Cambio climático con los agricultores y no contra ellos

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

La Comisión Europea presentó el pasado 6 de febrero una Comunicación en la que recomienda como nuevo objetivo climático la reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 90% respecto al año 1990 para lograr la “neutralidad climática” (emisiones-absorciones de carbono = 0) en el año 2050.

En medio de las manifestaciones y protestas generalizadas de los agricultores y sus tractores en varios países de la UE, entre ellos durante este mes de febrero en España, Bruselas ha tenido mucho cuidado de no “provocar” más al sector agrario, que entre sus reivindicaciones está la de rebajar precisamente las duras exigencias de las normativas medioambientales (en principio, aunque era algo esperado por la falta de consenso, se ha retirado la propuesta de la CE sobre el uso sostenible de fitosanitarios, reglamento SUR) para poder continuar su actividad agraria con cierta rentabilidad, sin que eso signifique desatender criterios de protección y conservación del medio natural en el que viven y trabajan.

De hecho, en la memoria económica, de 605 páginas, que acompaña a la Comunicación de la CE, se indica que la agricultura tendrá que realizar también “esfuerzos adicionales”, mediante la aplicación de las mejoras tecnológicas, porque "sin ningún objetivo específico de mitigación (...) después de 2030, las actividades agrícolas seguirían siendo emisoras significativas para 2050 de gases contaminantes, como el metano, vinculado a la ganadería de cría intensiva.”

En dicha memoria, la CE reconoce que “si bien alcanzar los recortes de emisiones requeridos por la agricultura parece factible, si se analiza la evolución de las últimas tres décadas, la falta de avances sustanciales en los últimos años es motivo de preocupación y exige un cambio de marcha."

Con todo, la Comunicación no vinculante de la CE es solo un documento formal sobre el que tendrán que reflexionar y debatir las partes interesadas a partir del año que viene, cuando estén constituidos el Parlamento Europeo y el nuevo equipo del Ejecutivo comunitario. En principio, la Comunicación en sí no concreta ningún objetivo específico para el sector agrario, ni menciona la obligada necesidad de tener que reducir el consumo de carne, aunque sí hace referencia a esa reducción (lo mismo que a la del consumo de huevos y lácteos) en la memoria económica y en el marco de una dieta más saludable, que fomente más la ingesta de frutas y hortalizas.

La CE expone que la recomendación para lograr la reducción de emisiones de CO2 en un 90% de aquí a 2040 requerirá el cumplimiento de una serie de condiciones que la favorezcan. El punto de partida es la plena aplicación de la legislación vigente para reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030, para lo cual se ve como elementos claves la actualización en curso de los planes nacionales de energía y clima y el seguimiento de los avances.

Para el caso específico del sector agrario, la CE afirma en su Comunicación que “con las políticas y el apoyo adecuados (aquí está el “quid” de la cuestión... ¿Son suficientes y/o convenientes las políticas de apoyo puestas en marcha hasta ahora?), el sector “puede desempeñar también un papel en esta transición, garantizando al mismo tiempo una producción suficiente de alimentos en Europa, garantizando unos ingresos justos y prestando otros servicios vitales, como la mejora de la calidad y capacidad de los suelos y de los bosques para almacenar más carbono.”

Y añade que “un diálogo holístico (es decir, integral, como el diálogo estratégico que presentó recientemente la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen) con la industria alimentaria, en general, que vaya más allá de las puertas de la explotación agraria, es crucial para el éxito en este ámbito y para el desarrollo de prácticas y modelos de negocio sostenibles.”

Enfoque global

En este sentido, Bruselas destaca las ventajas de un enfoque global del sector alimentario, considerado mucho más eficaz que examinar al sector agrario de forma individual o aislada, puesto que muchas decisiones, con gran potencial de atenuación (de las emisiones), se toman al margen de las explotaciones agrarias. Tal son los casos de la fabricación de abonos, la reducción del desperdicio alimentario, la elección de los alimentos por parte de los consumidores, etc.).

Por ello, lo que la Comisión propone en su Comunicación es “fomentar políticas que recompensen las buenas prácticas dirigidas a reducir las emisiones del sector, al tiempo que mejoran la absorción de carbono en los suelos y los bosques”. Y este enfoque integral, global del sector alimentario, es considerado por Bruselas como “la mejor forma de dar a los agricultores la posibilidad de obtener ingresos sólidos y justos de sus productos.”

Aunque solo sean “buenas palabras”,  los representantes europeos del sector agrario y de sus cooperativas (COPA-Cogeca) acogieron con beneplácito ese cambio de tono de la Comisión Europea al optar por el diálogo y el apoyo pragmático con los verdaderos actores de esta actividad para abordar la transición climática hacia el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero en la UE en el horizontes de 2040.

En principio,  el COPA-Cogeca acoge con satisfacción la voluntad de reforzar el sector de la bioeconomía y el renovado interés por dialogar con los agricultores en el marco del denominado “Diálogo estratégico”, y considera que “la divulgación en curso (de la Comunicación) ayudará a la próxima Comisión a presentar propuestas legislativas (revisión de la Ley del Clima de la UE, por ejemplo) para que el marco posterior a 2030 permita alcanzar el objetivo jurídicamente vinculante de 2040 de manera justa y rentable.”

De esta manera, “los agricultores, los propietarios forestales y sus cooperativas de la UE esperan que la nueva Comisión apoye al sector primario para que siga adoptando medidas concretas para reducir sus emisiones, al tiempo que alimenta a una población en rápido crecimiento y proporciona una alternativa sostenible a los combustibles de origen fósil.”

