrario prioricen a estas explotaciones en los procedimientos de selección, y les otorguen, además, una ayuda de mayor cuantía. En definitiva, se decide el modelo de agricultura y ganadería prioritario, y se concretan los mecanismos de apoyo para potenciarlo.
De esta forma, impulsando el modelo de agricultura familiar, el sector agrario contribuye al desarrollo del medio rural, pues cuantas más empresas familiares, con emprendedores rurales, haya en la agricultura y la ganadería de nuestros pueblos, más empleo y economía se generarán, y mejor se podrá afrontar el reto demográfico.
Por ello es tan importante la previsión de una Ley de Agricultura Familiar a nivel nacional para esta legislatura. Si en las próximas semanas se forma Gobierno, lo que a estas alturas parece muy probable a pesar de las dificultades y los innumerables obstáculos que algunos quieren poner en el camino, uno de los mayores retos, si no el que más, es aprobar la Ley mencionada, para apoyar al modelo de agricultura que se extiende, mayoritariamente, por todo el país, y que es la base real de la economía de nuestro medio rural.
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