Insuficiente mejora de la posición de los productores de leche en la cadena de suministro

El segundo informe de la Comisión Europea sobre “La evolución de la situación del mercado en el sector de la leche y de los productos lácteos y del funcionamiento de las disposiciones del “Paquete lácteo”, adaptadas tras la crisis de 2009, concluye que, en cierta medida, se ha cumplido con el objetivo principal de mejorar la posición de los productores en la cadena de suministro. En especial mediante actuaciones colectivas de productores que van más allá de  esas disposiciones, pero constatando que “puede hacerse más para seguir mejorando esa posición de manera significativa”.

Por ello y para que se materialice plenamente su potencial se necesita más tiempo y más medios, especialmente con respecto a actuaciones colectivas más amplias que la negociación colectiva. La CE indica, en este sentido, que  “habrá que pensar en hacer extensiva su aplicación después de 2020, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una mayor integración de los ganaderos en organizaciones de productores (OP)”.

Esa visión general no esconde, sin embargo, que la posición de España en lo que se refiere a los contratos de entrega obligatoria, las OP y la negociación colectiva, deja mucho que desear si se la compara con la de sus homólogos comunitarios. Nadie puede negar que se ha avanzando mucho, bastante, en estos temas, si se tiene en cuenta que no hace tantos años en nuestro país imperaba y se aplicaba la ley de la selva en las relaciones entre productores y compradores de leche.

Aún así, existe la sensación de que son todavía los más fuertes los que siguen imponiendo su ley a los más débiles, a pesar de todas las normas y disposiciones incluidas en el “Paquete lácteo”, porque no basta su existencia, sino que se cumplan y, sobre todo, que haya un seguimiento y un control de su cumplimiento. Y ahí, en esto último es donde siguen fallando los poderes públicos y, quizás, otros agentes privados que deberían corresponsabilizarse más con esta función.

En sus conclusiones, la CE señala que los contratos de entrega obligatoria de leche se aplican de forma generalizada en los Estados miembros donde el porcentaje de cooperativas es escaso. Este instrumento formaliza las relaciones entre productores y transformadores en los 13 Estados miembros, entre ellos España, y representa el 41% de las entregas totales de leche en la UE. Los contratos entre los ganaderos y la cooperativa a la que pertenecen, así como los códigos de buenas prácticas no están incluidos en el “Paquete lácteo”, lo que no quiere decir que no puedan contener disposiciones similares a lo que dicta la norma (artículo 148 del Reglamento de la OCM Única).

En nuestro país, apunta el informe, los distintos códigos voluntarios de buenas prácticas y  los acuerdos se implantaron en 2015 y en ellos participan agentes del sector agroalimentario y, en particular, la organización interprofesional lácteo (InLac). Es cierto que mayormente se ha impuesto la “cultura” de la obligación de hacer contratos y de que éstos lo sean por escrito. Eso ya es por sí solo un mérito, pero subyacen graves fallos, como que el acuerdo contractual casi siempre es una imposición de la parte más fuerte (la industria transformadora o el comprador intermediario) sobre el más débil (el ganadero productor). Aquélla fija sus condiciones sobre las entregas de leche en plazos (no se cumple casi nunca con la obligación de que el contrato dure como mínimo un año) y, por supuesto en volúmenes de entrega, precios y calidades, aprovechándose también de que estamos ante un producto perecedero.

Organizaciones de Productores

La CE suma 260 OP reconocidas en once Estados miembros, entre ellos, España (según los últimos datos, 6 OP de leche de vaca y 2 OP de leche de ovino) con resultados tangibles para los ganaderos: más del 60% de las OP declaran en una encuesta que los precios de la leche son mejores o más estables y el 80% de éstas prestan uno o varios servicios que añaden valor a la oferta de la leche o respaldan las actividades de los productores, como organizar el intercambio de información o de experiencias (aproximadamente el 65%), la recogida de leche (aprox. un 50%), el control de la calidad (aprox. 50%), el apoyo y asesoramiento técnico y económico (aprox. 40%), y la adquisición conjunta de insumos (aprox. 30%).

La producción comercializable anual de las 259 OP de leche de vaca y reconocidas se aproximaba al 13% de las entregas totales de leche de la UE en 2015 y al 37% de las entregas totales fuera de los circuitos de cooperativas.

