Los beneficios de la agricultura de carbono

Mucho se ha dicho y escrito ya sobre el negocio complementario que puede suponer para el sector las medidas de apoyo a la agricultura baja en carbono. De hecho, han aparecido ya como setas empresas y asesorías privadas que le calculan al agricultor de a pie la “huella de carbono” de su actividad para ver cuánto emite y cuánto absorbe (fija en el suelo), y con qué posibilidades (hipotéticas) cuenta para poder recibir ayudas en un futuro próximo y, sobre todo, si conviene hacer esto o lo otro para mejorar su situación.

Pero cuidado. En éste, como en otros muchos asuntos, se debe ir con prudencia y actuar con tiento para no salir escaldado pagando antes de poder recibir algo a cambio, si es que finalmente lo recibes. Aunque es obligado estar atentos e irse preparando, no hay necesidad de precipitarse sobre lo que todavía no es real, como es cobrar “créditos de carbono” por tu actividad agraria sin que esté aprobado todo el procedimiento, entre en funcionamiento, sea lo más simple y transparente posible para que, al final, compense económicamente acogerse al mismo.

La Unión Europea ha establecido 2050 como el año en el horizonte en su lucha contra el cambio climático, alcanzando la neutralidad en CO2, es decir para que emisiones y absorciones de carbono a la atmósfera se neutralicen y el resultado sea igual a cero. Pero ahora quiere que sectores como el primario (agropecuario y forestal) sea precisamente el primero en cumplir tal objetivo y que, además, lo haga en 2035, para lo cual propone un plan de incentivos económicos a agricultores, ganaderos y silvicultores por el carbono que absorban en sus explotaciones.

El Consejo de Ministros de Agricultura volvió a debatir el pasado 25 de abril las disposiciones que deberían permitir a la agricultura y a los agricultores beneficiarse del reglamento propuesto de la Comisión Europea para establecer un marco de certificación relativo a las absorciones de carbono.

No hay que obviar que este asunto es competencia del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE, aunque el de Agricultura debe ser consultado (solo) para que emita su opinión al respecto, y la intención del primero es poder cerrar una posición común antes de que concluya el mes de junio.  Como en otros aspectos que afectan al sector agrario de la UE, las posiciones de los ministros de Medio Ambiente y de Agricultura muchas veces divergen y chocan entre sí.

La mayoría de los ministros de Agricultura de la UE opinan que las medidas de apoyo a la agricultura baja en carbono deberían ser voluntarias (no obligar a los agricultores a adoptarlas, ya que el principal fin de su actividad es la de producir alimentos) y, sobre todo, incluir también la reducción o mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y no solo las absorciones de carbono en los campos.

La actual propuesta de la CE sobre la creación de un marco para certificar las absorciones de carbono no es muy concreta y los detalles de este dispositivo no se conocerán hasta que concluyan los trabajos en el que está embarcado un grupo de expertos que, tras una primera reunión el pasado 7 de marzo, son los encargados de elaborar métodos de certificación para las distintas actividades de absorción de carbono, entre ellas la agropecuaria y forestal que cuentan, sin duda, con sus propias especificidades. Esto es clave, porque solo cuando se cuente con métodos de certificación, que sean aceptados y aprobados por la UE, se podrá saber también cuál es la forma válida de medición del carbono absorbido por esta u otra actividad. Y, a partir de ahí, cómo se retribuirá y si merece la pena o no emplearse en ello.

Marco de certificación

Ya lo expresó recientemente el ministro de Agricultura francés, Marc Fesneau, al advertir que este marco de certificación relativo a las absorciones de carbono debe ser lo suficientemente atractivo en términos económicos como para que los agricultores, ganaderos y silvicultores encuentren interesante adherirse al mismo.

Pero también deberá ser transparente y simple desde el punto de vista administrativo para no discriminar ni entre agricultores, ni entre tipos de agricultura, no dejando a nadie  (y estamos pensando en los pequeños y medianos agricultores profesionales, pero de tipo familiar) al margen.

Fesneau avisó igualmente de que los costes de certificación de las absorciones de carbono, sin tener en cuenta las reducciones de emisiones de GEI que ya vienen realizando agricultores y ganaderos, como demandan buena parte de los ministros de Agricultura y el propio Parlamento Europeo, pueden disuadir el acogerse a las medidas de apoyo que pudieran proponerse y aprobarse finalmente.

Al respecto, la mayor parte de los ministros de Agricultura pidieron a la Comisión Europea que se reconozcan los esfuerzos “pioneros”, realizados por los agricultores desde hace años en el ámbito de la agricultura baja en carbono, mientras que otros incidieron en que muchas de esas actividades cuentan ya con el apoyo de los fondos comunitarios de la PAC.

Este último punto, el de la retribución a la agricultura baja en carbono y de dónde deben salir los fondos de apoyo, es de lo que crean cierta fricción. Recientemente, en la resolución aprobada por la Eurocámara el pasado 18 de abril por una mayoría bastante ajustada (323 votos a favor, 257 en contra y 59 abstenciones) sobre la Comunicación de la CE relativa a los ciclos de carbono sostenible,  se pedía “la integración de estas prácticas agrícolas bajas en carbono en los próximos planes estratégicos nacional de la PAC, de acuerdo con las evaluaciones y necesidades de los Estados miembros, con el fin de velar por que se tengan debidamente en cuenta las condiciones naturales locales y otras circunstancias.”

Con esta idea, los fondos de la PAC volverían a ser (una vez más) el recurso manido por la UE para afrontar la financiación de las políticas medioambientales comunitarias. La PAC como “cajón de sastre” financiero al que acudir siempre para poder abordar la consecución de objetivos medioambientales.

