El retraso excesivo en los pagos en las empresas sigue siendo uno de los déficits o males crónicos más preocupantes que tiene la actividad económica en España y afecta también a las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones de la cadena de valor de los alimentos. En la reciente presentación del balance anual de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) se destacó que la primera infracción con diferencia de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena, que ha dado lugar a la apertura de más expedientes sancionadores, es el incumplimiento de los plazos legales de pago, con un 40% del total, seguido de lejos por la falta de remisión de la documentación solicitada (19%) y la ausencia de contratos obligatorios por escrito (15%).
