El Pleno del Parlamento Europeo adoptó el pasado 7 de junio una amplia resolución, no vinculante, pero sí con un mensaje político claro, que fue aprobada por nada menos que 600 votos a favor, apenas 48 en contra y 24 abstenciones, y en la que se considera necesaria una legislación “marco” a nivel comunitario para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria y actuar de forma que los agricultores y consumidores europeos se beneficien de condiciones de compra y de venta justas”.
En esta resolución del PE, cuyo ponente fue el europarlamentario polaco Edward Czesak, se pide que la Comisión Europea actúe, con el objetivo de aumentar la transparencia y la equidad en las desequilibradas y desleales relaciones comerciales entre los productores, proveedores y distribuidores para combatir de paso también la sobreproducción y el despilfarro de alimentos.
La Eurocámara respondió con rotundidad al Informe de la Comunicación que sobre este mismo asunto presentó la Comisión Europea ya en el año 2014 y vino a decir al máximo órgano legislativo que haga mucho más que analizar y observar lo que cada uno de los 28 Estados miembros hacen o tienen previsto hacer por su cuenta y riesgo, de forma obligatoria o mediante acuerdos voluntarios, y que no están siendo suficientes para evitar la creciente presión de la industria transformadora y de la distribución sobre unos precios en origen que con bastante frecuencia ni siquiera cubren los costes de producción de los agricultores y ganaderos.
La resolución subraya también que los actuales desequilibrios en la cadena de valor alimentaria deben resolverse, recalcando que las ventas por debajo del coste y el uso como “productos reclamo” de alimentos básicos como la leche, las frutas o las hortalizas por parte de las grandes cadenas de distribución son una seria amenaza para la propia supervivencia de los productores europeos.
Uno cosa está clara, y es que muchos agricultores y pequeñas y medianas empresas no tienen ni fuerza ni capacidad negociadora en la cadena de distribución, lo que les hace especialmente vulnerables a los abusos y a las prácticas desleales que se suceden, más teniendo en cuenta “que es imposible detener el proceso de producción agrícola una vez puesto en marcha y que, por su propia naturaleza, los productos son perecederos”, sin que tampoco la economía en general o los consumidores se vean beneficiados, al limitarse su capacidad de elección de productos.
Por ejemplo, se indica en la resolución parlamentaria, en ocasiones estos colectivos “se ven forzados a vender a pérdida, cuando los supermercados les obligan a asumir las rebajas y promociones”. Y los consumidores también se ven perjudicados, “ya que la oferta se reduce y también su posibilidad de acceder a productos nuevos e innovadores”.
Catálogo de prácticas
Las prácticas desleales que recoge la resolución parlamentaria, de sobra conocidas, son el retraso en los pagos; la restricción de acceso al mercado; las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos; la anulación repentina de los mismos y las presiones para reducir los precios; las carencias en el suministro de información suficientemente detallada, o suministro de información ambigua con respecto a las cláusulas contractuales; rechazo a la conclusión de un contrato escrito; transferencia desleal del riesgo comercial; exigencia del pago de bienes o servicios sin valor para una de las partes contratantes; obligación de pago por la prestación de servicios ficticios; transferencia a los proveedores de los gastos de transporte y almacenamiento, así como de los de promoción de los productos en las zonas de venta; participación obligada en promociones; obligación de pago por la colocación de productos en lugares destacados en los comercios y otras tarifas adicionales; imposición de la devolución incondicional de las mercancías no vendidas, e impedimentos a los socios comerciales para que no puedan abastecerse en otros Estados miembros (restricciones territoriales de suministro).
La Unión Europea cuenta ya con legislación para combatir prácticas desleales del comerciante al consumidor (Directiva 2005/29/EC), pero no existen reglas específicas para mediar entre los agentes o eslabones de la cadena de valor alimentaria, aunque algunas prácticas sí están cubiertas en la legislación de competencia.