No es de extrañar que las organizaciones y cooperativas agrarias (COPA-Cogeca) se revolvieran contra la propuesta europarlamentaria, argumentando que, para apoyar los fines de la agricultura baja en carbono, debe acudirse no a la PAC (o no solo) sino también a otras fuentes de financiación existentes, como el sistema de intercambio de derechos de emisión de la UE y los fondos de otros programas comunitarios, caso del LIFE, el Fondo de Cohesión, Horizonte Europa, el Fondo de Transición Justa, etcétera.

En lo que sí se mostró de acuerdo el COPA-Cogeca es en la petición del PE para que la Comisión Europea garantice la disponibilidad de datos verificados sobre las emisiones y las absorciones a nivel de explotaciones agrarias mucho antes de 2026, que es el año planteado por el Ejecutivo comunitario, con el objetivo de poder contar con esos datos en el marco de la próxima reforma de la PAC, dado que la actual concluye en principio en 2027.

¿Nuevo modelo de negocio?

Por lo general, la comunidad agrícola y forestal comunitaria coincide en que el creciente interés en la agricultura baja en carbono debería ser una oportunidad para que los agricultores y propietarios forestales transformen su modelo de negocio que permita mejores remuneraciones para aquellos que participan en una transición hacia prácticas agrícolas y forestales más sostenibles.

No obstante,  debería reflexionarse sobre hasta qué punto este marco de apoyo complementario a la agricultura baja en carbono puede ser un incentivo para llevar a cabo otras actividades ajenas que competirían con la que debería seguir siendo central y básica: la de producir materias primas y alimentos para la sociedad en un momento en que está en entredicho la seguridad y asequibilidad del abastecimiento alimentario de la UE en medio de una elevada inflación.

Como también si esos años pueden servir de estímulo para la entrada en la actividad de agentes y operadores ajenos al sector y cuyo único fin sería llevar a cabo prácticas de fijación de carbono en el suelo, que les fuesen remuneradoras, bien de forma directa o indirecta para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones en sus otras actividades.

Si se permitiera que fuese así, ello podría suponer un riesgo, como ya sucede en algunos casos con el despliegue en suelos agrícolas de energías renovables (eólica, solar, fotovoltaica), en términos de acaparamiento y, por ende, de mayor carestía de la tierra en perjuicio de la propia actividad agrícola o ganadera.

En su resolución parlamentaria, los eurodiputados reconocieron precisamente que garantizar la disponibilidad de materias primas naturales (alimentos y biomasa) es el objetivo principal de la agricultura y la silvicultura. Y que la agricultura de carbono debe ser una actividad (voluntaria) que compense a sus principales actores, agricultores, ganaderos y silvicultores, por sus esfuerzos adicionales.

Según el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que los suelos son capaces de almacenar grandes cantidades de carbono, un pequeño incremento de este stock puede mitigar el efecto de cantidades significativas de GEI. La nueva PAC fomenta esa captura de carbono en las tierras, principalmente a través de los nueve regímenes a favor del clima y el medio ambiente (ecorregímenes).

Estos ecorregímenes incluyen 4 prácticas o técnicas de cultivo, que aumentan a corto plazo la captura de carbono en suelos agrícolas: la siembra directa (estableciendo un cultivo que no recibe labor de arado desde su recolección hasta la siembra siguiente, por lo que la siembra se realiza sobre el rastrojo del cultivo anterior) y las cubiertas vegetales (espontáneas, que no reciben labor mecánica alguna; sembradas, sin labor mecánica y cuya cubierta se siembra de gramíneas o leguminosas, controlando su crecimiento mediante siega mecánica, química con herbicidas o a través del pastoreo, e inerte,  con el suelo cubierto de restos de poda, piedras u otros compuestos inertes).

Resultados de la Agricultura de carbono en España

- En 2021 las cubiertas vegetales ocuparon una superficie de 1,35 millones de hectáreas, un 25% de la superficie total de cultivos leñosos. La cubierta espontánea es la técnica mayoritaria, en especial en el cultivo del olivar, con 781.026 ha (28% de su superficie total).

- La siembra directa alcanzó en nuestro país las 845.000 hectáreas, destacando su implantación en el cultivo de cereal, con casi 750.000 hectáreas.

- La evolución de las dos técnicas de agricultura de carbono es muy favorable. En la última década el uso de las cubiertas vegetales ha aumentado un 15% y la siembra directa un 65%.

- En 2021, en la mayoría de los cultivos los rendimientos han sido superiores con siembra convencional a los logrados con siembra directa, tanto en secano, como en regadío.

- En el quinquenio 2017-21 las diferencias medias de rendimiento entre parcelas de siembra convencional y siembra directa fueron pequeñas, suponiendo en los cereales de invierno un 0,6% a favor de la convencional en secano y un 1,4% a favor de la siembra directa en regadío.

Fuente: MAPA

Resumiendo: queda mucho todavía por saber sobre si la compensación económica por aplicar prácticas de cultivos bajas en carbono que contribuyan a frenar el cambio climático será suficientemente remuneradora como complemento de ingresos para que a los agricultores les compense acogerse a las mismas, sin afectar a su actividad principal, que debe seguir siendo la producción de alimentos y materias primas naturales. El mecanismo de certificación y de cómo se implemente en la actividad agro-forestal, junto a la financiación de los fondos compensatorios, serán claves para continuar dando pasos adelante.  Hasta entonces, conviene estar atentos y seguir todo el proceso, pero sin lanzar campañas al vuelo antes de tiempo.