La elección por mayoría absoluta (179 escaños a favor de los 176 necesarios sobre un total de 350 diputados) de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno de coalición el pasado 16 de noviembre, tras su discurso de investidura del día anterior, pone sobre la mesa los compromisos y propuestas anunciadas, que hubiesen quedado en la papelera de no haber salido adelante su candidatura en el Congreso de los Diputados.
Aún así, tendremos que esperar a ver cuántas de esas promesas se terminan cumpliendo al final. En política, ya se sabe, una cosa es el relato y otra, los hechos. Pero ese es otro cantar.
En este breve artículo nos vamos a limitar a enunciar lo que nos toca, las medidas planteadas de índole económico, principalmente, y social que tienen que ver con el sector agro-mar-alimentario, dejando para otros más entendidos las opiniones sobre la ley de amnistía y los acuerdos de última hora con los grupos políticos nacionalistas y/o independentistas periféricos catalanes, vascos, gallegos y canarios que seguramente, sobre todo los primeros, seguirán condicionando la pervivencia de la legislatura en los próximos cuatro años.
Una de las medidas enunciada y anunciadas por Sánchez fue la intención del nuevo Ejecutivo de prorrogar en breve hasta finales del primer semestre de 2024 la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos básicos, que se puso en marcha el 1 de enero del presente año y que, como es conocido, supone dejar en un tipo del 0% al pan, frutas, verduras, leche o queso, en lugar del superreducido 4%, aplicado hasta entonces, y en el 5% los aceites y pastas, en vez del 10%.
El nuevo presidente reconoció que la inflación en España, a pesar de ser de las más bajas de la Unión Europea, está provocando que a los ciudadanos les cueste más la cesta de la compra, lo que luego afecta al ahorro para otros gastos.
Esta medida, que ha supuesto una merma de recaudación impositiva hasta el mes de septiembre de casi 1.300 millones de euros, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), había sido una petición expresa, principalmente, de las organizaciones representativas del sector fabricante de alimentos y bebidas y de la distribución comercial, así como de algunas organizaciones de consumidores.
¿Efectista o efectiva?
Pero también ha sido una medida muy criticada por algunos otros sectores, como las organizaciones agrarias (ganaderos que debían ingresar este gravamen y luego esperar unos meses a su compensación), y también por los mismos que la apoyan, porque sigue sin incluir alimentos tan básicos y nutricionales en esta rebaja del IVA, como las carnes y los pescados por motivos quizás recaudatorios (la merma tributaría se iría a más del doble de lo previsto).
A la vez, otros interlocutores critican también esta medida, al considerarla más efectista que efectiva. Primero, porque es residual y no progresiva, sino universal (la rebaja del IVA es tanto el ciudadano que no tiene problemas económicos como para el que sí los tiene para llegar a final de mes). El ahorro anual de esta rebaja está apenas en torno a los 35 euros en los hogares de rentas más bajas y de 85 euros en los de renta superior, según algunos estudios. Eso dice ya mucho de lo que supone realmente para el bolsillo de cada ciudadano. Y, por ello, consideran que hubiese sido más equitativo, aunque quizás de gestión administrativa más compleja, renovar el cheque ciudadano de 200 €/mes en función del nivel de renta real para afrontar el importante incremento de los precios de consumo de los alimentos. Y a medio plazo, aplicar una fiscalidad basada en la salubridad y nutrición de los alimentos, que contribuya también a combatir la obesidad, sobre todo infantil.
En segundo lugar, algunas organizaciones de consumidores vienen criticando que desde el Gobierno no se ha hecho un análisis concienzudo de cómo han evolucionado y por qué los PVP de los alimentos con rebaja de IVA, pues más de la mitad de los productos rebajados son en la actualidad mucho más caros para el consumidor que cuando se aplicó la reducción del gravamen a primeros de enero.
En algunos casos, porque durante este tiempo han continuado aumentando por diversos motivos (entre ellos, la reducción de la oferta por la sequía, como en el aceite de oliva), los costes de producción de muchos de los alimentos rebajados y éstos se han trasladado a los precios de venta y finalmente a los de consumo. En otros, sin embargo, no se ha terminado de despejar la incógnita sobre si se ha producido cierta especulación y un incremento de los márgenes en los últimos eslabones de la cadena de valor, debido a la incapacidad de supervisión de las Administraciones.
Lo único que ha expresado el Gobierno (la hasta ahora ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el de Agricultura, Luis Planas, -el de Consumo, ha estado desaparecido-) es que el comercio minorista sí ha traslado mayormente esta rebaja del IVA a los alimentos básicos incluidos en la lista aprobada, pero lo que no ha dicho es que, aún siendo así, los PVP de muchos de ellos son ahora claramente más elevados que a principios de año.
