Cuidado, no solo la leche está en peligro

La Comisión Europea respondió el pasado 7 de septiembre a la crisis del sector ganadero –sobre todo del sector lácteo y porcino, pero nada en vacuno de carne- con un paquete de medidas, aun bastante por concretar, visto como insuficiente por la profesión y que suscita algunas dudas. Este paquete está valorado globalmente en 500 millones de euros. Como positivo, el hecho de que estos fondos no saldrán de la reserva de crisis de la PAC, sino del margen presupuestario del último ejercicio (de unos 1.700 millones en total), en concreto, de parte (unos 370 millones) de los ingresos de la supertasa láctea de la campaña 2014/15 y que ascienden a un total de 810 millones.

Atención a los problemas de liquidez de los ganaderos

De los 500 millones de euros, entre 400 y 420 millones de euros se distribuirán en forma de “sobres” nacionales entre los Estados miembros en apoyar a los ganaderos de vacuno de leche, como ya se hizo en la crisis de 2009, aunque su reparto aún está por definir. En cualquier caso, se tratarán de complementos de ayudas directas a este colectivo para atender sus “problemas de liquidez”, que serán repartidas con criterios objetivos y no discriminatorios entre los Estados. En 2009, España percibió 12,8 M€, que fueron distribuidos como pago directo entre todos los ganaderos de vacuno de leche, según sus entregas, con el límite de sus cuotas. En esta ocasión y para una mayor eficacia de las ayudas, los criterios de reparto podrían afinarse mucho más para destinar las ayudas a los colectivos más afectados, teniendo en cuenta, por ejemplo, el descenso medio del precio de la leche desde la entrada en vigor del veto comercial ruso; la caída de las exportaciones y el nivel de cuotas lácteas en la última campaña de aplicación 2014/15, etcétera.

La segunda medida propuesta por Bruselas al Consejo de Ministros para aliviar el problema de liquidez del sector lácteo es que, a partir del 16 de octubre (nuevo ejercicio financiero 2016 en la UE) se podrá conceder un anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2015 del 70% del total, en vez del 50%, pero siempre que se hayan superado y resuelto antes los controles obligatorios sobre los expedientes de ayuda para percibir estos pagos. Las organizaciones agrarias demandaron aligerar los controles en este primer año de aplicación de la nueva PAC y algunos Estados miembros, incluso, que se exima excepcionalmente al sector de esos controles.

La tercera medida planteada por la CE es que los Estados adelanten algunas ayudas de los Programas de Desarrollo Rural (PDRs), relativos a la superficie y pagos a los ganaderos (agroambientales, agricultura ecológica, bienestar animal, zonas desfavorecidas…etc.) pagando un máximo del 85% de los mismos, en vez del 75% previsto a partir del 16 de octubre. Como es conocido, estas ayudas son cofinanciadas, con lo que exige también presupuesto nacional de CC.AA. y Magrama. Además, aún quedan PDRs sin aprobar por la Comisión Europea, aunque eso no parece inconveniente.

Una cuarta medida es la de agilizar la puesta a disposición del sector de instrumentos financieros. En este sentido, la Comisión viene trabajando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en algunas opciones, como las ligadas a la evolución de las materias primas. Además, la CE recuerda que los Estados miembros pueden incluir en sus PDRs una medida de estabilización de rentas. La realidad, sin embargo, es que pocos Estados han utilizado esta medida, incluyéndola en sus programas.

Corregir los desequilibrios del mercado

El segundo paquete de medidas de la CE están destinadas a corregir el desequilibrio del mercado, estimular la demanda y reducir la oferta y, en este sentido, plantea mejorar el régimen de ayudas al almacenamiento privado de Leche en Polvo Desnatada (LDP), elevando el importe de las mismas y garantizando que el producto está almacenado durante el tiempo que sea necesario para que el sistema sea efectivo y reduzca la presión de la oferta en el mercado. Esta medida se plantea –y así es vista por algunos Estados, como España, como alternativa a la negativa de Bruselas de elevar temporalmente el precio de intervención de la LDP, aunque está por ver. Además, el Consejo está dispuesto a debatir sobre este asunto que rechaza la CE, aunque será difícil que se apruebe a corto-medio plazo.

En segundo lugar, la CE planea la apertura de nuevo del régimen de ayudas al almacenamiento privado de quesos, que se limitaría a los que no tienen Indicación Geográfica Protegida (IGP), mediante un acto de implementación, que podría tener un coste de entre 40 y 75 millones de euros.

En tercer lugar, la Comisión propone abrir el almacenamiento privado de carne de porcino, tras las fuertes presiones de Francia y pese a las dudas que suscita esta medida “clásica” para el sector productor –Alemania también está en contra-.  Esta propuesta podría votarse a finales de este mes en Comité de Gestión e incluiría por vez primera a las grasas (tocino) y despojos, que son los productos afectados por el embargo sanitario ruso y de los que España es uno de los principales exportadores.

Otras medidas dentro de este segundo paquete no tendrían resultados tangibles a corto plazo. Por un lado, se plantea elevar el presupuesto de 81 M€ para acciones de promoción en 2016 y que ese incremento se destine de forma específica a los sectores lácteo y de carne de porcino (incluyendo la promoción genérica en el mercado interno). Aumentar la cofinanciación de la UE del 50% actual al 70-80%, como estaba previsto, además de informar sobre las oportunidades de promoción (difusión por la CE del nuevo programa).

