Guirigay autonómico para elaborar un solo PEPAC

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

En la reunión del pasado 14 de julio de la Conferencia Sectorial monográfica para perfilar el texto definitivo del Plan Estratégico nacional de la Política Agraria Común (PEPAC), cada una de las 17 CC.AA. llevó su propio modelo de aplicación en la cabeza.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, confiaba aún a primera hora de la mañana en que, a pesar de ello, se aprobarían los “parámetros políticos básicos”, como así lo definió, de su “Propuesta de acuerdo para la elaboración del PEPAC”, que constaba de 46 puntos y 14 páginas.

Pero no. El texto de su propuesta, aunque se analizó y debatió, ni siquiera se propuso, valga la redundancia, para su aprobación, porque al ministro, ya por la tarde, no le salió la cuenta de sumas y restas, de a favor o en contra o, al menos, no le salió lo suficiente como para que ese documento hubiese concitado un consenso ampliamente mayoritario. Y no le salió porque incluso algunas de las CC.AA., gobernadas por próceres socialistas, se habían posicionado críticamente en contra.

Baste, como ejemplo, (el ministro dijo que tomaba nota) lo que comentó Itziar Gómez, la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno Foral de Navarra, tras este encuentro. Gómez señaló que la propuesta (de haber sido aprobada) hubiese sido, a su juicio, un “error histórico”, mostrándose “tremendamente decepcionada” por el giro de 180 grados del Ministerio, pues hace un año aseguraba que eliminar los derechos históricos no iba a ser un problema, porque la mayoría de las CC.AA. abogaba por ello.

Además del desacuerdo en este punto central, la consejera navarra mostró también su disconformidad con los requisitos del pago redistributivo que, a su entender, era como un “café para todos” a las primeras hectáreas de todas las explotaciones, así como su discrepancia con la definición de “agricultor activo”, que se abría a más beneficiarios que en la actualidad, al incluir automáticamente a los pluriactivos, que cobrasen menos de 5.000 euros de ayudas directas de la PAC, a los cuales no se exigiría que sus ingresos agrarios sobre los totales fuesen al menos del 25%, ni estar afiliados a la Seguridad Social Agraria.

La consejera de la Comunidad Foral fue la más crítica con la propuesta de Planas, incluso más que las CC.AA. gobernadas por el Partido Popular y mucho más que sus homólogos de Aragón y Castilla-La Mancha, Joaquín Olona y Francisco Martínez Arroyo, que también la consideraron insuficiente y a quienes les supuso un alivio el hecho de que no se votara para su aprobación, así como que el supuesto acuerdo de la reunión fuera limitarse a señalar que se continuaría trabajando “en paz y armonía” sobre la base del documento presentado. La voluntad es llegar a un consenso” en los próximos meses, con la fecha del 31 de diciembre marcada en rojo, que es cuando el Gobierno debería haber enviado ya el PEPAC a Bruselas.

Ya lo comentó el propio ministro que, aunque de puertas afuera se mostró optimista, acorde con su talante habitual, volvió a señalar que, de momento, en este partido está de árbitro para tratar de consensuar una postura común, una “plantilla” común de Plan Estratégico con todas o con la mayor parte de las CC.AA. Pero que, a la vez, no debió verlo tan bien, porque también declaró que “no sé si llegaremos a un acuerdo en Nochebuena o en Nochevieja, pero sería bueno hacerlo antes.”

Ecoesquemas

En el cronograma que se remitió figura una reunión técnica sobre los “ecoesquemas” este mismo miércoles 21 de julio y luego, a finales de septiembre o primeros de octubre, un nuevo encuentro MAPA-CC.AA. en Conferencia Sectorial monográfica para seguir avanzando a partir de la propuesta presentada por Planas y en la que es la principal medida de la “ambición ambiental” de la próxima PAC.

Unos ecoesquemas que suscitan todavía bastante preocupación. No en vano supondrán el 23% de los pagos directos, unos 1.200 millones de euros anuales, a cobrar por los agricultores y ganaderos que apliquen, voluntariamente, al menos alguna de una serie de prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente. No estarán obligados a hacerlo, como sí el Gobierno a ponerlas en marcha, pero si no las aplican, tampoco cobrarán esas ayudas. El ministro se mostró confiado en que nadie se quede atrás y que todos puedan encajar estas prácticas en su actividad para acceder a las ayudas.

