(Continuación de Los pueblos se mueren (I))
Poblar la despoblación
El siguiente paso, el tercero, en la estrategia de la FEMP para frenar la despoblación y #PoblarLaDespoblación es pedir al Gobierno de España que sean las entidades locales las que hagan una ley específica con dotación económica para frenar la despoblación de las zonas rurales.
Hubo coincidencia en las diferentes mesas de trabajo en que lo que ahora se necesita es concretar cómo deben articularse todas las realidades y soluciones expuestas, con medidas para luchar contra la despoblación del medio rural, que deben ser lideradas por los ayuntamientos y las diputaciones, que serían las instituciones encargadas de gestionar los fondos públicos destinados a ese fin.
Por ello, se demandó que los fondos de la Estrategia Europea de Crecimiento 2020 sean gestionados en parte por los gobiernos locales, para invertir en comunicaciones y acabar con la “brecha digital” en Internet e, igualmente, para poder realizar acciones que fomenten la creación de empleo con incentivos fiscales (“una política fiscal propia, de discriminación positiva, con proyección de planes específicos para los territorios afectados”) y lograr atraer y fijar población. La puesta en marcha del Estatuto del Emprendedor Rural sería algo muy positivo.
También debe haber cohesión e igualdad de oportunidades, con especial atención para la población joven y las mujeres, garantizando la prestación de servicios básicos y de calidad en educación, sanidad, atención a la dependencia para potenciar la permanencia en el domicilio habitual, mancomunando su prestación para garantizar esos servicios y rebajar sus costes (“las carencias a la hora de cubrir la necesidad de determinados servicios, en especial los sanitarios y educativos, han acrecentado la pérdida de población en el territorio. La despoblación no es una problemática nueva, sino una realidad que pueblos de provincias, como Huesca o Teruel, llevan sufriendo desde los años ochenta”, afirmó Sergio del Molino, autor de “La España vacía”).
La mejora de las infraestructuras rurales viarias, tecnológicas, ganaderas…, etc., como forma de vertebrar el territorio y mejorar la movilidad y la comunicación. El establecimiento de una red de transporte público a demanda para rebajar el coste del transporte colectivo en el medio rural, garantizando la existencia del servicio.
Medidas para el fomento del empleo y la dinamización económica para recuperar zonas despobladas; bonificaciones y fiscalidad diferenciada para las actividades profesionales y empresariales que se implanten en el medio rural; el establecimiento de ayudas e incentivos a la contratación y, por supuesto, la estabilización de rentas de los agricultores y ganaderos profesionales que permanezcan en los pueblos.
Propuestas de soluciones para un cambio de modelo territorial, que sea multifuncional y sostenible y apueste por un equilibrio rural-urbano, capaz de garantizar igualdad de derechos y oportunidades a la ciudadanía con independencia de donde residan, y una verdadera cohesión social. Imprescindible contar con una estrategia multinivel que implique a todas las Administraciones públicas para garantizar las inversiones que necesitan estos núcleos rurales, dentro de una ordenación territorial planificada y compartida.
La necesidad de una legislación básica estatal armonizada, una ley “ad hoc”, dotada económicamente y en la que el mundo local participe desde el inicio, adaptable a las singularidades de cada territorio y a cada problemática de despoblación.
Necesidad de una nueva relación entre el medio urbano y rural, acorde con los nuevos tiempos, que ayude a integrar territorialmente ambas estructuras y sirva para dar respuestas y soluciones a los nuevos retos globales y locales de las comunidades. En la que se aborden reformas estructurales en algunos ámbitos legislativos y se impulsen proyectos innovadores e iniciativas de transición para ir definiendo esta nueva relación.
La importancia, por último, de sensibilización legislativa, con una ley de racionalización de la Administración, que se plantee teniendo en cuenta las características reales de los pequeños municipios rurales.
Para aumentar la financiación local y rural hay que mirar a la Unión Europea y que ésta provenga también de las ciudades.
