'Land grabbing': el fenómeno continúa

Que la tierra destinada a cultivo agrícola, como sucede con el agua dulce, es un bien escaso y limitado en muchas partes del mundo es un hecho que ha sido bastante analizado y contrastado. El fenómeno del land grabbing o compra de tierras fuera de sus fronteras por parte de los Estados, pero también por empresas multinacionales y grandes fondos de inversión, tengan que ver o no con el sector agrario, es algo que no solo está sucediendo en los países en desarrollo del África subsahariana, América Latina, algunas zonas de Asia y de las ex República Soviética, en las que la tierra es barata en comparación con los países desarrollados y la media mundial.

La especulación con tierras agrícolas o su alta concentración en manos de grandes inversores no dedicados a la agricultura están poniendo en riesgo también en algunos países de la Unión Europea, sobre todo del Centro y Este, la agricultura familiar y la producción de alimentos, como se recoge en un reciente dictamen aprobado por el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) referido a “El acaparamiento de tierras: llamada de alerta a Europa y amenaza para la agricultura familiar”, coordinado por el ponente Kaul Nurm.

¿Cuáles son los factores que desencadenan ese acaparamiento de tierras? Como indica el CESE, un mundo cada vez más globalizado y los principios de libre circulación de capitales que le son inherentes; el crecimiento de la población y la urbanización; el aumento sostenido de la demanda de alimentos y de bioenergía; la creciente demanda de materias primas naturales (fibras textiles y derivados de la madera); las vertientes negativas de la política medioambiental y la política agrícola; la oportunidad de especular con el incremento del valor de las tierras agrícolas y con los productos alimenticios en el mercado internacional o, al menos en el europeo, y el deseo de los grandes inversores de invertir el capital liberado de la crisis financiera de 2008 en superficies agrícolas como una inversión más segura.

Para el CESE, la tierra no es una mercancía cualquiera, que pueda fabricarse en grandes cantidades. La tierra es un recurso limitado, por lo que no deberían aplicársele las habituales reglas del mercado. La propiedad de la tierra y la utilización de superficies deben regularse más estrictamente que en el pasado y, por tanto, se considera necesario que tanto los Estados miembros, como la Unión Europea, definan un modelo agroestructural claro del que puedan extraerse conclusiones en términos de utilización del suelo y de derecho fundiario (relativo a los terrenos, fincas o predios agrícolas) y medidas activas que protejan las explotaciones familiares.

Esta institución comunitaria defiende, frente a la alta concentración de tierras en manos tanto de grandes inversores no dedicados a la agricultura, como de grandes explotaciones agrícolas, el modelo europeo de una agricultura sostenible, multifuncional y caracterizada por explotaciones agrícolas familiares que, además de producir alimentos, desempeña funciones importantes para la sociedad rural y desde el punto de vista de la ecología, “algo que un modelo agrícola industrial, dominado por las grandes empresas, no puede ofrecer”.

Capitales y tierras

Pero, ¿qué se entiende por acaparamiento de tierras, cuando, por otra parte, se busca fomentar políticas que aumenten la dimensión de las explotaciones agrarias para que éstas puedan aplicar economías de escala, reducir costes de producción, y hacerlas más competitivas en el mercado global?  El CESE dice que no existe una definición unitaria y reconocida internacionalmente de este concepto, pero que, de manera general, se entiende el proceso de adquirir a gran escala tierras agrícolas, sin consultar previamente a la población local u obtener su consentimiento. Como consecuencia de ello, añade esta institución, las posibilidades de que la población local pueda gestionar una explotación agraria de manera independiente y la seguridad alimentaria se verán menoscabados.

El mercado de tierras agrícolas en los Estados miembros de la UE está regulado de forma muy distinta y diversa. Mientras que en algunos países existen restricciones, otros carecen de ellas, lo que da lugar a una desigualdad entre los Estados miembros. Pero, a pesar de que la política del suelo es competencia de los Estados miembros, apunta el CESE, está sujeta también  a determinadas restricciones en virtud del principio de libre circulación de capitales y mercancías establecidos en los Tratados.

El Comité CESE pide al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE que lleven a cabo conjuntamente una reflexión sobre si la libre circulación de capitales debe garantizarse igualmente en el caso de la enajenación y adquisición de tierras y explotaciones agrícolas, en particular cuando se trata de una relación con terceros países, pero también dentro de la Unión Europea.

Y a la Comisión Europea y de nuevo a la Eurocámara les pide que, sobre la base de un método uniforme, analicen de forma exhaustiva las consecuencias de las medidas políticas aplicadas en los diversos Estados miembros (ayudas y restricciones) en materia de concentración de tierras de cultivo y de producción agrícola, y que, además, analicen los riesgos que la concentración de tierras entraña para la seguridad alimentaria, el empleo, el medio ambiente, la calidad del suelo y el desarrollo rural.