Todas las CC.AA. coincidieron en que los ecoesquemas necesitan mucho más tiempo de negociación y maduración. La Comunidad que más está peleando por que así sea es Castilla y León. Su consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, se mostró a favor de seguir negociando, porque “no se podía alcanzar un acuerdo definitivo si no se conocía el desarrollo de los ecoesquemas”, defendiendo un “modelo de ecoesquema único” incentivador y en el que “cada agricultor o ganadero tenga uno que se identifique con su método de producción.”

Los ecoesquemas, aunque son uno de los elementos clave del próximo Plan Estratégico nacional, no son los únicos que suscitan debate y controversia. Carnero insistió también en un plan nacional de apoyo al sector ovino y caprino y una mejor definición de “agricultor activo”,  ajustada a la realidad.

Por su parte, la consejera de Agricultura, la popular Carmen Crespo, cuyo sector agrario -y por tanto, su Gobierno, se habían mostrados muy críticos en el último año con el ritmo que quería aplicar el MAPA al proceso de convergencia interna del valor de los derechos individuales de pago, se mostró más prudente (“razonablemente satisfecha”), tras esta última reunión.

A Andalucía le favorece una convergencia interna, como la aprobada en la UE, que permite que estos derechos se ajusten a un máximo del 85% del valor medio de cada región hasta 2026. El MAPA prevé 5 acercamientos en porcentajes iguales desde 2022 a ese año, y plantea llegar al 100% de ajuste entre 2027 y 2029; momento en el cual el sistema de derechos históricos, al estar igualados en su importe a la media de cada región, perderían su razón de ser.

Crespo también ve con buenos ojos la intención del MAPA de reducir el número de regiones agronómicas, que es donde se establece el valor de cada derecho de pago, desde las actuales 50 a un máximo de 20 (se ignora cuántas pueden ser finalmente), al considerar que con 20 aún podría seguir recogiéndose la realidad diversa de la agricultura andaluza, desechándose la idea del Ministerio de ir hacia un recorte drástico de regiones ante la gran diversidad productiva del sector agrario español.

Asimismo, el hecho que el MAPA se comprometa a una intervención sectorial para el olivar tradicional; que las frutas y hortalizas puedan a partir de 2023 contar con derechos de pago, y que la definición de “agricultor activo” incluya a los pequeños productores a tiempo parcial “pluriactivos”, muchos de ellos procedentes del olivar, son puntos a favor que también agradaron a la consejera popular de Andalucía.

En cambio, el consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona, defensor a ultranza de una ayuda a la renta para los agricultores profesionales y familiares, que había formado un “tándem” de CC.AA. socialistas con Navarra y Castilla-La Mancha, y que también se había opuesto a la propuesta del MAPA, se mostró aliviado de que, al final, no se hubiese votado la propuesta de Planas, al estimar que persistían bastantes diferencias en “aspectos críticos”.

En concreto, para su Comunidad la propia definición de “agricultor activo”, que daba “manga ancha” para que cualquier persona física, que ejerza alguna actividad agraria durante unas horas a la semana, sea considera así y tenga derecho a percibir ayudas directas; los pagos redistributivos a las primeras hectáreas, que cobrarían también todos, profesionales o no; el mantenimiento de los derechos históricos, así como la excesiva dilatación de la convergencia interna del valor de los mismos hasta 2026 ó 2029. Olona, en cualquier caso, consideró que existe margen todavía para lograr algunos avances si todas las CC.AA. ceden en algo y ponen de su parte para alcanzar un acuerdo antes de finales de año.

Falta de ambición

Su homólogo castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, consideró que a la propuesta del MAPA, aunque “le falta ambición”, servirá como “hoja de ruta” para avanzar en el modelo de aplicación del Plan Estratégico, puesto que el debate sigue estando “muy abierto” y el documento se ha visto que no era suficiente para acordar todavía nada. Martínez Arroyo se mostró prudentemente optimista, a pesar de que los derechos individuales o históricos de pago se mantienen aún, y satisfecho de que el olivar tradicional (en secano y pendiente) vaya a contar con intervención sectorial de 30 M€ anuales a través de las organizaciones de productores.