Veremos en qué queda realmente este cambio de tono de la Comisión, logrado (no hay que olvidarlo) en un contexto de fuerte presión política y mediática por las manifestaciones y protestas del colectivo agrario en buena parte de los principales países europeos.

No haría mal el propio sector en dar cierto margen y en expresar confianza en lo que ahora se dice desde Bruselas, pero haría mejor en no fiarse del todo. No hay que olvidar que, por ejemplo, que hasta hace poco un reciente informe del Consejo Consultivo Europeo sobre Cambio Climático (como defienden también las organizaciones medioambientalistas) cuestionaba la eficacia de la PAC para lograr los objetivos de la UE en este ámbito; proponía incluso aplicar una tasa a las emisiones contaminantes de la actividad agraria y, además, fomentar una dieta alimentaria con menos consumo de carne. Y eso es difícil que haya desaparecido  por arte de magia de ciertas mentes.

En su Comunicación, la Comisión considera ahora que la PAC cuenta con “instrumentos esenciales para apoyar la transición agraria hacia nuevas prácticas y modelos económicos sostenibles, poniendo de relieve el papel que juegan las explotaciones agrarias familiares y diversificadas, así como las que combinan producción vegetal y animal, y que deberían contar con apoyo, dada su dimensión social, medioambiental y económica.”

La CE también hace referencia a la agricultura baja en carbono, “que debería certificarse por medio de contratos basados en los resultados con otros operadores de la cadena de valor o por medio de apoyo público”; a la agricultura de precisión; los abonos Renure (obtenidos mediante el tratamiento de estiércol ganadero), y a la economía circular.” Y hasta advierte que “la UE debería esforzarse en garantizar condiciones de competencia justas con los productores de países terceros, principalmente a través de los acuerdos comerciales.”

Buenas palabras

Todas estas consideraciones de la CE son, por el momento, solo buenas palabras, que no abordan algunos de los principales problemas del sector en la actualidad, como son la escasa o nula rentabilidad de una parte importante de las producciones agrícolas o ganaderas por el agravamiento de la brecha entre costes de producción y precios de venta de los productos; por la insuficiencia del relevo generacional para compensar el descenso de activos y de ocupados en el sector agrario, o por la clara competencia desleal de las producciones de terceros países, que llegan al mercado europeo con ventajas adicionales de carácter económico-financiero, socio-laboral y medioambiental respecto a las producción comunitaria. 

Al menos, parece que Bruselas se ha dado cuenta, aunque como casi siempre demasiado tarde, de que no se pueden imponer medidas para lograr unos objetivos climáticos en la UE, que recaen directamente sobre las espaldas del propio sector, sin preguntar antes en esta transición cuáles son las necesidades y las demandas reales de los agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores, y cuáles puede atender o aplicar o no este colectivo según plazos y según el riesgo que deben asumir.

Además, la aplicación de estas medidas nunca puede ser uniforme, sino que para ser eficaces esa aplicación debería poder adaptarse a la diversidad de variables y características específicas de cada territorio, de cada producto o de cada mercado sin dejar a nadie en el camino.

Tecnologías del carbono

La Comisión Europea presentó también el pasado 6 de febrero una Comunicación sobre la gestión del carbono industrial en la UE (Industrial Carbon Management), que plantea una estrategia sobre el uso de tecnologías para la captura y gestión del mismo, con el fin de contribuir también a la reducción de emisiones de GEI en un 90% para el año 2040.

A tales efectos, Bruselas tiene intención de explorar marcos de tarificación del carbono y de los mercados del carbono y crear un grupo de trabajo específico para desarrollar un enfoque global.

Las tecnologías a aplicar se centrarían sobre todo en aquellos sectores para los cuales la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera es especialmente complicada o costosa, incluido el sector de actividad agraria en el mismo plano que la producción de cemento o la valorización energética de los residuos.

El objetivo que se marca la CE en el horizonte de 2030 es que la aplicación de estas tecnologías permita lograr una capacidad de almacenamiento de CO2 de al menos 50 millones de toneladas anuales, así como sistemas de transporte del mismo (mediante tuberías, trenes, barcos, camiones) en función de su rentabilidad.

Así, el futuro paquete reglamentario sobre transporte y almacenamiento de dióxido de carbono examinará cuestiones como la estructura del mercado y de los costes, el acceso de terceros, las normas de calidad del CO2 o los incentivos a la inversión en nuevas infraestructuras, además de evaluar las cantidades de este gas contaminante de la atmósfera que deberían eliminarse directamente para dar respuesta a la reducción de emisiones de la UE, previstas para 2040 y 2050.

De esta manera, la CE sigue embarcada en su objetivo de reducir drásticamente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en el contexto de su lucha contra el cambio climático y, aunque se le trata mejor que hasta ahora, el sector agrario tendrá que jugar también su indudable papel en este ámbito (como emisor, pero al mismo tiempo como mitigador clave), sin descuidar a la vez su principal misión, que no es otra que la de producir y abastecer de alimentos en cantidad y calidad, asequibles y saludables a los ciudadanos europeos, sin elevar en exceso y contrarrestando en lo posible la actual dependencia de algunas producciones de países terceros. Y eso no será posible si agricultores, ganaderos, pescadores o silvicultores, los actores del sector primario, no logran que su actividad sea rentable.