Uno de los aspectos importantes que el Parlamento Europeo constata en su resolución es que las iniciativas de autorregulación voluntaria, que se han puesto en marcha hasta ahora para luchar contra las prácticas comerciales abusivas en la cadena alimentaria, y que son defendidas como las únicas posibles por una parte de la industria transformadora y por la gran distribución, han tenido resultados “limitados”. Y ello, porque no se han aplicado de manera efectiva, bien por la representación insuficiente de los productores, bien por conflictos de intereses entre las partes implicadas unos mecanismos de resolución de litigios que han sido incapaces de reflejar el “factor miedo” entre los proveedores y el hecho de que no se aplican a toda la cadena de suministro.
Esto ha hecho también que las organizaciones que representan y defienden los intereses de los agricultores decidieran en su día no sumarse a estas iniciativas voluntarias a nivel comunitario, al considerar que “no garantizan una confidencialidad suficiente a los denunciantes”. El PE reitera la renuencia de los agricultores a participar en tales iniciativas, debido a una serie de factores que no se han tenido debidamente en cuenta, como la falta de confianza, la restricción de las denuncias anónimas, la falta de competencias normativas, la incapacidad de aplicar sanciones significativas, la falta de mecanismos adecuados para luchar contra las prácticas desleales bien documentadas y las preocupaciones acerca de los desequilibrios relacionados con la naturaleza de los mecanismos sancionadores.
Iniciativas voluntarias
La Iniciativa de la Cadena de Suministro (ICS) y otros sistemas voluntarios a nivel nacional y comunitario, como los códigos de buenas prácticas o los mecanismos voluntarios de resolución de litigios, considerados positivos “al desempeñar un papel importante en la promoción del cambio cultural y la mejora de la ética empresarial”, deben promoverse, destaca el PE, “como complemento a mecanismos de aplicación eficaces y sólidos en los Estados miembros, garantizando el anonimato de las denuncias y la imposición de sanciones disuasorias, y unido a un procedimiento de coordinación europeo”.
La Eurocámara resalta que “creemos que hay que hacer más para mejorar el equilibrio entre los proveedores y los supermercados y, especialmente, los hipermercados, sobre todo para hacer frente al denominado “factor miedo”.
El marco “a nivel de la Unión Europea”, que plantean los eurodiputados debe establecer principios generales, teniendo en cuenta como es debido las diversas situaciones nacionales y las mejores prácticas existentes para luchar contra las relaciones comerciales desleales. Por eso, pide a la Comisión que adopte “medidas efectivas destinadas a garantizar el funcionamiento de mecanismos efectivos de ejecución, por ejemplo, mediante el desarrollo y la coordinación de una red de autoridades nacionales, como el Groceries Code Adjudicator británico, que gocen de reconocimiento mutuo a escala de la Unión.
En la resolución se apunta a que “si se combinan con unos mecanismos de ejecución independientes y eficaces, la voluntariedad y la autorregulación pueden ser instrumentos eficientes para garantizar una conducta adecuada en el mercado, resolver litigios y poner fin a las prácticas comerciales desleales”.
En la resolución, el PE “considera que los Estados miembros deberían crear o reconocer a nivel nacional –en el caso de que no lo hayan hecho ya- agencias públicas, en referencia, por ejemplo, a la Agencia Española de Información y Control Alimentarios (AICA) u organismos especializados de arbitraje que velen por el cumplimiento de las medidas de lucha contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario”.
Los europarlamentarios invitan también a la Comisión Europea y a los Estados miembros “a facilitar y fomentar la incorporación de los productores a las organizaciones sectoriales (organizaciones de productores, OP, y sus asociaciones, AOP) con el fin de que mejoren su poder de negociación y su posición en la cadena de abastecimiento alimentario. Este es un aspecto que el PE pide a la Comisión Europea que aborde con urgencia, pues hasta ahora ni las OP, ni las AOP, con la excepción para la aplicación de algunas medidas en las frutas y hortalizas, no se han extendido a otros sectores, como el lácteo, el vacuno de carne o el del aceite de oliva.
