Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez
La mera declaración institucional de que nuestra agricultura, nuestra ganadería o nuestra agroindustria alimentaria y pesquera son consideras básicas, esenciales y estratégicas para la economía y la sociedad española no les ha salvado de sufrir a lo largo del 2020 las nefastas consecuencias de la pandemia de Covid-19.
Es más, podría decirse que el hecho de que hayan seguido “funcionando”, con todos los esfuerzos imaginables posibles, abasteciendo de prácticamente todos los alimentos y bebidas a la población, les ha creado una imagen distorsionada ante la ciudadanía de que no se han visto afectados por la actual crisis sanitaria o, al menos, no tanto o al mismo nivel que otros sectores de la actividad económica y, por nombrar algunos, la automoción, la aviación civil, el turismo, la hostelería y restauración u otros numerosos servicios de ocio, etc.
En parte es verdad, pero en gran parte no es cierto. La industria agroalimentaria se ha visto muy afectada por esta crisis pandémica, debido al elevado “efecto de arrastre” que tiene, en el marco de la economía española, sobre otras actividades productivas, en especial corriente abajo por su conexión con la producción agropecuaria y pesquera y, corriente arriba, con el canal Horeca, ligado, a su vez, con las actividades de servicios (colectividades) y de ocio (turismo, gastronomía, religioso, cultural/artístico…etc.).
El estudio “Impacto de la crisis del Covid-19 en la industria de alimentación y bebidas españolas”, elaborado por la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), con apoyo del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así lo recoge, al destacar que, solo en términos de facturación, el sector agroindustrial ha sufrido una merma estimada de 3.680 millones de euros desde el inicio de la declaración del pandemia, a mediados de marzo, previendo, además, que las restricciones para controlar la pandemia continuarán recortando el valor de la producción en cerca de un 4% en relación a la cifra de 2009, hasta quedar, aproximadamente, en unos 116.700 millones de euros, con un valor de mercado un 5,7% inferior. Hasta octubre, el tejido empresarial del sector agroalimentario tenía contabilizadas cerca de un 6,8% y 1.800 empresas menos, la mayor parte de pequeña dimensión, que en el mes de febrero.
Este tajo estadístico es, sin duda alguna, un importante revés a la competitividad de la industria de alimentación y bebidas, sobre todo las de pequeña dimensión, orientadas al más cercano mercado local o regional, como reconoce Mauricio González de Quevedo, director general de FIAB, pero también está afectando, y mucho, a las que tienen (o tenían) orientado su negocio al canal de la hostelería y de restauración (Horeca), incluidos los servicios de comedor de colectividades), más aún ante la práctica paralización del turismo internacional.
En el estudio se recoge que en 2019 el valor de las ventas al canal Horeca alcanzó cerca de 21.000 millones de euros y, previsiblemente, en 2020, debido al impacto de las medidas adoptadas (confinamiento de la población, cierre o drástica limitación de presencia de clientes y limitación de horarios, clausura de actividades de ocio y esparcimiento…etc.) esta cifra se reduzca nada menos que entre un 50% y un 60%, dejándola en apenas 9.200 millones, con pérdidas (o menos ingresos) por importe aproximado de 11.700 millones de euros. ¿Qué empresa es capaz de soportar por sí sola esta radical caída en su cifra de negocio? A bote pronto y en frío, la respuesta más lógica es casi ninguna.
No todo es negativo
Aunque el resultado macro-económico final sea adverso, no todo resultará negativo en el sector de la industria de alimentación y bebidas en 2020. Esto es algo también a resaltar. Por un lado, en el estudio se indica que los ingresos procedentes del canal de la distribución alimentaria (física, a través principalmente de supermercados y tiendas de cercanía, y “online”, a través del “eco-commerce” de Internet) se incrementarán aproximadamente entre un 10-15%, con un aumento de la facturación del orden de 7.000 millones de euros.
Por otro lado, afortunadamente, las exportaciones también están aumentando a nivel global en torno a 780 millones de euros en relación a 2019, aunque habrá que esperar a conocer el dato final del año. En el estudio se indica que el sector de alimentación y bebidas logrará un superávit comercial próximo a 11.600 millones de euros (es previsible que sea superior, debido al fuerte descenso que están experimentando las importaciones en estos últimos meses), frente a los 9.643 millones en 2019, gracias al aumento del 2,5% de las ventas en valor al exterior, combinado con el retroceso del 5% de las compras.
A pesar de estos buenos datos macro, también existe un “pero”. Según el estudio, “la actividad en el mercado exterior se mantiene por el efecto coyuntural del gran aumento de las exportaciones de productos del porcino a China por la crisis de la peste porcina, pues, eliminando este factor, las exportaciones hubiesen experimentado un retroceso moderado, estimado en torno al 2,5%.” Por ejemplo, en los mercados de la Unión Europea, nuestro principal socio comercial al no existir aranceles de por medio, las ventas de la industria alimentaria retroceden un 1,1%.
El otro “pero” al resultado claramente positivo de las ventas de la distribución alimentaria es que un buen número de productos agroalimentarios, cuya orientación hacia el canal Horeca es tan determinante en su negocio que, ni siquiera buscando alternativas “online” o de venta más directa, o intentando entrar en la distribución, han podido compensar el cierre o las fuertes limitaciones adoptadas en la hostelería y restauración. Por ejemplo, la industria cárnica especializada o “gourmet” (jamones, ibéricos, vacuno de calidad, lechazo, cochinillo, foie, etc.), la industria de pescados y mariscos, la de los vinos de calidad y bebidas espirituosas; la repostería de calidad; la industria láctea-quesera de alto valor añadido (cabra, oveja…) etc.
