Los retos y desafíos clave ante el nuevo curso agrario

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

El nuevo curso agrario 2022/23, iniciado tras la pausa estival, se presenta lleno de dificultades y de incertidumbre para el sector agrario y también el agroalimentario. El fortísimo incremento de los costes de producción y su casi imposibilidad de trasladarlos totalmente a los siguientes eslabones de la cadena de valor; la sequía y la falta de agua para los cultivos y el ganado, así como la entrada en vigor y la aplicación del Plan Estratégico nacional de la nueva PAC 2023-2027 son tres tan solo, pero no los únicos, de los muchos desafíos que tendrá que ir afrontando el sector durante la nueva temporada.

El pasado 31 de agosto, la Comisión Europea dio su “visto bueno” definitivo al Plan Estratégico nacional de la PAC, con lo que a partir de ese momento podrán ir aprobándose oficialmente los textos legales para su aplicación de aquí a finales del presente año y antes de su entrada en vigor. Esto es, los 18 reales decretos pendientes (los distintos regímenes de ayudas directas y el procedimiento de su solicitud; asignación de derechos de la nueva ayuda básica a la renta; condicionalidad; gobernanza; gestión y control de las intervenciones, programas sectoriales…etc.) que han ido sometiéndose a consulta pública, y una ley, en trámite ya por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados, en la que se recogen también los sistemas de control y gestión de la PAC.

Apuntar también que para 2023, la nueva PAC tendrá un par de derogaciones de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), incluidas en el nuevo régimen de condicionalidad. Por un lado, la relativa a las prácticas de diversificación y rotación de cultivos (BCAM 7), por lo que no será obligatorio esta campaña realizar tales prácticas para poder cobrar los pagos directos y determinadas ayudas de Desarrollo Rural. Por otro, la que obliga a destinar anualmente al menos un 4% de la tierra de cultivo a superficies y elementos no productivos, incluido el barbecho (BCAM 8), lo que permitirá que tales superficies puedan cultivarse, con exclusión de soja y maíz, destinados a alimentación animal). El objetivo de estas derogaciones es que pueda disponerse de una mayor superficie de tierras de cultivo para contribuir a la seguridad alimentaria mundial en el contexto de la guerra en Ucrania.

Además, el periodo para presentar la Solicitud Única de las ayudas directas de la PAC se retrasará en 2023 en un mes, pasando del 1 de febrero (fecha habitual que volvería en 2024) al 1 de marzo, terminando oficialmente, en vez del 30 de abril (aunque casi todos los años se ha retrasado un par de semanas por unos u otros motivos), el 31 de mayo. A partir del próximo año,  las Administraciones públicas competentes establecerán mecanismos para realizar la solicitud automática de las ayudas ganaderas y a partir de 2024 lo mismo para los pagos por superficie. Este sistema, similar al que utiliza Hacienda para las declaraciones de la renta, generará un borrador de solicitud, que el beneficiario de las ayudas podrá simplemente ratificar o, en su caso, corregir.

Costes de producción

Sin duda, este es uno de los problemas que más viene preocupando a agricultores y ganaderos, puesto que desde hace más de un año (antes de la invasión rusa en Ucrania) se han disparado los precios de los inputs más básicos que inciden en los costes de producción agrarios. Principalmente, todo los relacionados con la energía, desde los carburantes (gasóleo…), pasando por el gas natural, la electricidad, los piensos o los fertilizantes. Esto podría estar condicionando negativamente ya las siembras de cultivos herbáceos de otoño-invierno, a pesar de los altos niveles de precios (que no de la rentabilidad) alcanzados por los cereales, a lo que suma también el impacto de la sequía (falta de lluvias y muy bajo nivel de agua embalsada).