Por otro, se pretende reforzar el Observatorio del Mercado Lácteo, que suscita las quejas del sector productor por su regular funcionamiento, con más información, más rápida y más precisa), con el fin de mejorar la transparencia del mercado y de que pueda ser una referencia a nivel mundial. Podría desarrollase una herramienta o un  observatorio similar para el sector de carne de porcino.

A nivel comercial, la Comisión continuará trabajando para eliminar las barreras técnicas y sanitarias al comercio con terceros países y negociar la apertura de nuevos mercados. Al respecto, los acuerdos bilaterales de libre comercio se negocian con algunos países balcánicos, de América Central y Caribe, Marruecos, Perú, Colombia, Moldavia, Georgia, Ucrania, y los ya cerrados con Canadá y Vietnam, etc. El último acuerdo alcanzado con Vietnam, reducirá los aranceles del 19% al 0% de 3 a 5 años. Mientras, siguen también las negociaciones con Japón y Estados Unidos para impulsar las exportaciones de mercancías de la Unión Europea. En cuanto a las barreras no arancelarias, de tipo sanitario y fitosanitario, la CE trabaja para resolver los problemas de exportación de productos lácteos con Chile, China, Japón, Corea, además de Estados Unidos y Rusia, en estos dos últimos en relación con la peste porcina africana, en los que se debate la posibilidad de regionalizar el problema (algunas delegaciones apoyaron también que la Comisión reinicie las negociaciones con Rusia sobre cuestiones sanitarias para la carne de porcino). En nuevos mercados, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, informó de vistitas a países para una mayor apertura en Colombia, China, Japón y México en 2016.

Cadena de abastecimiento

El tercer paquete de medidas propuestas por la CE hace referencia a la cadena de abastecimiento alimentario, aunque son más voluntariosas, que efectivas. Se propone la creación de un nuevo Grupo de Alto Nivel, que se ocupe en concreto de asuntos como los créditos a los productores o los instrumentos financieros y de cobertura de riesgos, incluidos los mercados de futuros de productos agrarios, reforzar el papel de los agricultores en la cadena, a través de las organizaciones de productores, etcétera.

Además, la CE propone adelantar a 2016 el informe de evaluación del “Paquete Lácteo”, que inicialmente no se preveía hasta 2018, para considerar su posible prórroga, introducir mejoras e incluso extender este sistema a otros sectores.

También, Bruselas plantea mejorar el intercambio de experiencias entre los Estados miembros en materia de prácticas comerciales desleales y, al respecto, la CE organizaría reuniones para que los Estados miembros compartan sus buenas prácticas, el funcionamiento de sus códigos de conducta, etcétera. Es decir, seguir debatiendo lo ya debatido y mareando la perdiz en este asunto, sin adoptar medidas concretas, comunes y obligatorias sobre este problema, que sean de aplicación en el conjunto de la UE.

Estrechar los vínculos entre la agricultura y la sociedad

El cuarto paquete de medidas propuestas es más virtual si cabe, al proponer estrechar el vínculo entre agricultura y sociedad, con referencia a acometer las necesidades nutricionales de los grupos más vulnerables (incluyendo ahora a los refugiados), mediante la distribución, por ejemplo, de productos lácteos, así como avanzar en la revisión de un nuevo régimen para la distribución de leche, productos lácteos y frutas y hortalizas en las escuelas, cuando no hace mucho la Comisión Europea era incluso partidaria de eliminarlo.

La Comisión Europea recordó también a los Estados miembros que existen una serie de herramientas a su disposición, como las ayudas directas de Estado en el marco del régimen de minimis, con un límite de 15.000 euros por beneficiario y 200.000 euros por comercialización y marketing en un periodo de tres años, que en el caso de España se van a aplicar al sector productor de leche, y que en los PDR también se pueden conceder ayudas de Estado en inversiones, etcétera.

Aumento temporal del precio de intervención de la LDP

Por último, en el Consejo extraordinario de Ministros de Agricultura, varios países (Francia, Bélgica, Polonia, Austria, Chequia, Irlanda, Portugal y España) solicitaron el incremento temporal del precio de intervención de la leche desnatada en polvo (que es desde 2008 de apenas 0,17 €/litro), pero la Comisión Europea, junto a los Estados “anti-PAC” (Reino Unido, Holanda, Dinamarca y Suecia), reiteró su negativa por considerar que es contraria a la orientación política de la nueva PAC, que trata de intervenir lo menor posible en los mercados y porque contribuiría a elevar artificialmente los precios de mercado, que volverían a bajar de forma drástica una vez pasen sus efectos. Francia dijo que esta medida tendría apenas un coste de 10 M€ durante 6 meses de aplicación, durante el cual se almacenarían 109.000 t de producto (un 10% de la oferta total), más o menos lo mismo que la medida de almacenamiento privado por los operadores. Esta medida seguirá debatiéndose en Consejo de Ministros, aunque no se espera una decisión al respecto a corto-medio plazo.