Euroganadería

Más papistas que el Papa en materia medioambiental

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

No es la primera vez que nos referimos a ello y tampoco será la última. En materia de medio ambiente y en lo que afecta a la cadena de valor agroalimentaria, desde el Gobierno se ha querido ser siempre “más papistas que el Papa”, ser los primeros de la clase en la Unión Europea e incluso del mundo mundial, sin medir el impacto, los costes y las consecuencias sociales y económicas de las decisiones adoptadas. Y algo que podría ser más punitivo, imponiendo plazos y objetivos difícilmente realizables, y normativas sin consenso mínimo con los que se van a ver más afectados por ellas. Regulaciones que, además, incluyen limitaciones, prohibiciones y sanciones tipificadas si se incumplen sus exigencias.

Es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la normativa de recuperación, reciclado y reutilización de envases y residuos de envases. Las principales organizaciones de la cadena de valor del gran consumo reclamaron el pasado 6 de junio al Gobierno que armonice, al menos, su regulación medioambiental con la Unión Europea.

Nuestro país va a adelantar un lustro, a enero de 2025, las obligaciones de reutilización de envases y residuos de envases sin contar aún con la infraestructura necesaria y forzando unas inversiones millonarias, que impactarán en los costes de toda la cadena de valor.

En concreto, los principales agentes del sector agroalimentario y de gran consumo volvieron a incidir sobre la gran preocupación por los altos costes y los problemas de unidad de mercado que generan actualmente las discrepancias entre la normativa nacional y europea de envases y residuos de envases.

Ante esta situación, volvieron a reivindicar, sin que desde el Gobierno se les esté haciendo por el momento mucho caso, un marco regulatorio bien orientado, que se base en estudios técnicos y que sobre todo facilite la adaptación de las empresas al proceso de transición sostenible con el que toda la cadena de valor del gran consumo está comprometida. Es decir, no es que no exista compromiso por parte de la cadena para ir paulatinamente quemando etapas en ese proceso de transición sostenible hacia el logro de ciertos objetivos medioambientales, pero exigen más diálogo, que se cuente con ellos -y no que se legisle contra ellos- a la hora de andar ese camino. Parece de sentido común y nada descabellado

Durante un desayuno informativo, celebrado el pasado 6 de junio en Madrid, José María Bonmatí, director de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), que integra a la industria fabricante de productos de gran consumo y a la distribución comercial; Matilde García Duarte, presidenta de la patronal de grandes superficies de distribución, ANGED, Ignacio García Magarzo -director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicos y Supermercados (ASEDAS), y Mauricio García de Quevedo, director general de la patronal española de industrias de la alimentación y bebidas (FIAB), departieron sobre esta problemática, evidenciando la necesidad de compatibilizar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, asegurando que las normativas en este ámbito no supongan costes injustificados para las empresas y acaben por reducir su competitividad frente al resto de economías europeas.

Costes que, por si fuera poco, al final terminarían siendo asumidos con su traslado vía precio por el resto de los eslabones de la cadena de valor. Bien por el eslabón finalista, el consumidor, que pagaría un PVP más alto por los productos que adquiera en los lineales, o bien por el eslabón inicial, el productor primario, a quien se le apretaría tanto o más en sus márgenes, que incluso se vería obligado a vender en algunos casos a pérdidas, sobre todo en alimentos perecederos con escasa o nula capacidad de almacenamiento temporal.

El acto contó, igualmente, con la participación de responsables de otras asociaciones agroalimentarias, como Irene Zafra, secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE); Beatriz Blasco, directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA); Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España y el respaldo de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES).

Armonización y competitividad

Durante su intervención, José María Bonmatí destacó que “es clave homogeneizar y acompasar las normativas comunitarias con las del resto de Estados miembros para no perder competitividad, dependiendo del país en el que los operadores están ubicados y facilitando, además, la libre circulación de personas, capitales y, sobre todo, de mercancías.

En ocasiones, lamentó el director de AECOC, esta armonización no se produce y conlleva un impacto negativo para el colectivo empresarial”. Y ello debido, añadió Bonmatí, “a la falta de diálogo fluido con algunas Administraciones, que impide a las organizaciones trasladar directamente las implicaciones y las consecuencias de las normas, así como la dimensión del problema que tenemos entre manos.”

Uno de los casos más evidentes de esta falta de alineación entre la UE y el Gobierno español es, precisamente, el Real Decreto 1055/22, de 27 de diciembre de envases y residuos de envases , una disposición que no ha tenido en cuenta ni el calendario, ni algunas de las consideraciones del Reglamento comunitario que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de abril.

En este caso, se han detectado discrepancias claras en dos ámbitos que para las empresas de gran consumo son fundamentales, como son la reutilización de los envases y el marcado y etiquetado de los mismos.

Al respecto, el director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo, advirtió que “en materia de reutilización, el Real Decreto español obliga a que los establecimientos minoristas de alimentación tengan, en función de su superficie comercial, un determinado número de referencias de bebidas en envases reutilizables a partir del 1 de enero de 2025, mientras que el Reglamento europeo no impone objetivos vinculantes hasta 2030.”

