El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha resuelto el expediente sancionador 1/2016/SGP, iniciado a raíz de la Operación Sparrow 2, que conlleva una sanción económica superior a los 5 millones de euros. Esta Operación permitió, previa autorización judicial, la inspección de las sedes de varias empresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, los días 28, 29 y 30 de julio de 2015.
Durante dichas actuaciones, desarrolladas por los servicios de inspección del Ministerio, se obtuvo abundante documentación de cuyo análisis se dedujo la existencia de un entramado empresarial presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades españolas la propiedad, gestión y explotación de los buques Viking y Seabull 22.
Ambos buques habían sido identificados por diversos organismos internacionales, como las Comisiones para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos o en el Atlántico Suroriental como buques implicados en pesca INDNR. Por este motivo, en el año 2010 ambos buques fueron incluidos en la lista comunitaria de buques de pesca INDNR.
Con el objeto de obstaculizar la persecución de sus actividades, además de utilizar empresas interpuestas de distintas nacionalidades, los responsables cambiaban habitualmente el nombre de los buques. Así, el buque Vinking también ha utilizado los nombres Octopus I, Berber Snake, Pion, The Bird, Chu Lim, Yin Peng, Thor 33, Ulyses, Gale, South Boy o Piscis, mientras que al Seabul 22 también se le conoce como Itziar II, Carmela, Gold Dragon, Golden Sun, Notre Dame, Mare o Mare Serenitatis.
En la actualidad, ambos buques se encuentran inoperativos gracias a la colaboración internacional. En concreto, el buque Viking fue hundido por las autoridades indonesias frente a sus costas, mientras que el buque Seabull 22 fue desguazado en Cabo Verde.
Sanciones
La Resolución sancionadora ha declarado responsables a las personas jurídicas españolas participantes del entramado (Capensis Trade S. L., World Ocean Fishing S. L., Insuabela S. L., Baymarten Inversions S. L., Global Sea Trading S. L. y Lastiff S. L.), así como a 6 personas físicas vinculadas a estas, responsables de varias infracciones por mantener relaciones de diversa naturaleza con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria y la internacional.
Estas sanciones alcanzan un total de 5.270.002 euros, a las que se unen las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras que van entre los 5 y los 14 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los 5 y los 12 años.
Además, se sanciona también a una de las personas físicas implicadas por obstrucción a las labores de inspección y destrucción de documentos, con una multa de 60.000 euros.
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