Las características meteorológicas específicas de nuestro país y los adversos efectos de los distintos fenómenos de la naturaleza sobre los cultivos y las explotaciones ganaderas están en el origen del nacimiento, hace ya 35 años, del sistema de seguros agrarios en España y su posterior desarrollo. A comienzos del siglo XX operaban en España una veintena de compañías que aseguraban las cosechas contra el riesgo de incendio; comenzaban a constituirse algunos montepíos y mutualidades que aseguraban el ganado; algunas empresas de capital extranjero ofrecían protección contra el pedrisco, etc.
Desde entonces, y hasta que en diciembre de 1978 se aprueba la Ley de los Seguros Agrarios Combinados, fueron muchos los intentos de aplicar la técnica aseguradora con el objetivo de cubrir todos los riesgos que afectan a las producciones agropecuarias. La situación política y económica en los años 70, así como las campañas agrarias de los años 1973 y 1974, dieron lugar a la creación de un Pool (denominado Pool de Entidades Coaseguradoras del Seguro Nacional de Cereales) que unía a los aseguradores para administrar el seguro combinado.
Finalmente, se aprueba la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de los Seguros Agrarios Combinados, primera Ley de la democracia, un año después desarrollada por el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, que aprobaba su Reglamento.
La nueva Ley dio lugar a la creación de una serie de instituciones que, además de otros intervinientes diferenciales, han aportado al sistema de seguros agrarios español un valor único y una importante estabilidad. Se trata de un sistema en el que coparticipan entidades aseguradoras privadas e instituciones públicas, basado en la participación voluntaria, tanto de las compañías aseguradoras como de los propios agricultores y ganaderos, y fuertemente subvencionado en sus primas, fundamentalmente por la Administración central y más adelante, de forma adicional, por las comunidades autónomas.
A lo largo de sus 35 años de actividad, el Sistema de Seguros Agrarios ha demostrado múltiples ventajas, tanto para los intervinientes del sector público como para los del sector privado. Así:
1. Para el sector agrario:
-Elimina la incertidumbre del agricultor y del ganadero.
-Le garantiza que la compensación se ajustará al daño sufrido y a la cobertura contratada.
-Le permite mantener un nivel de rentas así como la continuidad de las explotaciones.
-Refuerza la solvencia financiera de los productores.
-Fomenta el asociacionismo entre agricultores.
2. Para las administraciones públicas:
-Permite establecer, a priori, las partidas presupuestarias necesarias destinadas al apoyo del sector agrario.
-Al estar basado en criterios estrictamente técnicos y objetivos de tasación y valoración de siniestros, posibilita el ajuste de las indemnizaciones a los daños sufridos, evitando situaciones de injusticia.
-Finalmente, refuerza la solvencia económica de los propios asegurados.
El Sistema de Seguros Agrarios ha ido evolucionando e incorporando de forma paulatina diferentes producciones y riesgos. Así, a modo de referencia histórica, el primer Plan de seguros agrarios combinados fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de mayo de 1980, e incluía las siguientes líneas:
-Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano.
-Seguro de uva de vinificación.
-Seguro de manzana.
-Seguro de tabaco.
-Seguro combinado de cítricos.
La progresiva ampliación del sistema hacia nuevas producciones vegetales y animales llevó a contar en 2010 con más de 140 líneas de seguro. A partir de 2011, a raíz de la implantación de un nuevo sistema de gestión denominado “seguro creciente”, el seguro agrario agrupó por sectores productivos las diferentes líneas de seguros. Actualmente, el sistema de seguros agrarios cuenta con 27 líneas agrícolas, 15 pecuarias (más el seguro de retirada y destrucción de animales muertos) 4 de piscifactorías y una forestal, cubriéndose la práctica totalidad, tanto de producciones, como de los riesgos que afectan a explotaciones agropecuarias.
De la misma manera, a medida que se han ido sumando nuevas producciones y riesgos se ha incrementado de forma exponencial el volumen de superficie y producción asegurada. Así, como ejemplo, se ha pasado de asegurar, algo más de 321.000 toneladas de producción a asegurar alrededor de 30 millones de toneladas.
En concreto en el ejercicio 2016, que es el último cerrado, se firmaron 423.786 pólizas de seguro, que dieron cobertura a una superficie de más de 5,34 millones de hectáreas y a una producción de 34,20 millones de toneladas, con un capital asegurado de 12.676 millones de euros y unas primas imputadas de 672,52 millones de euros.
Respecto a la siniestralidad, el importe total en 2016 alcanzó los 494,53 millones de euros. Esta siniestralidad se corresponde con un total 1.558.381 siniestros, de los cuales 84.960 fueron declaraciones de siniestro agrícola, 123.943 fueron de ganado y 1.349.478 servicios de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.
En definitiva, el sistema español de seguros agrarios está en la actualidad plenamente consolidado, tanto en su organización como en su funcionamiento, y las regulaciones europeas de competencia y de ayudas de estado suponen una garantía de continuidad.