Estudios y análisis
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, volvió a recordar ante la Asamblea europarlamentaria que había encargado ya a un grupo de expertos de mercados agrarios estudiar la cuestión de equilibrio de fuerzas en la cadena alimentaria, ante el hecho de que la mayoría de los Estados miembros han aprobado medidas contra las prácticas desleales y otros tienen previsto hacerlo, y que es necesario más tiempo para ver cómo funcionan, porque la mayor parte de los marcos nacionales son muy recientes.
En román paladino, Hogan, que pasa por ser, dado su cargo, uno de los comisarios del Colegio al parecer más proclives a crear ese marco general comunitario, como demanda ahora el Parlamento Europeo, vuelve a echar balones fuera, escudándose en la necesidad de más estudios y más medidas para no terminar de presentar ninguna efectiva, ni ninguna propuesta legislativa de índole comunitario, a pesar de que la mayoría de países dan cuenta de abusos, deslealtad y desequilibrios en las relaciones de la negociación comercial entre las partes de la cadena alimentaria.
Posiblemente esta falta de respuesta de la Comisión Europea tiene mucho que ver con la propia composición del ejecutivo comunitario, sobre todo teniendo en el equipo del luxemburgués, Jean Claude Juncker, al holandés Frans Timmerman, como vicepresidente primero y a la sazón comisario también de Mejora de la Legislación, Relaciones Institucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales, que no quiere oír ni hablar de nuevas iniciativas legislativas (de ahí el “parón” en el que está sumida la decepcionante Comisión actual) y cuando lo que se dice perseguir es una supuesta simplificación administrativa, derogando y eliminando un buen número de reglamentaciones, y permitiendo muchas veces que sean los Estados miembros, y no la Comisión, los que adopten medidas nacionales.
Declaraciones de los eurodiputados españoles
Esther Herranz (PPE): “El sector agrícola es especialmente vulnerable a las prácticas comerciales desleales, dado que estamos hablando de productos perecederos que necesitan salir al mercado en un corto plazo de tiempo, lo que da lugar en ocasiones a que los agricultores trabajen a pérdidas, siendo los pequeños y medianos productores los más afectados por esta desprotección ante las cadenas de distribución. Por eso, la solución más eficaz es la introducción de una legislación comunitaria que permita abordar el problema desde una escala europea, sin poner en cuestión los avances que ya se han realizado en España al respecto, gracias a la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Ramón Luis Valcárcel (PPE): “Los agricultores constituyen el eslabón más débil de la cadena de suministro alimentario. Tenemos que intentar acabar con esta situación favoreciendo un mayor equilibrio entre los distintos actores de la cadena. Si Europa quiere mostrar compromiso con sus agricultores, debe apostar por el desarrollo de legislaciones que prohíban y sancionen estas prácticas. De este modo, estaremos dando una señala muy positiva a los agricultores de la Unión”.
Sergio Gutiérrez (S&D): “Es necesaria una legislación marco a escala de la UE para hacer frente a las prácticas comerciales desleales y garantizar que los agricultores y los consumidores europeos dispongan de la posibilidad de beneficiarse de condiciones de venta y de compra equitativas. Es preciso adoptar medidas firmes y consecuentes para erradicar de una vez por todas estas prácticas en la cadena de suministro de productos alimentarios, que se derivan de los desequilibrios económicos en las relaciones comerciales y de las diferencias en cuanto a poder de negociación entre los diversos agentes de la cadena. Necesitamos una legislación común, por está demostrado que los sistemas voluntarios no son suficientes. Hay Estados que ya han puesto en marcha sus propias normas, como sucede en España con la Ley de la Cadena Alimentaria, pero si no lo hacemos a nivel europeo generaremos distorsiones en el mercado interior”.
Clara Aguilera (S&D): “Las prácticas desleales y el desequilibrio en la cadena de suministro alimentario son el primer obstáculo que impide a agricultores y ganaderos obtener un precio justo por sus productos. No basta con denunciar esta realidad. No basta con esperar un cambio de mentalidad de los otros operadores de la cadena. No bastan códigos voluntarios de buenas prácticas. Necesitamos una legislación marco a escala de la UE, pues esa es la manera de cambiar la actitud”.
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