Es más, el CESE se dirige a los Estados miembros de la UE para que orienten la utilización del suelo, de tal modo que se aprovechan las posibilidades existentes, como los impuestos y los  fondos de la PAC, para mantener el modelo basado en las explotaciones familiares. Y, además, para que se les permita fijar límites máximos para la adquisición de tierras agrícolas y para establecer un sistema de derechos preferentes de compra que ayuden a los compradores interesados, cuyas propiedades se sitúen por debajo de ese límite.

En este punto, la Federación Rusa, con amplias extensiones de terreno y a partir de su renacida política tendente a mejorar su autoabastecimiento alimentario, está preparando cambios legales para limitar el arrendamiento y la compra de tierras por extranjeros. Su Ministerio de Agricultura propone limitar la duración de los alquileres de parcelas a extranjeros y que estos no sean superiores al 5% en cada distrito municipal, así como prohibir su compra por empresas  con socios extranjeros. Ahí se incluye que los extranjeros tendrán que transferir sus tierras agrícolas a la propiedad estatal y sólo podrán arrendarlas por un periodo de entre 3 y 10 años, mientras que los ciudadanos rusos podrán hacerlo entre 3 y 49 años.

Sin datos fiables

Es difícil obtener datos fiables sobre las dimensiones del acaparamiento de tierras agrícolas, pues no todas las operaciones de compraventa se registran y las transacciones de superficies entre personas jurídicas no suelen ser suficientemente transparentes. Algunas organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación han realizado estudios en este ámbito. El Banco Mundial cifra en 45 millones de hectáreas en todo el mundo el acaparamiento de tierras en el periodo 2008-2009 y en un informe de Land Matrix se describe cómo en 1.217 grandes operaciones en países en desarrollo fueron transferidas 83,2 millones de hectáreas de tierras agrícolas en total, equivalentes al 1,7% del total de las superficies de cultivo mundiales.

Donde este fenómeno es más pronunciado es en África, con 56,2 millones de hectáreas (4,8% de las tierras agrícolas del continente), seguido de Asia, con 17,7 millones y de América Latina, con 7 millones. En todas las ocasiones, las preferencias se inclinaron por superficies bien situadas y accesibles, con suministro de agua, adecuadas para el cultivo de cereales y hortalizas y que ofrezcan un mayor rendimiento.

Los inversores, que también están interesados en las zonas forestales, proceden en su mayoría de China, la India, Corea del Sur, Egipto, los Estados del Golfo Pérsico, Brasil y Sudáfrica, aunque también algunos de Estados Unidos y de los Estados miembros de la UE. Los países en los que el nivel de precios de los terrenos es alto no interesan a los compradores y ahí se va hacia una mayor concentración de la propiedad de las tierras cuando las grandes empresas se las compran a los pequeños productores, lo que podría ser el caso en nuestro país.

En Europa, el acaparamiento de tierras agrícolas tiene lugar especialmente en los países de Europa Central y Oriental. Aparte de las adquisiciones convencionales, la toma de control de las superficies de cultivo se produce también mediante el expediente de comprar empresas que son propietarias de terrenos agrícolas o que poseen contratos de arrendamiento, lo que conduce a una creciente concentración de la propiedad de la tierra en manos de un número cada vez más pequeño de grandes empresas, y en algunos países de Europa Central y Oriental prevalece una agricultura de carácter industrial. El 1% de las explotaciones agrícolas controla en la Unión Europea el 20% de las tierras de cultivo; el 3% de esas explotaciones controla el 50% y, por el contrario, el 80% de las explotaciones controla solo el 14,5% de las tierras de labor.

Actualmente, se halla en marcha un proceso poco perceptible de acaparamiento y de concentración de la propiedad de las tierras agrícolas, según el CESE, con consecuencias adversas sobre el derecho universal a una alimentación adecuada. Los de mayor dimensión se han producido en Hungría (un millón de hectáreas fue adquirido mediante contratos secretos con capital principalmente de otros Estados miembros de la UE) y Rumanía (aproximadamente el 10% de las tierras de cultivo están en manos de inversores de terceros países y entre un 20 y un 30% suplementario está controlado por inversores de la UE). En Polonia, aunque los extranjeros no están autorizados a comprar tierras hasta mayo de 2016, se sabe que empresas extranjeras, sobre todo de la UE, han adquirido 200.000 hectáreas de tierras.

Una razón de la concentración de tierras en Europa es el pago único por superficie en el marco del primer pilar de la PAC, pues proporciona a los grandes productores una mayor capacidad económica y, por consiguiente, ventajas y más capital para seguir adquiriendo tierras. La concentración de tierras agrícolas conduce a una concentración de las ayudas de la PAC. En 2009, el 2% de las explotaciones familiares obtuvieron un 32% de esa financiación, con diferencias entre los países de la Europa occidental y de la oriental. En 2009, las grandes explotaciones agrícolas en Bulgaria, que representan un 2,8% del total, recibieron el 66,6% de las ayudas y en el caso de Estonia, las cifras son del 3% y el 53%, respectivamente. Por el contrario, en Dinamarca, el 3% de las explotaciones percibieron el 25% de las ayudas PAC y en Austria, el 5,5%, el 25%, respectivamente.