La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, formada por responsables del Ministerio y de las comunidades autónomas adoptó el pasado 24 de abril por amplia mayoría la "Posición común en relación con la iniciativa de la Comisión Europea sobre “Modernización y simplificación de la Política Agrícola Común”.
Este documento, de ocho páginas y 28 puntos, es la aportación española a la consulta abierta por Bruselas sobre el futuro de la PAC y refrenda las conclusiones alcanzadas en la Jornada de Alto Nivel, que organizó el MAPAMA los días 28 y 29 de marzo pasado, en la que se defendió un presupuesto fuerte para la PAC más allá de 2020, a la altura de sus ambiciones y como base para sustentar una integración europea, amenazada por los populismos y por el “Brexit”, así como el mantenimiento de los pagos directos comunitarios, vinculados y desvinculados de la producción y financiados al 100%, como elemento estabilizador de la actividad agraria.
El texto aprobado contó con el apoyo mayoritario de 13 CC. AA., pero no pudo ser consensuado en su totalidad por el rechazo de la Comunidad de Aragón, cuyo consejero, Joaquín Olona, defiende una posición radical de reforma a fin de garantizar ante todo la renta de agricultores y ganaderos, así como de la Comunidad de Navarra por similares motivos, mientras que no participaron en la reunión los responsables del País Vasco y Cantabria.
Indicar, en todo caso, que se trata de un documento genérico, de buenas intenciones, como es lógico, con el que era más difícil no estar de acuerdo, que estarlo. Un primer paso de cara a las futuras y complejas negociaciones que se esperan en el marco de la reforma de la PAC post-2020, si es que terminan por celebrarse antes de ese año. El verdadero problema real vendrá cuando se sepa cuánto dinero dispondrá esa PAC del futuro y cómo se repartirá no ya solo entre los 27 Estados miembros de la UE, sino también, de puertas adentro, entre las 17 CC. AA. del territorio español. Para entonces, la negociación “hispano-española” será tanto o más difícil que la previa entre los distintos países comunitarios.
En esta línea, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, subrayó la necesidad de que la UE siga apoyando, con una financiación importante y un presupuesto fuerte, la política agraria, puesto que la agricultura y la ganadería son fuente de riqueza y empleo en el medio rural y porque esta política ha ido incorporando las demandas de la sociedad en materias como la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente, retos que siguen vigentes y lo estarán también en el futuro.
El punto 10 señala que “los retos a los que se enfrentará la PAC en la próxima década exigen una financiación a la altura de su ambición. Las incertidumbres por las que atraviesa el proyecto europeo, como consecuencia, sobre todo del “Brexit”, deben tener como respuesta más Europa. La PAC ha sido la primera política comunitaria y ha contribuido activamente en el proyecto de construcción europea y, por tanto, es necesario un presupuesto suficiente para la PAC, para que siga siendo una herramienta fundamental de unidad en Europa”.
En el documento se destaca el papel de los agricultores y ganaderos, como principales protagonistas y destinatarios de la PAC. “Sin su concurso, indica el texto, no es posible aplicar las medidas con las que pretendemos alcanzar los objetivos deseados. La PAC debe tener presente su papel y su implicación, en particular la necesidad de que las explotaciones agrarias sean sostenibles económicamente para que puedan ser un medio digno de vida, manteniendo un medio rural vivo con un adecuado nivel de empleo”.
Consumidores y PAC
A nuestro entender, un punto importante es el 8, en el que se señala que “en la confección de la futura PAC se deberá contar con los consumidores europeos. La divulgación de todos los beneficios que genera la PAC y la conexión de los consumidores con el resto de la cadena es una asignatura pendiente que se ha de acometer para que el ciudadano mejore su percepción de esta política y la idoneidad de la misma para hacer frente a los retos de la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente, a la vez que se dignifica la imagen de los agricultores y ganaderos”.
También es clave la inclusión (punto 6) de que es “necesario contar con un marco legislativo claro y estable, que garantice a los agricultores y ganaderos la necesaria seguridad jurídica para poder adoptar decisiones empresariales a medio y largo plazo”, algo que no se ha tenido en cuenta y que ha dificultado inversiones por parte del sector, que necesitaban tiempo para obtener resultados tangibles.
