Cambio de paradigma en la próxima PAC

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

Lo dijo el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Foro de la Alimentación Qcom.es: la próxima Política Agraria Común (PAC) supone un cambio de paradigma respecto a lo que había hasta ahora.

La ineludible orientación medioambiental, en un contexto de cambio climático y de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030, junto con la estrategias “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad”, enmarcadas en el Pacto Verde Europeo, impregnarán buena parte de las ayudas que recibirán nuestros agricultores y ganaderos,  nuestras empresas y cooperativas agrarias y agroalimentarias en los próximos años.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural entre el MAPA y las CC.AA. del pasado 23 de julio dio el pistoletazo de salida para ir concretando lo que será el Plan nacional Estratégico de la PAC, el denominado PEPAC, cuya aplicación en nuestro país y en la UE se prevé para 2023.

Aunque parece que queda mucho tiempo, no lo es tanto para todo el trabajo pendiente y todas las negociaciones que se tienen que hacer , en base a todo lo que ya se ha hecho desde febrero de 2019 con la participación del conjunto de las organizaciones y asociaciones del sector  agrario, alimentario, y medioambiental y con las propias comunidades autónomas.

No se parte de cero, porque atrás queda ya un arduo trabajo técnico anterior y una evaluación de las necesidades, vinculadas a los nueve objetivos específicos de la PAC (OE1: asegurar ingresos justos; OE2: incrementar la competitividad; OE3: reequilibrar el poder en la cadena alimentaria; OE4: acción contra el cambio climático; OE5: protección del medio ambiente; OE6: conservar el paisaje y la biodiversidad;  OE7: apoyar el relevo generacional; OE8: zonas rurales vivas, y OE9: protección de la calidad de los alimentos y de la salud), más un Objetivo Transversal (OT) sobre conocimiento e innovación. Todo ello ha permitido confeccionar los análisis pertinentes sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), que posibilitarán, a su vez, llevar a cabo una priorización de esas necesidades.

Aunque no es descartable del todo alguna sorpresa puntual  antes de que se apruebe de forma definitiva el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y se plasme el Fondo Europea de Reconstrucción Económica (“Next Generation Europe”), queda claro que en el horizonte de los próximos siete años se cuenta ya con un presupuesto para la PAC  que, según el MAPA, ascenderá a unos 47.682 millones de euros para garantizar parte de la renta del sector agrario de nuestro país durante todo ese periodo.

En el calendario previsto todo irá ahora más deprisa. La presidencia alemana del Consejo de la UE de este segundo semestre de 2020 pretende lograr un “acuerdo político” sobre la reglamentación de la futura PAC en la reunión de los ministros de Agricultura, prevista para los próximos 19 y 20 de octubre, aunque será la presidencia portuguesa del primer semestre de 2021 la que, previsiblemente, termine por cerrar el paquete legislativo, una vez que el trílogo (Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo) den, a su vez, su visto bueno al acuerdo.

Preparando el PEPAC

En paralelo, el Ministerio de Agricultura continuará con las negociaciones del PEPAC con las CC.AA. este mes de septiembre, con la idea de presentar un borrador inicial a Bruselas en la primavera del año que viene, y para que la CE realice las recomendaciones y alegaciones previas que estime oportunas sobre el mismo.

La versión definitiva del Plan se presentaría a mediados del próximo año a la Comisión para que ésta realice su examen sin demasiados contratiempos para que quede aprobado a principios de 2022. De esta forma, las Administraciones nacionales (MAPA y CC.AA.) tendrían casi todo ese año para realizar los correspondientes desarrollos legislativos, técnicos y administrativos, y tenerlo todo preparado para su entrada en vigor ya en 2023.

Los debates y la negociación con las CC.AA. durante todo este periodo no se presentan nada fáciles.  El ministro Planas ya avisó que la distribución de los fondos comunitarios de la próxima PAC no se realizará como si fuese una compensación interterritorial a las Administraciones autonómicas y para ver quién gana o quien pierde en relación a lo percibido de esta política común en el actual periodo. No se trata de un reparto autonómico de los fondos de la PAC, sino de su reparto anual entre los agricultores y ganaderos en activo de este país, con independencia del lugar donde realicen su actividad y de donde estén sus  explotaciones.

Este ejercicio, que parece tener toda su lógica y su sentido común, será complicado de “vender” en algunas CC.AA. cuando echen sus cuentas (más si están gobernadas por un partido político distinto al del Gobierno central)  y vean, quizás, que pueden recibir en conjunto menos fondos de la PAC durante el próximo periodo presupuestario que los  percibidos hasta ahora, por muy justo que se considere dicho reparto. Todo lo contrario de otras CC.AA, que podrían recibir más con los nuevos criterios de aplicación.

El MAPA tiene ya identificados algunos puntos que serán los pilares sobre los que sustente la aplicación del PEPAC y respecto a los cuales ha solicitado a las CC.AA. su posición en un intento, al menos, de alcanzar un consenso mayoritario.  El primero de ellos es la figura del “agricultor genuino”, que es el que percibirá la ayuda básica a la renta (que sustituirá al actual pago básico) y otras ayudas a la renta del primer pilar de la PAC, así como las ayudas a zonas con limitaciones naturales del segundo pilar.