La continuación de la guerra en Ucrania, tras más de medio año, no permite vaticinar ahora mismo una relajación de estos costes de producción a corto plazo, aunque puede que no lleguen a alcanzar los máximos históricos de los meses de primavera-verano de este año. Todo dependerá de la  evolución del conflicto bélico y de las soluciones reales que la UE pueda conseguir para paliar las consecuencias adversas de dichos costes sobre la economía en general.

Para paliar estos fuertes incrementos de costes (en gas natural y fertilizantes más que se ha doblado su precio; en piensos han subido entre un 30-40% o más; en gasóleo agrícola, más de lo mismo, etc.), el sector agrario ha pedido más medidas paliativas que las ya aprobadas (ayudas directas al sector lácteo y vacuno, ovino-caprino, avicultura, conejos y cítricos), como la flexibilización de las condiciones de acceso a las ayudas a los programas de las OPFH, etc.), como la bonificación de la factura del gasóleo, fertilizantes y plásticos agrícolas en el IRPF, y reiterado la necesidad de la doble potencia tarifaria y un IVA más reducido en regadío y para las compras de ciertos insumos).  

Sequía

Posiblemente se trate ahora mismo del problema más acuciante que tiene el sector agrario español. Esta adversidad ya preocupaba en los primeros meses de 2022, aunque marzo y abril, fueran meses más o menos normales desde el punto de vista pluviométrico, pero desde mayo hasta ahora, con el añadido de las sucesivas olas de calor, la cosa ha ido a peor: apenas ha llovido y el agua embalsada está en niveles de mínimos históricos, principalmente en las cuencas hidrográficas de la mitad Sur (Guadalquivir y Guadiana).

En marzo ya se aplicó un paquete de medidas para paliar su impacto (rebajas fiscales, empleo agrario, mejora de la liquidez de las explotaciones agrarias y gestión del agua), pero éstas han devenido en insuficientes ante la intensidad de este fenómeno adverso que ha puesto al límite a las explotaciones de agricultores y ganaderos (falta de pastos, más gasto en piensos y forrajes). Las organizaciones agrarias han demandado nuevas medidas para afrontar con alguna esperanza este nuevo curso agrario, no solo al Gobierno de nuestro país y a los autonómicos, sino también a Bruselas, y amenazan con nuevas movilizaciones en el campo.

Otros desafíos

Ley de la Cadena Alimentaria: a pesar de las mejoras introducidas en esta Ley (la última aprobada en diciembre de 2021), sigue habiendo quejas del sector primario ante las dificultades encontradas en su aplicación. En particular, en lo que se refiere al traslado de los costes de producción  a los precios de primera venta de los productos agrarios, así como a las imposiciones unilaterales de precios, sin negociación, por parte de los eslabones siguientes de la cadena de valor, que son más cruentas cuando se trata de productos perecederos en el tiempo. Se pide índices de precios de referencia que contemplen esos costes para que se tengan obligatoriamente en cuenta a la hora de negociar el precio de venta de los productos. En negociación sigue la normativa que regulará el registro de Contratos Alimentarios, que no entraría en vigor hasta 2023.

Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario: En debate parlamentario y con previsión de su entrada en vigor al inicio de 2023, contempla una serie de obligaciones (como la de contar con un plan de prevención) para todos los eslabones de la cadena de valor, desde la cosecha hasta el consumo (canal Horeca y ámbito doméstico), con las que identificar y minimizar en la medida de lo posible tales pérdidas. Hay voces que piden excluir al sector agrario del cumplimiento de dicha ley, dado que la mayor parte de tales pérdidas se producen en los siguientes eslabones de la cadena y sobre todo en el canal de Alimentación (hogar y restauración). No obstante, quedarían excluidas del ámbito de aplicación de dicha ley las retiradas de frutas y hortalizas que realizan las Organizaciones de Productores en aplicación de las medidas de gestión de crisis de la PAC, así como otras regulaciones del mercado.

