Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez
El lema en latín de los ingenieros agrónomos, “Sine agricultura, nihil”, que se incluye en un frontispicio del salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) debería ampliarse tanto con los jóvenes que, una vez licenciados, muchos se dedican al campo, como con las mujeres, ya que la “Agricultura, sine feminae, nihil”.
La necesidad de relevo generacional pasa, por supuesto, por la incorporación a manos llenas de jóvenes, además de jóvenes técnica y tecnológicamente cada vez mejor preparados para incorporar los avances y las innovaciones que constantemente se ofrecen y llegan al campo. Aunque, ya se sabe que la experiencia en esta profesión, como en cualquier otra que se precie, lo da la práctica diaria y la oportunidad de poder enfrentarse a los muchos problemas que van surgiendo en esta actividad.
Ya, desde hace tiempo, dejó de tener validez aquello de que quien no servía para los estudios, o no contaba con medios para ello, emigraba a las fábricas de la ciudad o se quedaba en el pueblo para trabajar de agricultor o ganadero, que era lo último de lo último. La agricultura y la ganadería son, en la actualidad, una de las actividades más tecnificadas e innovadoras que existen en nuestra economía, más aún con la incorporación creciente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) alrededor de Internet.
Dentro del colectivo joven, las mujeres son más necesarias que nunca para la supervivencia de nuestros pequeños pueblos, como también lo son para el mantenimiento de la actividad agraria en un campo cada vez está más tecnificado y que necesita mucho más de la inteligencia y algo menos de la fuerza bruta.
Solo cabe recordar que en tiempos prehistóricos remotos, cuando la especie humana se fue haciendo sedentaria, la mano de obra mayoritaria para el cultivo de plantas y la producción de alimentos procedentes de la tierra o de la cría de ganado era femenina, mientras que los hombres, más disolutos, continuaban dedicándose a la caza o a la pesca, a guerrear con sus vecinos o a otros menesteres.
Viene todo esto a colación de un reciente y breve informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), bajo el título “El campo también es de las mujeres”, como reconocimiento de las labores que llevan a cabo las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural, aún en buena parte de las veces no reconocidas ni social, ni económicamente, y un estímulo sobre la necesidad de incrementar su participación en la actividad económica primaria, con la asunción también de puestos de más nivel y mayor responsabilidad en sus explotaciones y en sus asociaciones u organizaciones (explotaciones de titularidad compartida, cooperativas, SAT, explotación común de la tierra…etc.).
La realidad, sin embargo, es tozuda. Según el informe de FUNCAS, en base al análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el predominio de los hombres en las actividades agrícolas y ganaderas continúa siendo muy notorio. De las aproximadamente 740.000 personas que trabajan en la actualidad en el sector agrario de nuestro país, solo 177.000 son mujeres, apenas 31 por cada 100 hombres, pero además con importantes diferencias según Comunidad Autónoma.
En el Principado de Asturias y en Cantabria, Comunidades con una ocupación agraria sobre la actividad de empleo total por debajo de la media nacional, la relación entre mujeres y hombres ocupados en el sector agrario es aproximadamente de 70/100.
Por el contrario, en la Región de Murcia y Extremadura, dos de las CC.AA. con mayor ocupación agraria, el número de mujeres empleadas en el campo por cada 100 varones empleados es mucho más baja, de 34 y de 10 tan solo, respectivamente.
Participación femenina
Dicho de otra manera: allí donde hay más empleo en el sector primario, la participación laboral femenina es menor, mientras que en aquellos territorios donde la agricultura y la ganadería generan menos puestos de trabajo esa participación se acerca más a la masculina, aunque posiblemente también tenga que ver con otros factores como la particularidad de los sectores primarios, la dimensión y tipo de las explotaciones agrarias, la tradición…etcétera.
FUNCAS señala que “si la aproximación entre las tasas de empleo masculinas y femeninas se considera una condición necesaria para avanzar hacia la a menudo reivindicada igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural” (como el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), señalaba en la nota de prensa del pasado 15 de julio, a propósito de la presentación del informe “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural, 2021”), la tendencia es poco halagüeña.”
En 2008, al inicio de la recesión económico-financiera mundial, el sector agrario empleaba a 40 mujeres por cada 100 varones; en 2016 este indicador llegó a su valor más bajo (30/100), recuperándose ligeramente en 2019, pero volviendo a caer en 2020, el año central de la pandemia de Covid. Desde entonces, la relación entre mujeres y hombres empleados en el sector agrario apenas ha variado.
Entrando más al detalle, FUNCAS observa que la caída más intensa del empleo femenino en el campo se produce entre las trabajadoras autónomas (sin empleados, cuyo número ha bajado desde alrededor las 95.000 en 2008 a apenas 64.000 en 2022.
También las mujeres asalariadas en el sector agrario, que es la modalidad de actividad más frecuente, han sufrido un descenso importante en este periodo, al descender de 124.000 a 107.000.