García Magarzo añadió también en este encuentro que “el impacto de esta medida no se ha medido por los Ministerios competentes, a pesar de nuestras advertencias. El comercio en España es muy diferente al del resto de Europa y también la manera de consumo. Hemos pedido que se tenga en cuenta al comercio de proximidad y el formato tan intensivo que se tiene aquí. Además, no existe la infraestructura para acometer una revolución de tan gran calado para las tiendas y la logística, si se quiere hacer correctamente. Hoy en día, no es obligatorio para todas las tiendas en ningún país de Europa.”

En concreto, la adopción de esta nueva medida supone todo un reto para toda la cadena de valor, debido a los actuales modelos de producción, comercialización y suministro. En la actualidad, los sistemas de reutilización de envases domésticos en el retail no existen y, para ponerlos en marcha, es necesario desarrollar una nueva industria, con nuevas infraestructuras y nuevos procesos logísticos vinculados a importantes cambios en el sector.

Como resultado de todo ello, las empresas tendrán que hacer inversiones millonarias para adaptar sus líneas de producción y envasado a los envases reutilizables en un contexto, además, de cambio climático y crisis hídrica (puesto que el lavado y acondicionado de los envases reutilizables requiere grandes cantidades de agua).

Para el director general de ASEDAS, “como parte de esta disposición, el comercio tiene que adaptar sus establecimientos y su logística para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los clientes, los hayan vendido ellos o no, y sean del operador que sean. Esto, con el actual modelo comercial, es imposible de gestionar. Además, la medida no cuenta con un estudio de impacto ambiental y económico que determine en qué condiciones el uso de envases reutilizables retornables es mejor que el sistema actual. Por otro lado, estamos dando por supuesto que el consumidor se va a adaptar al nuevo modelo, pero los cambios en los hábitos de consumo son lentos y no siempre sencillos.”

Marcado y etiquetado

Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, señaló respecto al marcado y etiquetado de envases de alimentación y bebidas, que “el Real Decreto español establece una serie de consideraciones obligatorias, voluntarias y prohibiciones, de entre las que destaca la obligación de que los envases domésticos indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos de los envases. Esta nueva consideración será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio”.

En este punto, tampoco se tienen en cuenta los plazos y criterios europeos para cuestiones fundamentales del etiquetado, lo que va a generar costes innecesarios y contribuir a una fragmentación mayor del mercado único.

Por ejemplo, añadió García de Quevedo que, “mientras España no permite el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, el Reglamento europeo deja la puerta abierta a que esta información se facilite a través de un código QR. En nuestra opinión, la opción del QR permitiría mejorar la recogida separada de los envases y evitaría el elevado impacto económico y medioambiental para los sectores de envasado.”

La nueva ley obliga también a identificar y marcar los envases que sean reutilizables, una obligación que aplica a botellas, barriles, tanquetas, cajas, palets y otros envases, muchos de ellos empleados en circuitos cerrados, que actualmente no incluyen este marcaje.

En cambio, el Reglamento europeo de envases aprobará un marcado armonizado, distinto al desarrollado en España, lo que comportará que en territorio nacional se tenga que hacer una inversión adicional de considerable impacto económico y medioambiental. El marcado de estos envases sería irreversible y no se adaptaría a las nuevas obligaciones de la UE, pudiendo en algunos incluso llegar a inutilizar el envase.

Por último, Matilde García Duarte, presidenta de ANGED, recordó en su intervención que, “según datos de Eurocommerce, en la próxima legislatura europea se van a abordar, en el ámbito comunitario, alrededor de 600 regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y que afectan a las empresas.”  

“La Unión Europea y los Estados miembros tienen una gran capacidad normativa que debería contribuir a la mejora de la competitividad de la UE frente a otros mercados. Sin embargo, el exceso de regulación y la fragmentación del mercado generan unos altos costes para las empresas.”

En este sentido, García Duarte indicó que “es más necesario que nunca adaptar la regulación a la realidad de las empresas, crear un marco estable y seguro, coordinado entre Administraciones y con unos plazos de adaptación razonables”.

En suma, todas las asociaciones de la cadena de valor del gran consumo, representadas en este encuentro informativo, compartieron el objetivo común de impulsar un entorno normativo que no reste competitividad y que contribuya al crecimiento económico y social de nuestro país y al bienestar de los ciudadanos.

Por ello, consideran imprescindible que se tenga en cuenta la voz del sector que se va a ver más directamente afectado, antes de implementar las medidas expuestas. La cadena de valor del gran consumo demanda tres aspectos concretos: analizar el impacto de las medidas sobre la competitividad empresarial; más armonización con el resto de los países de la Unión Europea, y rigor en la regulación medioambiental.

<< volver

Mercolleida (en nueva ventana)
youtube (en nueva ventana)

Twitter@euroganaderia