El 'dumping' climático a la agricultura europea está al caer

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

De un tiempo a esta parte, el sector agrario comunitario se encuentra bastante preocupado por lo que puede suponer para su competitividad en los mercados los condicionamientos y exigencias a su actividad que emanan principalmente del denominado “Green Deal” o Pacto Verde Europeo, en un contexto en el que la UE prosigue con su apertura comercial con países terceros.

Esta preocupación no parece que se esté tomando demasiado en serio por parte de la Comisión Europea, que sigue adelante, sin reparar en remilgos sectoriales, con su transición ecológica y con su ambiciosa política “verde”, en las que no hay, y en eso llevan razón, tiempo que perder.

No hay tiempo que perder, pero puede ocurrir que luego sea demasiado tarde también para solventar los graves problemas de competitividad, que podrían sufrir muchas producciones agrarias europeas a medio y largo plazo en todos los mercados, si no se presentan allí donde se destinen en igualdad de condiciones que las de terceros países, como en parte ya sucede en la actualidad.

Al denominado “dumping” económico y social, por los salarios más bajos de la mano de obra que se reflejan en unos menores costes de producción en el campo, podría sumarse el “dumping” climático si, a la par que se adoptan decisiones que contribuyan a lograr una mayor ambición “verde” en la UE, no se toman otras para imponer un mecanismo realista de ajuste en frontera de las emisiones de carbono.

Lo afirmó ya en un clarividente artículo, Christiane Lambert, presidenta del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE (COPA) y, a la vez, presidenta del principal sindicato agrario francés, la FNSEA, al señalar que “uno de los principales riesgos a los que tendrá que enfrentarse nuestro sector agrícola, como consecuencia del Pacto Verde Europeo, es el “dumping” climático de los países que, voluntaria o involuntariamente, avanzan más lentamente en la puesta en práctica de una agricultura más ecológica.”

Lambert  añadía también que “tomar medidas contra el calentamiento global en Europa es una cosa, pero convencer a nuestros socios comerciales de que se comprometan con la misma rapidez y firmeza es otra totalmente distinta”, mostrándose convencida de que las importantes diferencias existentes en lo referente a los medios o a las ambiciones para alcanzar los objetivos climáticos entre Europa y la competencia tendrán un efecto devastador para la agricultura europea.

“Nuestra agricultura acabaría siendo un “héroe muerto”, un mártir de esta nueva situación, recalcó Lambert, pues “solo produciría volúmenes limitados de alimentos de alta gama o valor añadido, mientras que la producción de alimentos básicos sería sustituida por los producidos e importados de otros lugares, en los que no se aplican las mismas limitaciones, que tanto nos cuestan, y sin ganar nada en cuanto a la consecución de los objetivos climáticos.”

La agricultura, al margen

El sector agrario comunitario apoya la intención de la UE de establecer un mecanismo en frontera de las emisiones de carbono para los productos agrarios importados, bajo ciertas condiciones, para evitar la deslocalización de la producción de alimentos básicos a países con requisitos menos estrictos.

Este enunciado, que parece obvio y sencillo, es de una enorme complejidad a la hora de ponerlo en práctica, al situar en un mismo plano la política climática europea con las normas comerciales internacionales, reguladas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), y teniendo en cuenta, además, que el actual Régimen de Comercio de Derechos  de Emisión (ETS, en inglés), que es el principal mecanismo de la política climática europea desde 2005, no se aplica a la agricultura.

Este régimen ha sido bastante criticado, puesto que, para evitar la fuga del carbono; es decir, la que ocurre al deslocalizarse nuestras refinerías o acerías y, para evitarlo, se otorgan derechos de emisión gratuitos que, a su vez, repercuten en una bajada del precio de los derechos en el mercado europeo del carbono, mermando, por tanto, la eficacia de la política climática.

Por ello, la UE estudia ahora suprimir estos derechos de emisión gratuitos y sustituirlos por el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM), que supondría que las empresas foráneas que exporten productos a la UE pagarían también el mismo precio por los derechos de emisión que en el mercado europeo, en función del carbono emitido durante el proceso de producción. La ventaja para la UE sería doble, ya que por un lado se contribuiría a la financiación de la política climática y, por otra, se evitaría la competencia desleal y las fugas de carbono desde Europa.

Ahora mismo la agricultura no se incluye en el CBAM, puesto que tampoco lo estaba en el ETS pero sí, por ejemplo, la industria de fertilizantes, que está protegida en el mercado comunitario por derechos de aduana y medidas “antidumping”, lo que encarece en unos 600 millones de euros al año este insumo básico para los agricultores comunitarios. Si el CBAM se aplica a los fertilizantes, pero no a los productos agrarios de países terceros, su precio en el mercado UE se dispararía aún más, elevando los costes de producción agrícola, haciendo más competitivos y atractivos los alimentos importados.