Datos generales de la despoblación
En el último año, las provincias que más población han perdido han sido Zamora (-1,57%), seguida por este orden de Ávila (-1,24%), Orense (-1,22%), Ciudad Real (-1,11%), León (-1,10%), Teruel (-1,06%), Segovia (-1,05%), Soria (-0,99%) y Salamanca (-0,97%).
En 14 provincias, como Soria, Teruel, Zamora, Ávila o Burgos, más del 80% de todos sus municipios tienen menos de 1.001 habitantes. De los 8.125 municipios con que España cuenta en total, un 61,5% y 4.995 se apoyan en censos que no pasan de los mil empadronados. En toda España, unos 1.286 municipios subsisten hoy con menos de 100 empadronados, un 16% de todos los existentes; otros 2.652 no llegan a 501 empadronados y una parte significativa del millar de municipios restantes cuentan con entre 501 y 1.000 habitantes.
El riesgo de extinción es un escenario al que se asoman ya más de 4.000 municipios, la mitad de los que hay en España. Unas 27 provincias pierden población, agravándose especialmente en provincias azotadas desde décadas por esta realidad, caso de Cuenca, Soria o Teruel.
VII Foro interterritorial
Pocos días después, Teruel fue escenario de la séptima reunión interterritorial del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, en el que participan ocho comunidades autónomas donde esta problemática es más acuciante: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.
En este encuentro, estas CC. AA. volvieron a defender una estrategia común con el Gobierno, que posibilite una mayor contribución financiera de las políticas de cohesión de la UE para paliar los problemas derivados de los desafíos demográficos en las zonas afectadas, utilizando los fondos estructurales a tal efecto.
Las CC. AA. del Foro instaron a la comisionada del Gobierno para los desafíos demográficos, Edelmira Barreira, a defender la singularidad de la problemática demográfica de estos territorios y a impulsar el reequilibrio territorial entre las zonas densamente pobladas y las zonas en declive demográfico, así como a proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas y garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos.
Objetivos que merecerán la puesta en marcha de políticas con compromisos presupuestarios del Estado, que tengan el coste real y efectivo de la prestación de servicios en cada territorio.
Para abordar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, el Foro planteó cinco ejes de trabajo, con las propuestas más urgentes que pasan por:
1) Favorecer un envejecimiento activo y saludable y convertir en una oportunidad los retos derivados de la longevidad de la población, tales como la creación de entornos amistosos, con atención sanitaria digital, etc. Fomentar la capacitación digital y dotar de infraestructuras y equipamientos el territorio, garantizando la accesibilidad, movilidad y el transporte.
2) Creación de entornos favorables para las familias, aproximando la natalidad realizada con la deseada, mediante la gratuidad de la educación en todos sus niveles, políticas de vivienda, con medida incentivadoras a familias con bajos niveles de renta y miembros con discapacidad o dependencia, así como con políticas empresariales a favor de la igualdad.
3) Generar mayores oportunidades para la juventud, apoyando la generación de empleo y formación, y adecuando los incentivos públicos orientados al primer empleo y al empleo joven a las demandas reales.
4) Promover nuevas condiciones de vida para atraer nueva población, tales como programas de vivienda a los más jóvenes y con escasos recursos, así como la conectividad a la banda ancha, aplicando líneas “Smart city” en zonas despobladas para la incorporación de talento joven, emprendedores y tecnología. También se busca promover iniciativa en áreas como turismo, artesanía, agricultura, ganadería, biomasa y otras energías renovables.
5) Propiciar un desarrollo económico y social sostenible en el medio rural, impulsando estrategias de economía verde y circular de aprovechamiento de los recursos naturales de lucha contra el cambio climático y de bioeconomía. La optimización de sistemas de producción agraria, atender los criterios de ruralidad fijados en la Ley nacional de Desarrollo Sostenible del medio rural para fijar población o buscar la equidad entre lo urbano y lo rural favoreciendo la movilidad de los empleados públicos.
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