Otro de los aspectos recurrentes es la necesidad de simplificar la PAC. Los esfuerzos de todos los agentes, la Comisión Europea y los Estados miembros “no acaban siempre traduciéndose en una mayor facilidad para los agricultores y ganaderos, que siguen percibiendo a esta política como demasiado compleja”. Por ello, en el punto 9 se recoge que “las nuevas tecnologías y una apuesta decidida por la simplificación, constituyen una gran oportunidad para derivar hacia el conocimiento y la información buena parte de los recursos que ahora se dedican a trámites administrativos. Es preciso lograr una simplificación real en normativa y procedimientos y que vaya asociada a un uso eficiente de los recursos”.
Destacable es igualmente el punto 15 del texto, que contempla que la agricultura “debe ser parte de la solución contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente, siempre que a agricultores y ganaderos se faciliten los incentivos necesarios para que adopten mejores prácticas y modelos de producción”.
La posición común incluye también la defensa de los actuales programas específicos de apoyo a los sectores de frutas y hortalizas, vino y apícola, “que juegan un papel muy importante en estas producciones mediterráneas”, así como la necesidad de mantenimiento de una red de seguridad (en particular, de los mecanismos de almacenamiento público y privado), que prevea, a través de indicadores de información y conocimiento (observatorios de precios, nuevos instrumentos de gestión, etc.), y afronte los riesgos derivados de la creciente volatilidad de los mercados agrarios.
En el apartado de “Enfoque de cadena”, se resalta que la PAC debería incorporar las recomendaciones de la “Task Force” sobre mercados agroalimentarios y, en particular, “las que permitan combatir las prácticas comerciales desleales en la UE, incluyendo la designación de autoridades de control independientes que actúen con perspectiva común europea, dado que nuestras producciones compiten a nivel comunitario en un mercado único”.
Y se añade que la PAC “debe reforzar la promoción de las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales, como uno de los mejores instrumentos vertebradores del sector agrario para aumentar la competitividad del sector y afrontar de manera más eficaz las situaciones de crisis” y también “debe poder proporcionar más y mejor información del resto de los eslabones de la cadena, no solo de la producción, a través de observatorios de precios.”
Desarrollo Rural
En Desarrollo Rural, el texto demanda la búsqueda de sinergias entre la PAC y otros fondos estructurales e instrumentos, especialmente FEDER, FSE y Horizonte 2020, para afrontar el problema del envejecimiento de la población rural, debido a la falta de relevo generacional y de oportunidades para jóvenes y mujeres. Considera que los instrumentos de apoyo y promoción de la actual PAC no son todavía suficientes y que es necesario “dar un salto cualitativo y cuantitativo en ese sentido, no limitando administrativamente el objetivo de incorporación al sector”.
La preservación de las ayudas a las zonas con limitaciones naturales sin otras alternativas; la modernización y la mejora de las estructuras agrarias, así como el fomento de las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrícolas, ganaderas y silvícolas para cumplir con los objetivos de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos son otros aspectos a defender en la política de Desarrollo Rural de la futura PAC.
No se olvida el texto acordado de la economía circular y de la bioeconomía, “que van a suponer una oportunidad de primer orden para el medio rural,” al permitir el desarrollo de actividades económicamente rentables, aprovechando los recursos del sector agrario y de la industria agroalimentaria. Por ello, la PAC debe buscar en sus medidas sinergias con las políticas comunitarias en estos ámbitos, compartiendo también sus objetivos.
Por último, la posición común indica (punto 28) que la PAC debe facilitar los principios de la sociedad del conocimiento y la agricultura inteligente para que los agricultores puedan beneficiarse del potencial de información que genera su actividad a través de las nuevas tecnologías, la digitalización y el “Big Data”, por medio del conocimiento y la innovación, como principales instrumentos para afrontar los retos de la próxima década, como es la transición hacia modelos de producción más sostenibles, empleando menos recursos. Hasta este punto no aparece la innovación y es que, como ya hemos alertado en las últimas semanas, por ahora este tema no está siendo tenido en cuenta por nadie. A ver si con las acciones que vamos estamos desarrollando desde el Grupo de Innovación Sostenible para el sector alimentario conseguimos concienciar, aquí y en Bruselas, de la importancia de contemplar en la futura PAC esta materia.
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