Con meridiana claridad lo expuso Christiane Lambert: “o bien la agricultura y sus sectores derivados se incluyen en el futuro Mecanismo de Ajuste en Frontera de las emisiones de carbono, o bien han de excluirse también las actividades de suministro agrícola y, en particular, de los fertilizantes nitrogenados, para evitar que la agricultura (en especial, los cultivos herbáceos) pierda toda su competitividad en los mercados.”

Hay muchas dudas de que se esté escuchando a la comunidad agrícola en este contexto o de que se le esté prestando la misma atención que la que se sigue con el Pacto Verde Europeo. De ahí la importante preocupación existente en el sector agrario comunitario.

Desde una perspectiva agrícola, el COPA-Cogeca considera, de hecho, que el CBAM podría ser una importante herramienta para evitar la fuga de carbono –la deslocalización productiva- en todos los sectores agrícolas, siempre y cuando sea coherente con el sistema arancelario europeo, que depende de la propia política comercial, y con las expectativas y los intereses a defender para los agricultores de la Unión.

Impacto del Pacto Verde

Ahora que también está en proceso de revisión la política comercial de la UE,  con la intención de incorporar, entre otros, los elementos del Pacto Verde, pero también aspectos esenciales sobre la higiene, salud y seguridad de los alimentos, considerados urgentes tras lo acontecido con la pandemia de Covid-19, sería un buen momento también para hacer una evaluación de impacto sobre las consecuencias que todo ello puede tener sobre el sector agrario comunitario.

Lo que se exige, fundamentalmente, es que ambos elementos, el Pacto Verde Europeo y la reforma de la política comercial de la UE, avancen de manera coordinada, con la misma determinación y con un ritmo similar, puesto que si no lo hacen así, la agricultura europea y los agricultores y ganaderos pasarán a ser una de las víctimas propiciatorias a sacrificar en el altar de la libertad de mercado.

Al margen de algunas declaraciones que inciden en que esto debería ser así, la realidad es que nadie conoce el impacto que tendrán las medidas que quiere impulsar el Pacto Verde Europeo en la esfera comercial, interior y exterior, ni cómo afectará a los precios de mercado, a la renta de los agricultores y ganaderos comunitarios, o a la seguridad alimentaria de la UE. Así lo señaló  también en un reciente artículo, Ramón Armengol, presidente de la Confederación de las Cooperativas Agroalimentarias europeas (Cogeca).

Armengol incide en que hay quien se pregunta si la Comisión Europea puede garantizar que las importaciones provenientes de países terceros cumplen, en la fase primaria, con todas nuestras mismas normas de producción y sobre si los agricultores de países terceros retirarán de la producción el 10% de las tierras agrarias, como se les exige a los de la Unión mediante el Pacto Verde. La respuesta en ambos casos es NO. Y no, porque no estaría en consonancia con nuestros compromisos internacionales, ni con las directrices de la OMC.

“Green Deal“ y comercio

Por eso es necesario, como recalca el presidente de la Cogeca, que se incluyan los objetivos del Pacto Verde Europeo en la política comercial de la  UE y que, viceversa, se tenga en cuenta la realidad comercial dentro del “Green Deal”.

Y aún así, todo esto tampoco bastaría, porque el siguiente paso, quizás, sería el más difícil: integrar la “nueva” visión comercial de la UE en la revisión a la que deben someterse las reglas aplicadas por una OMC reformada.

Las nuevas ideas sobre las disciplinas del comercio internacional como, por ejemplo, en lo relativo al Mecanismo de Ajuste del carbono en frontera, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático o, a nivel interno de la propia OMC, el buen funcionamiento del órgano de resolución de diferencias adquieren el rango de palabras mayores, siendo algo que, por mucho empeño que se ponga, no se va a conseguir de la noche a la mañana y, posiblemente, tarde años en lograrse.

Mientras tanto, a lo que más se puede aspirar la UE es a un intento, nada fácil, de revisar bajo tales condicionantes la mayor parte de los acuerdos comerciales bilaterales que la UE tiene ya firmados con países terceros  o bloques, y aplicar su nueva política “verde” a los que firme a partir de entonces, buscando al menos consensuar una base de mínimos en materia de seguridad alimentaria, sostenibilidad y clima, que satisfaga a todas las partes y guarde la mayor coherencia posible con los requisitos internos que exigirá el Pacto Verde a los productores europeos.

De sobra es conocido que la agricultura europea es ya una de las más avanzadas en su compromiso con el clima y el medio ambiente. No es una agricultura negacionista del cambio climático porque, como señala el presidente de la Cogeca, “somos y seremos los primeros en sufrir sus consecuencias, y todos intentamos tomar medidas paliativas en nuestras explotaciones y cooperativas.”

En resumidas cuentas, para no ser los “mártires de esta historia”, y en lo que respecto al sector agrario y agroalimentario europeo, “cualquier decisión en el marco del Pacto Verde o de nuestra política comercial debe estar sometida a una evaluación rigurosa de su impacto, porque está en juego el futuro de nuestra agricultura”, concluye Armengol.