Las propias organizaciones del sector lácteo español reconocían en una encuesta de la Comisión que las OP en nuestro país tienen escaso potencial, porque el grado de organización o estructuración es insuficiente y porque la herramienta (legal) no es la adecuada. Entre las razones principales identificadas por la CE para que no haya una mayor implantación en la UE estaban un conocimiento insuficiente de los agricultores sobre los objetivos, consecuencias y ventajas derivadas de la adhesión de las OP y la falta de apoyo para su creación, en cierta medida unida también a una información deficiente, ya que existen posibilidades en el marco del desarrollo rural.

Otras causas de la baja implantación de las OP son las cargas administrativas y financieras para su creación y reconocimiento; las dudas de los ganaderos que son reacios a entrar por vez primera vez o de nuevo en estructuras colectivas (OP o cooperativas), que se añade al miedo a la pérdida de autonomía en el sentido más amplio; la incertidumbre sobre el margen de maniobra de las OP y las Asociaciones de OP dentro de las normas de competencia, así como el escepticismo acerca de la capacidad de las OP para lograr mejores resultados mediante la negociación colectiva o para garantizar la recogida de leche de todos sus miembros.

Ideas para crear o mejorar las OP

Ante estas deficiencias, los Estados miembros proponen algunas ideas para estimular la creación de nuevas OP o mejorar el funcionamiento de las existentes, con el fin de animar a los ganaderos a celebrar acuerdos de producción conjunta. Entre éstas, hacer que los ganaderos estén más al corriente del funcionamiento y el potencial de las OP; mejorar la capacidad de gestión y de negociación del personal de las OP; proporcionar apoyo financiero, que ya existe a través en el marco del segundo pilar de la PAC (desarrollo rural) en 16 Estados miembros, entre ellos España, para utilizar mejor los instrumentos ya disponibles; ofrecer incentivos financieros para que OP y cooperativas en capacidades para transformar su propia leche y obtener así un mayor valor añadido final, así como dar prioridad a las OP frente a los productores individuales para acceder a los regímenes de ayuda, en forma de primas, criterios de admisibilidad o porcentaje de cofinanciación más elevados.

En suma, todo un conjunto de soluciones para que nuestro Ministerio de Agricultura y nuestras CC. AA. pongan en marcha si de verdad quiere potenciar unas OP, que no terminan de arrancar en nuestro país, si bien el funcionamiento de las existentes es dispar (mejor en el Sur, que en el Centro y Galicia). Como dijo en su día la actual ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, con cuatro OP bien estructuradas y dimensionadas en España se podría solucionar el problema de la organización de la oferta de leche de vaca.

Existen, sin embargo, muchos frenos para su  creación y desarrollo. Empezando por un marco legal que no apoya lo suficiente para su creación, ni impone, ni deja claras sus funciones en la gestión de los volúmenes de leche, desde la obligación de la totalidad de las entregas de los ganaderos, hasta el marco de relaciones contractuales con la industrias transformadora u otros compradores, como tampoco las ventajas y beneficios que para un ganadero supondría pertenecer a una OP frente a la opción individual.

Por estos y otros motivos, las OP carecen de buen predicamento en nuestro país, al contrario que en Alemania, Francia u otros países comunitarios. Salvo excepciones, que podrían ser un ejemplo válido, la mayor parte de las organizaciones agrarias ven a las OP como entidades que les hacen cierta competencia en sus funciones de representación del sector ganadero y que les puede restar protagonismo ante las Administraciones. También, buena parte de la industria de transformación y otros compradores prefieren la opción de “divide y vencerás” y negociar individualmente con cada ganadero, antes que con una organización que agrupe la oferta, por lo que hacen todo lo posible o imposible para tratar de debilitarlas. En el mejor de los casos, buscan una integración vertical, como tienen otros sectores ganaderos de cría  intensiva, como el porcino o el avícola de puesta o carne. Las cooperativas tampoco ven, al final, las ventajas de crear una OP, cuando pueden por sí mismas realizar las mismas funciones para el socio ganadero, optando más por fusiones o integraciones propias de comercialización y/o transformación conjunta de la leche.

Negociación colectiva

El informe de la CE indica que solo seis Estados miembros notificaron entregas de leche cruda en 2014 y 2015 conforme a contratos negociados colectivamente, que representaban un 25% de sus entregas totales de leche en 2015. Esto supone aproximadamente un 13% de las entregas totales de leche cruda en la UE. No hubo intervención de las autoridades nacionales de defensa de la competencia por afectar a la misma o por daños graves a las empresas de transformación debido a las negociaciones colectiva.