Galicia y las CC.AA. de la Cornisa Cantábrica (Alejandro Calvo, Asturias; Guillermo Blanco, Cantabria, y Arantxa Tapia, País Vasco) recalcaron que la propuesta de Planas tenía aspectos positivos, pero que aún faltaba mucho por hacer y por decir, y le sobraba indefinición, por lo que había que seguir avanzando para que en el Plan Estratégico contemple la singularidad del modelo de pequeña y mediana explotación familiar de esta zona, basada en agro-ganaderías extensivas. En concreto, valoraron que la ganadería extensiva y la láctea cuenten con mayor apoyo, a través de las ayudas asociadas a la actividad.

El conselleiro gallego, el popular José González, se congratuló, además, de que el MAPA se haya comprometido a regularizar unas 75.000 hectáreas de pastos y forrajes que los agricultores y ganaderos de esta Comunidad declaran al solicitar las ayudas de la PAC, pero por los que no cobran derechos, debido a “circunstancias históricas”. Una petición que ve de justicia, porque si en la próxima PAC van a percibir ayudas directas sectores que hasta ahora no las percibían (frutas, hortalizas, patata y parte del viñedo), “era hora también de solventar la situación de Galicia.”  Estos nuevos derechos de pago procederían a partir de 2023 del reparto que cada año se hace de la reserva nacional de derechos.

Las que mejor acogieron la propuesta del MAPA fueron las consejeras socialistas de La Rioja, Eva Hita, y Extremadura, Begoña García Bernal. La primera, no obstante, se alineó más con la posición de Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha sobre la necesidad de mejorar la definición de “agricultor activo”, acabar con los derechos históricos de pago cuanto antes y acelerar la convergencia interna, aunque abierta a la negociación de estos próximos meses.

La segunda, parece tener amarrado el compromiso del ministro para que la comarca tabaquera de La Vera siga siendo región agronómica y teniendo el valor más alto de los derechos de pago de toda España, así como para la regionalización del regadío, que fusionaría las comarcas de Trujillo, Miajadas, Don Benito y Vegas Bajas, donde los cultivos de arroz y tomate de transformación son importantes y cuentan también con derechos de pago de alto valor.

Más indecisa con la propuesta se mostró la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, quien señaló que no le gustaban los criterios de reparto de las ayudas, porque mantenían el “statu quo” actual, discriminando a los agricultores de su Comunidad. Fue crítica con la continuidad de los derechos históricos de pago y, en cambio, valoró el reconocimiento de la “pluriactividad” para poder recibir las ayudas directas de la PAC y que haya derechos de pago para las frutas y hortalizas.

Entre las CC.AA. populares, las más críticas con la propuesta de Planas fueron la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. En la primera, su consejero de Agua y Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, afirmó que no recogía las necesidades particulares de los agricultores y ganaderos más vulnerables de esta Comunidad, ni la creación de una región agronómica para los secanos del Sureste peninsular o de un ecoesquema para que en esta zona se pueda hacer frente al riesgo de desertificación.

La segunda, la renovada consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la CAM, Paloma Martín, se quejó de que no se cuente con las organizaciones profesionales y, al igual que el consejero murciano, expresó su malestar por la falta de transparencia e información -ausencia de estudios de impacto real y por regiones- de la propuesta del MAPA, sobre todo en lo relativo a las nuevas exigencias medioambientales (ecoesquemas).

Las CC.AA. insulares se mostraron razonablemente satisfechas. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de las Islas Canarias, Alicia Vanoostende, principalmente porque se mantendrá el montante presupuestario de los fondos específicos de la PAC a la insularidad (Programa Poseican) y por los avances en la definición de “agricultor activo”, al incluir a los “pluriactivos” a tiempo parcial.

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern balear, Mae de la Concha, valoró que el MAPA reconozca el Archipiélago como región insular propia, aun reconociendo que todavía quedan aspectos por mejorar en la propuesta.

En última instancia, respecto a la opinión de la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, nada se supo, aunque se da por descontado que Cataluña se opone a un único Plan Estratégico nacional y que desearía tener todas las competencias posibles en el ámbito agrario para contar con un Plan catalán, con el que negociar directamente, sin intermediación del Estado español, con Bruselas.