PAC 2020: Bruselas se apunta a la sequía

• La Comunicación sobre orientaciones es solo un sondeo y no se define sobre todo en fondos, reparto y cofinanciación

La Comisión de la Unión Europea presentó días pasados y en la fecha prevista una Comunicación por la que se hacían públicas oficialmente primeras orientaciones sobre lo que debería ser la nueva Política Agrícola Común más allá de 2020. Este documento era una segunda versión de otro filtrado también oficialmente por la propia Comisión donde se contemplaban algunas posiciones más concretas sobre aspectos claves como un rechazo a la cofinanciación de las ayudas (proceso de renacionalización), si las mismas eran optativas en cuanto las mismas podían romper la unidad de los mercados, o el establecimiento de un techo por explotación en los pagos entre los 60.000 y los 100.000 euros, aspectos suprimidos en la segunda comunicación y primera oficial. En consecuencia, tras un primer documento no oficial, a la vista de su mala acogida, Bruselas echó el freno y consideró que no era oportuno mojarse y tomar posiciones tan claras y dejarlo todo para más adelante en virtud de lo que se plantee por los Estados miembros sin marcar de antemano ninguna pauta.

En relación con la futura PAC, lo que parece evidente a la vista de estas orientaciones es que, por mucho que en los documentos se empeñen en reiterar lo importante de la misma, su papel como política de integración, de cohesión territorial, para mantener rentas, tener vivo el medio rural, de cuidar el medio ambiente, de dar alimentos suficientes a buen precio y de calidad para 500 millones de personas, de serlo, en definitiva, casi todo, la realidad es que ha cambiado el contexto para la negociación de las nuevas condiciones de la misma. Y hay dos factores a tener en cuenta que se derivan de esas orientaciones.

El primero, económico. Frente a un pasado ya muy lejano, cuando los gastos de la PAC suponían hasta el 80% del presupuesto comunitario al ser prácticamente la única política común, en la actualidad ese porcentaje se ha reducido hasta un 38%. Pero además, la coyuntura para el sector agrario ha ido a peor si se considera que la salida del Reino Unido supone un agujero de entre 10.000 y 11.000 millones de euros, unos 3.400 millones menos para la PAC, a lo que se suma la existencia de otras prioridades donde destacan fondos para inmigración, fronteras, la seguridad, la defensa, el empleo o la innovación. PAC contará con menos recursos a repartir, salvo que, si realmente todos los países miembros la consideran como una política clave, los mismos decidan aumentar su aportación a las arcas comunitarias por encima del 1% de su Producto Interior Bruto.

En segundo lugar destaca la introducción en ese documento de nuevos planteamientos a la hora de justificar su necesidad y su volumen de gasto: evaluación de los fondos destinados a la misma y resultados logrados. Ver dónde y para qué sirve el dinero. Bruselas plantea la necesidad de unos mayores controles sobre su gestión y más responsabilidades para cada uno de los países miembros, planes de ejecución y en definitiva, resultados, y ver si los mismos encajan con los objetivos previstos.

A partir de esos dos nuevos escenarios base para levantar la nueva reforma, el contenido de esas orientaciones sobre la futura PAC se podían se concretar en tres posiciones

Una primera positiva centrada en la continuidad que se marca muy claramente sobre el papel con el mantenimiento de las ayudas directas que se consideran claves para apoyar las rentas, el mayor apoyo a la incorporación de los jóvenes con más ayudas, la apertura de mercados y a la vez la protección del mercad comunitario, la modernización de las explotaciones, la incorporación de las nuevas tecnologías, lograr una mayor eficiencia y la necesidad de aplicar prácticas sostenibles en el uso del agua, el suelo o el aire para percibir las ayudas.

En segundo lugar, la comunicación recoge las críticas muy generalizadas en el sector y en muchos segmentos de la sociedad sobre la actual distribución de los fondos y plantea la necesidad de una redistribución de los mismos, especialmente ahora cuando se aventuran menos recursos, rompiendo esa regla del 20% de explotaciones percibiendo el 80% de los pagos, así como para lograr un mayor acercamiento entre las ayudas por hectárea o animal entre un agricultor del este y la media de los países del oeste.

Sin embargo, Bruselas frente a su posicionamiento inicial en la comunicación anterior cuando se mostraba partida de un techo por explotación entre los 60.000 y los 100.000 euros, oficialmente se echa para atrás eliminando cifras, para señalar únicamente la necesidad de un capping o techo, pero advirtiendo que el mismo no debería poner en peligro el empleo en la explotación.

Finalmente hay una parte de cuestiones importantes de esa Comunicación que preocupa al sector porque se mueve en la penumbra, por su falta de definición o simplemente por el olvido.

Frente al primer borrador filtrado, donde la Comisión se manifestaba por la no cofinanciación, en la propuesta oficial de orientaciones no se aborda el tema de ninguna manera, por lo que se entiende que deja la puerta abierta a lo que sería el inicio de un proceso de renacionalización, y, dicho de otra forma, del fin de la PAC. En el caso de España, pedir a la administración que aportara fondos para las ayudas directas sería una aventura imposible ante unos ministerios económicos a la vista de sus actuaciones cada año en los presupuestos del Estado.

Esta Comunicación se posiciona claramente para definir como destinatarios prioritarios de las ayudas a quienes vivan de la actividad agraria; queda dicho todo, agricultores genuinos, sin entrar a definir lo que es un agricultor activo. Sin embargo, eso no encajaría con el contenido sobre el mismo tema en la mini reforma que entrará en vigor en enero, donde se da libertad a cada Estado para definir lo que es un activo, se abre la posibilidad de cobros para las empresas incluidas en la llamada lista negra y contra la postura comunitaria de dar luz verde para cobrar ayudas simplemente si el perceptor demuestra que tiene las tierras en buen estado, aunque no cultive.

Incluso, lejos de las medias tintas, se echa en falta en esas orientaciones la nula atención a los mecanismos para regular mejor los mercados, el papel importante de las OP para programas producciones y oferta como se contempla en la mini reforma y, muy especialmente, el olvido que se hace de una regulación de la cadena alimentaria escala comunitaria, cuestión clave para mantener rentas en el campo frente a la gran distribución siempre y muchas veces, frente a la industria alimentaria.

En todo caso, la Comunicación no pasa de ser un sondeo más para pulsar posiciones como paso previo a los debates.