Agricultura propone que el “agricultor genuino” sea aquel que cuente con un porcentaje de entre un 20-30% de ingresos agrarios en relación a sus ingresos totales que, aunque pueda parecer en principio reducido, lo que busca es no dejar fuera a aquellos agricultores con una actividad agraria a tiempo parcial, que tienen también su importancia y cumplen con un inexcusable papel social y medioambiental en muchas zonas rurales de España.

Ligado a estos últimos, el MAPA quiere conocer también la posición de las CC.AA. respecto al régimen de pequeños agricultores (que ahora son los que perciben a tanto alzado igual o menos de 1.250 € y a los que no se exige cumplir con la condicionalidad de las ayudas). Plantea mantener este régimen, exento de tener cumplir la condición de “agricultor genuino”, para el caso de los agricultores que tengan hasta 6-10 hectáreas, que recibirían un pago de 200-250 euros/ha, hasta un máximo de 1.200-2.500 € por beneficiario, mediante un modelo de aplicación más simplificado que el actual.

Convergencia de ayudas

Otra de las cuestiones en las que habrá cambios es en el actual sistema de regionalización de las ayudas PAC, que ha permitido importantes diferencias en los pagos directos entre agricultores y ganaderos que llevan a cabo una misma actividad sectorial. En la actualidad existen 50 regiones agronómicas en tierras de secano, de regadío, pastos y cultivos  permanentes, y lo que se busca es reducir su número y que la asignación del pago sea más simple y justa, y atienda mejor las necesidades reales de los agricultores.

El MAPA propone a las CC.AA. que la nueva ayuda básica a la renta tenga en cuenta determinados criterios, como que el pago por hectárea que reciban dos agricultores o ganaderos con las mismas condiciones productivas sea el mismo; que durante el periodo 2021-2027 y de forma gradual se consiga la plena convergencia de los importes por hectárea, en su caso, dentro de las regiones agronómicas que se determinen, y que esto sea cuanto antes, mejor.

Una vez que se alcance esa convergencia en el importe de ayuda por hectárea, el MAPA propone suprimir los derechos individuales e históricos de pago, sustituyéndolos por un sistema menos complejo de pago por superficie o por hectárea, con la menor diferencia posible en su cuantía entre  las diversas regiones agronómicas, y que incluya en la ayuda básica a la renta a los sectores que quedaron parcialmente excluidos de estos pagos desvinculados de la producción, como el hortofrutícola o el vitivinícola.

El MAPA se ha postulado también (y demanda que las CC.AA. se posicionen) a favor de limitar el importe de las ayudas PAC recibidas mediante los pagos directos, con el establecimiento de un techo máximo por beneficiario (“capping”) de 100.000 euros, aunque descontando el coste del empleo registrado  -referido al coste salarial asociado al SMI por trabajador- en las explotaciones y empresas agrarias afectadas y, por otro, su redistribución a través de su pago (a las primeras hectáreas) a favor de las pequeñas y medianas explotaciones de los “agricultores genuinos” .

Eco-esquemas, clima y medioambiente

Por otra parte, entre los principales grupos de instrumentos con los que cuenta la futura PAC para transformar el actual sistema de producción y lograr objetivos mucho más ambiciosos en materia de clima y de medio ambiente, están los denominados “eco-esquemas” del primer pilar y los  compromisos climáticos y medioambientales de Desarrollo Rural del segundo pilar de la PAC, que incluirían tambiénlas obligaciones que se deriven de la aplicación de las estrategias “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad 2030”.

El Ministerio prevé una dotación económica suficiente –ha propuesto un 13% del importe total destinado a los pagos directos- para estos “eco-esquemas”, cuyo porcentaje mínimo presupuestario podría venir exigido por la legislación comunitaria, como plantea  Alemania, para que los agricultores y ganaderos que deseen aplicar modos de producción más beneficios para el clima y el medio ambiente, puedan mantener o incluso aumentar su nivel de ingresos procedentes de los pagos directos de la PAC.

Muchas de las prácticas propuestas en los “eco-esquemas” ya  vienen siendo aplicadas por nuestros agricultores y ganaderos. De lo que se trataría es de ponerlas en valor, profundizando más en ellas, en su control y en el logro constado de sus objetivos.

Entre esas prácticas estarán el pastoreo extensivo, la cobertura vegetal de ciertos cultivos, las rotaciones, los planes individuales de fertilización y de uso sostenible de fitosanitarios para reducir las cantidades utilizadas, mantenimiento y mejora de la biodiversidad, etc.

Por último, el MAPA plantea poner un énfasis especial en las prácticas de agricultura ecológica, incentivando la transformación hacia este sistema de producción e incrementado la superficie de cultivo (hoy supone el 9% de la superficie agrícola útil, muy lejos del 30% previsto en la Estrategia “De la granja a la mesa” para 2030) o de cría de ganado.

En un primer momento de impulso, la transformación hacia prácticas de agricultura ecológica podría fomentarse a través de las ayudas cofinanciadas en Desarrollo Rural y luego, quizás, para su mantenimiento o mejora, a través de los incentivos  ayudas previstos en los “eco-esquemas” del primer pilar de la PAC. O, bien únicamente a través de las ayudas del segundo pilar. En este punto, el MAPA espera que las CC.AA. tomen posición al respecto antes de decidir el camino a tomar.