En España, los contratos negociados de forma colectiva se realizaron en 2014 sobre un volumen de 840.000 toneladas de leche, equivalente al 13% de las entregas del Estado miembro, pero bajó un año después, en 2015, hasta 621.000 toneladas, equivalente a solo el 9% de las entregas totales. Frente a estos datos, Alemania, concentraba el pasado año 13.253.000 toneladas, equivalente al 42% de sus entregas y Francia 5.171.000 toneladas, equivalente al 20% de sus entregas. Esto evidencia un problema en nuestro país, cuyos ganaderos no han sabido o, mejor dicho, no han podido, aprovechar las ventajas de llevar a cabo una negociación colectiva del suministro de leche.

En Alemania, por ejemplo, las AOP adquieren un papel más importante, pues dos de las cuatro  reconocidas en ese país declararon en 2015 negociaciones por un volumen de 5,5 millones de toneladas, el 42% del volumen total negociado colectivamente, mientras que en Francia, el porcentaje sobre las entregas totales ha aumentado en los tres últimos años, en consonancia con la evolución del número de OP reconocidas.

Factores de éxito

Los factores de éxito esbozados por los Estados miembros sobre el potencial de desarrollo de la negociación colectiva está relacionados con elementos como la dimensión adecuada de las OP: es necesario un tamaño mínimo para tener un verdadero poder de negociación, pero tampoco deben ser demasiado grandes al principio, porque corren el riesgo de ser ineficaces y de operativa inmanejable. Las OP de los Estados donde sí se han implantado con cierto éxito cuentan de media de 100 a 250 miembros, respectivamente.

La CE se plantea revisar las condiciones y requisitos administrativos para el reconocimiento de las OP, con el fin de fijar unas dimensiones mínimas razonables, evitando al mismo tiempo cualquier discriminación entre los ganaderos de los distintos Estados miembros, debido a la actual divergencia de criterios. Y anima a los Estados a que tomen las medidas necesarias para fomentar la creación de OP que realicen actuaciones colectivas que rebasen la negociación colectiva y que aumenten su importancia en la cadena de suministro de la leche.

Otro factor es que mejora el conocimiento de los compradores de leche sobre las posibles ventajas de la negociación colectiva con grupos de ganaderos por la facilidad de la negociación, los menores costes de transacción, garantía de suministro y mejora de la comunicación. Aspectos que no parecen haber sido suficientes para que los compradores se convenzan de las ventajas de este tipo de negociación que agrupe en suministro de leche cruda.

Actuaciones

La CE considera que podría pensarse en actuaciones de carácter pedagógico, financiero u operativo (talleres de intercambio de experiencias y mejoras prácticas, campañas para ganaderos e industria transformadora, dar prioridad a las OP frente a los productores individuales, ayuda financiera adicional a las OP, fomento de agrupación de las OP…), tanto a nivel UE, como nacional para hacer más atractivo al sector el potencial de las OP y de las negociaciones colectivas, que estima “aún no se ha explotado plenamente”.

La ayuda financiera para las OP, complementaria a la que ya está disponible en el marco de Desarrollo Rural y supeditada al logro de los objetivos de la negociación colectiva, podría estimular esta práctica y fomentar una mayor integración entre productores y transformadores. Aspecto que tampoco han calado o se han tenido en cuenta por el momento en nuestro país.

La solidaridad entre los productores, como algo fundamental para el funcionamiento eficaz de las OP. Y, en este sentido, la posibilidad de que los ganaderos eludan los acuerdos concluidos por las OP para lograr unas condiciones más favorables socava el buen funcionamiento de estas organizaciones. Como es conocido, a este socavamiento de la solidaridad contribuyen en muchas ocasiones tanto la industria, como los primeros compradores intermediarios, que “trabajan” para la misma, en nuestro país.

La CE se plantea la posibilidad de establecer la obligación de que los ganaderos que pertenezcan a una OP entreguen toda su leche, o una parte mínima, a través de sus OP, o de que los compradores de leche negocien con las OP y no con los miembros de éstas, para evitar que se eluda la negociación colectiva que persiguen las OPs.

El informe comunitario también alude a que las organizaciones interprofesionales tengan más margen de maniobra para que sean más eficaces, abogando para que los requisitos para la aplicación del mecanismo de “extensión de norma” sean más flexibles o para que desempeñen un papel más importante en la prevención y gestión de las crisis, sobre todo en una planificación de la producción que rebase las disposiciones reglamentarias (artículo 222 del Reglamento de la OCM Única.