Regulación de la gestión de envases y residuos de envases: la industria de alimentación y bebidas ha puesto el grito en el cielo ante el desarrollo mediante real decreto de la ley, puesto que su estricta aplicación les supondrá un fuerte incremento de sus costes, difícil de asumir y de trasladar a precio en el contexto económico actual. La nueva normativa revisa toda la legislación en vigor y establece medidas relativas a la reutilización y reciclado de envases y otras formas de valorización de los residuos de envases. La industria agroalimentaria pide, por su parte, que se tenga en cuenta lo que ya se viene haciendo en este ámbito, desde los sistemas privados de gestión de envases y de residuos y que, en todo caso, se profundice en su mejora, así como que se permita un amplio periodo transitorio para la puesta en marcha de algunas de las medidas.

Normativas del sector ganadero: En el ámbito ganadero hay varias normativas que podrían irse publicando en estos próximos meses, como la de ordenación de las granjas de ganado bovino, que está dando tanto que hablar; la futura ley de protección, derechos y bienestar de los animales, que afecta de lleno a la actividad de la ganadería extensiva y a la cinegética, y que está siendo muy criticada por el sector de la caza también; la normativa sobre controles oficiales en materia de bienestar animal y el Plan Sanitario Integral de las Explotaciones Ganaderas y la figura del veterinario de explotación; la aprobación del real decreto sobre uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero; las actuaciones en materia de sanidad animal en relación a la gripe aviar, en donde sigue habiendo casos puntuales, y respecto a las medidas de vigilancia y bioseguridad para que no entre en España la Peste Porcina Africana (PPA) que ya se extiende por varios países europeos.

Normativas del sector agrícola: En el ámbito agrícola, se está pendiente de ver los efectos de la normativa comunitaria sobre la aplicación de frío a las importaciones de naranjas de países terceros (Sudáfrica), que el sector productor quiere que se extienda y aplique a todos los cítricos para evitar la entrada a la UE de plagas y enfermedades vegetales, como ya vienen aplicando otros países (Japón, China o EE.UU.). También habrá que ver cómo queda el real decreto sobre nutrición sostenible de los suelos, que impondrá límites a la fertilización de los mismos, así como la aplicación de medidas para reducir la presencia de nitratos de origen agrícola en el agua.

Materia laboral: No está claro aún cuáles han sido las repercusiones reales o cómo ha impactado la última reforma laboral sobre el empleo en el campo español, que vino a sustituir en muchos casos los contratos temporales por fijos discontinuos, y habrá que esperar a ver también cuáles son los efectos del nuevo sistema de cotización para los trabajadores agrarios por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), aunque la impresión en principio no es demasiado positiva. También podría llevarse a cabo una nueva revisión al alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como ha planteado la ministra de Trabajo, que tendría de nuevo incidencia sobre los costes laborales de los empresarios agrarios.

Seguros Agrarios: Aunque el Ministerio de Agricultura ha incrementado en 10 puntos porcentuales la subvención base destinada a la contratación de los seguros agrarios, a aplicar ya a las líneas de otoño, aspecto que fue bien acogido por el sector agrario (que pide que las CC.AA. aumenten también su nivel de apoyo), a éste le preocupa que no se tenga en cuenta las dificultades económicas de los diferentes cultivos y ganaderías a la hora de decidir incrementar el precio o el coste de las primas, o de recortar las coberturas o aumentar las franquicias, o de revisar a la baja las indemnizaciones. También son conscientes de la elevada siniestralidad de estos últimos años, que puede poner en riesgo la viabilidad y la supervivencia del propio sistema español asegurador, por lo que demandan una adaptación paulatina del mismo a las nuevas circunstancias.

Pesca: Además del incremento de costes y de las dificultades inherentes de la propia actividad pesquera, este sector tiene pendiente en el nuevo curso la aprobación de la Ley de Pesca Sostenible, que pretende asignar y regular las posibilidades de las capturas, sin poner en riesgo su supervivencia. Además, se continúa solicitando un IVA superreducido para fomentar un mayor consumo de pescado, como alimento básico.