La nota positiva, en cambio, es que el colectivo de empleadoras, es decir trabajadoras autónomas con empleados, muestran desde el final del periodo de crisis económica, en 2014, una tendencia ascendente, no exenta de oscilaciones hacia arriba o hacia abajo. Incluso cabe señalar que el aumento de las mujeres empleadoras en el sector agrario ha sido más intenso que el de los varones empleadores, pero con la clara diferencia de que el número de éstas, unas 9.600, es aproximadamente cuatro veces inferior al de ellos (37.700).
Sin reconocimiento
La realidad es también que bastantes mujeres, que trabajan en la agricultura y la ganadería, siguen sin estar contempladas y reconocidas en alguna de estas categorías de actividad formal. No constan como trabajadoras autónomas (con o sin empleados), ni tampoco como asalariadas, a pesar de que realcen labores indistinguibles de las de unas y otras. En muchos casos, se trata de numeres que contribuyen de manera informal a la explotación agraria familiar, bien de manera habitual, trabajando durante unas horas cada día, bien según lo requieran las muchas vicisitudes a las que se ve sometida la actividad en el campo.
Intercalan estas actividades laborales, que escapan de la Contabilidad Nacional y de las estadísticas de empleo, con su trabajo principal, como el cuidado de la casa y de las personas dependientes en el hogar, ya sean niños y/o personas mayores.
En el informe del MAPA “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021” se señala que las mujeres rurales dedican al trabajo doméstico 5 veces más de tiempo al día que los hombres (casi 10 horas ellas, frente menos de 2 horas ellos). Mientras que los hombres se centran en el trabajo en el campo, muy exigente por las condiciones en las que se llevan a cabo, las mujeres dedican gran parte de su tiempo al cuidado del hogar, sin que por ello el negocio agrario deje de formar parte de su día a día.
Para la Fundación de Cajas de Ahorros parece más eficaz reivindicar la capacidad demostrada de las mujeres para desempeñar como los hombres trabajos, tradicionalmente considerados masculinos, con tanta productividad y tanto valor añadido, que lograr la igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural, que “es uno de esos objetivos normativos inespecíficos que, como tales, suelen ser inalcanzables.”
La mejor manera de reconocer y alentar el trabajo de estas mujeres, añade FUNCAS, “es seguramente procurándoles condiciones laborales equiparables a las de quienes, con cualificaciones y jornadas semejantes, trabajan en las ciudades, y poniendo a su alcance servicios que les permitan descargarse de tareas que comprometen su tiempo de ocio y su bienestar personal.”
Y concluye que “crecer en un entorno doméstico, en el que la madre divide su tiempo entre tantas actividades, a menudo sin remuneración, probablemente no es el mejor estímulo para que las hijas cojan el testigo y asuman este modelo de producción económica y familiar.”
Manifiestamente insuficiente
Es cierto que aunque se están haciendo muchas cosas, tanto desde las Administraciones, como desde los diversos colectivos y asociaciones de mujeres rurales, para mejorar la implicación social, laboral y económica de las mujeres en el medio rural y en el campo, también lo es que todo ese esfuerzo (que hay que reconocer, sin duda) continúa siendo manifiestamente insuficiente para dar un golpe sobre la mesa con el que se dé la vuelta a la nada fácil situación de este colectivo en el sector agrario.
Por ejemplo, los datos sobre las altas en titularidad compartida de las explotaciones agrarias en nuestro país, aunque superan ya el millar de registros (1.048 a octubre de 2022), con una evolución progresivamente creciente, se quedan muy lejos aún del número de potenciales inscripciones, que deberían superar al menos los 100.000.
Y esto es algo en lo que se deberían volcar todos los Ministerios implicados del Gobierno, no solo el de Agriculturas, como de las restantes Administraciones públicas autonómicas, provinciales o locales, poniendo todos los medios, dando todos los beneficios sociales y fiscales posibles, y facilitando al máximo el acceso a la cotitularidad de las explotaciones agrarias de aquellas mujeres que, compartiendo vida, tiempo, trabajo y riesgo empresarial con el titular de la explotación, aún no son reconocidas ni figuran ni social, ni económicamente como tales.
Lo mismo podría decirse del Plan Estratégico nacional de la PAC 2023-2027, que entrará en vigor el próximo año. Hay que reconocer al MAPA el mérito de que la Unión Europea incorpore por vez primera el enfoque de género en la Política Agraria Común (PAC), como uno de los objetivos específicos, dada la situación de desigualdad entre hombres y mujeres en el medio rural (desfeminización, brecha de género, menor tasa de empleo de mujeres…etc.).
Ello va a suponer, por ejemplo, que se produzca una discriminación positiva hacia este colectivo en ayudas, como el pago complementario de la ayuda básica a la renta, si la beneficiaria es mujer, titular o cotitular de la explotación agraria, con un incremento del 15% del importe del mismo, así como en otras medidas en materia de formación y asesoramiento, y puesta en marcha de nuevas empresas rurales, cuyas competencias de gestión son autonómicas.
Son, sin duda, son aspectos positivos para potenciar la incorporación de la mujer a la agricultura, pero ¿son suficientes? Creemos por supuesto que no, dada la envergadura del objetivo que debería perseguirse si se quiere revertir, aunque fuese de forma limitada, la tan desfavorable situación actual y para alentar el papel clave e imprescindible que deberían jugar las mujeres en el sector agrario y en el medio rural.