Más costes, menos empleo
Como ha sucedido también en otros sectores de la actividad económica, las empresas de alimentación y bebidas han tenido que afrontar un aumento de sus costes, incluidos los laborales, a raíz de la aplicación de distintas medidas de seguridad extraordinarias (EPIs, test serológicos, trabajo a distancia, recorte de la actividad comercial y de marketing…) para evitar contagios, mientras que, a la vez, se producía un notable descenso de sus ingresos desde el inicio de la crisis del Covid-19 tanto en volumen (menores unidades comercializadas), como en valor (menor precio de venta por unidad).
El cese de actividad o el cierre de empresas (casi 1.800 menos en comparación con febrero) provocó también una disminución de la fuerza laboral en unos 7.250 trabajadores empleados hasta octubre aunque, si se suman los que están en situación de ERTE (2,6% del sector agroalimentario y un 4% en el subsector de bebidas), la caída del nivel del empleo sería de unos 13.900 trabajadores.
Financiación coyuntural
El estudio señala que las empresas de esta actividad industrial han recurrido, en gran medida, a la financiación asociada a los avales púbicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que les ha permitido afrontar problemas coyunturales de falta de liquidez y de circulante para continuar con su negocio ante la pérdida de ingresos.
Esta financiación, apoyada por el Estado con un aval de más del 70% del capital prestado por las entidades financieras, con uno o dos años de carencia y entre 5 y 8 años para su amortización, fue solicitada hasta finales de noviembre por 10.547 empresas de la industria de alimentación y bebidas, que llevaron a cabo 20.538 operaciones para pedir prestados 5.562 millones de euros, con un aval público de 4.191 millones, que garantizaba el 75,4% del crédito total solicitado.
La ventanilla para solicitar este tipo de préstamos garantizados con la Línea ICO Covid-19 estará abierta para pymes y autónomos en principio hasta el 1 de junio de 2021, aunque las entidades financieras tendrán hasta finales de ese mes para poder concederlos.
Estos préstamos, en una situación global de bajos tipos de interés suponen un importante alivio a la difícil situación económica por la que están pasando muchas industrias agroalimentarias, pero no hay que olvidar que no son ayudas directas, sino capital que hay que devolver, aunque los plazos para hacerlo son bastante generosos (de 5 a 8 años, con uno o dos de carencia) y es de esperar que para entonces la mejora paulatina de la situación económica general lo permita.
Medidas para la competitividad
Sin pretensión de ser exhaustivos, el estudio de FIAB-IEE enumera las diferentes medidas necesarias para potenciar la competitividad del sector de alimentación y bebidas, pero priorizando, en el corto plazo y en el actual contexto pandémico, aquellas acciones enfocadas a la recuperación de la pérdida de ingresos de familias y empresas más afectadas.
A medio-plazo, se considera también que este momento puede ser oportuno para abordar otros ámbitos de la política económica e industrial, sobre todo aquellos que permitan al tejido productivo afrontar los cambios estructurales que están teniendo lugar (como el impulso relacionado con la venta directa a través del comercio “online”), a la vez que minimizar las debilidades sectoriales y mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria española.
De forma más indirecta, pero dadas las importantes interrelaciones económicas que se establecen con otros sectores de actividad, cabe apoyar (o integrar) un paquete más amplio de acciones en otras actividades muy afectadas en su negocio por la crisis sanitaria de Covid-19. Acciones que impulsen el turismo y la hostelería y restauración, que “son claves para aumentar el impacto de las medidas que favorecen a la industria de alimentación y bebidas.”
De forma más general, también se considera imprescindible recuperar la estabilidad u una creciente confianza en la economía española y, más particularmente, de la actividad industrial de familias y empresas, y de los principales agentes y socios comerciales, inversores y acreedores.
Por el contrario, el estudio enfatiza en que se debería evitar en la actual situación de debilidad económica (como vemos con la fuerte subida del IVA a las bebidas azucaradas o edulcoradas, no es el caso en actual Gobierno de coalición) el anuncio o puesta en marcha de cualquier tipo de medida regulatoria, monetaria, financiera o fiscal, que pueda producir o bien un deterioro de las expectativas favorables sobre la evolución económica en el corto y medio plazo, o bien una contracción sobre la actividad productiva y el empleo en el sector agroalimentario, que pudiera incidir también en su competitividad industrial y comercial sobre la demanda interna y exterior.
Los seis grandes ejes que recogen las distintas y variadas medidas necesarias para recuperar la competitividad de la actividad de la industria de alimentación y bebidas son: medidas de ámbito económico y fiscal; medidas de fomento y protección del empleo; medidas de generación de demanda y fomento del consumo; medidas de apoyo a la exportación; medidas de competitividad y sostenibilidad industrial, y medidas de fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Aunque es muy importante contar con un escenario y un clima propicios para el crecimiento y desarrollo de esta actividad clave y estratégica para la economía española, y así se pone de manifiesto en el informe, se echa un poco en falta en el mismo algo más de reflexión y de capacidad de autocrítica. Si lo primero es muy necesario, lo segundo también es clave, aunque posiblemente esto último era más difícil de contemplar y tampoco no era el objetivo final de este estudio.