Ley de Agricultura Familiar
En su intervención, el ya presidente del Gobierno reconoció que España es una potencia agroalimentaria y que, por ello o como consecuencia de ello, se va a destinar una “parte sustantiva” de los fondos europeos para modernizar este sector y también para impulsar la agricultura regenerativa y ecológica. No se sabe si lo de la “parte sustantiva” hace referencia a los fondos de la PAC ya asignados por la UE en principio hasta el 2027, o a otros fondos adicionales aún por llegar.
Para favorecer este tipo de agricultura, Sánchez anunció de nuevo lo que ya iba en el programa electoral del PSOE para la cita del 23 de julio, como es el impulso de una Ley de Agricultura Familiar, de la que por ahora se desconoce casi todo, y que ya fue aprobada en las CC.AA. de anteriores gobiernos socialistas, como Aragón y Castilla-La Mancha, sin que por el momento se haya tenido tiempo de desarrollarse.
El objetivo central, en todo caso, de esta Ley, que tendrá que ser de índole básico referencial, dado que las CC.AA. ya tienen transferidas las competencias en este ámbito, posiblemente sea la de orientar o priorizar la concesión de los distintos apoyos y, en su caso y en la medida de lo posible, de las ayudas europeas, estatales o autonómicas hacia un tipo de pequeñas y medianas explotaciones agrarias profesionales (según la dependencia del nivel de renta agraria de los jefes o titulares de explotación), de ámbito familiar (con énfasis especial a las dirigidas por jóvenes, mujeres y las de titularidad compartida) y plenamente arraigadas en el medio rural, frente a otro tipo de explotaciones empresariales de economía de escala, más dimensionadas y tecnificadas, controladas por grandes grupos industriales, fondos de inversión o de capital riesgo que, aunque también son necesarias en este sector, no necesitan de tanto apoyo público, ni cuentan con tanta vinculación o arraigo con el territorio como las primeras.
Transición ecológica
Sánchez hizo mención también a la intención de su Gobierno de seguir impulsando la “transición ecológica y digital” para entre otras cosas poder dar respuesta a la “amenaza de la sequía”, mediante la ampliación de recursos, la modernización de infraestructuras hidráulicas, la limitación de nuevos regadíos, que no cuenten con recursos sostenibles (agua depurada, desalada o regenerada), y el cierre de pozos y de regadíos ilegales.”
En el informe “España Avanza. Una nueva coalición de Gobierno progresista”, pactado entre PSOE y Sumar se incluye un capítulo de casi tres páginas sobre Agricultura, pesca, Desarrollo Rural, reto demográfico y lucha contra la despoblación”, que ahonda en la necesidad de seguir impulsando un sector primario moderno y sostenible, donde se incluyen algunas de las medidas enunciadas por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura y otras como la actualización de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción a nivel nacional para mejorar la vertebración del territorio; la aprobación de la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia; el refuerzo de la implantación del mecanismo rural de garantía; la aprobación de programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familiar en pequeños municipios, etcétera.
Salario Mínimo Interprofesional
En el terreno laboral, y como ya anticipó la entonces ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, la intención del Gobierno será continuar elevando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), regulando o automatizando legalmente sus subidas en el marco de una reforma del Estatuto de Trabajadores para garantizar que esté siempre en el 60% del salario medio nacional.
Esta medida, al igual que la intención expresada de implantar progresivamente la jornada laboral de 37,5 horas semanales, incidirá claramente sobre el aumento de los costes de la mano de obra laboral en el campo dentro del global de los costes de producción de las materias primas alimentarias.
En buena lógica, estos mayores costes deberían luego transferirse a los siguientes eslabones de la cadena de valor hasta llegar a incluirse de alguna manera en los PVP de los alimentos. Pero, como han criticado tantas veces organizaciones agrarias y cooperativas, será difícil que esto sea así, dada la fuerte competencia existente en el mercado y teniendo en cuenta la fuerte presión negociadora que ejercen sobre el sector primario tanto la industria de transformación como la distribución. Una presión que casi siempre juega en contra de los márgenes de los productores primarios.
Ley del Desperdicio Alimentario
Por último, el nuevo Ejecutivo volverá a abordar la aprobación de la ley contra el desperdicio alimentario, una de las propuestas normativas que habían quedado pendientes de aprobar en la tramitación parlamentaria en la anterior legislatura y que obligará a todos los eslabones de la cadena alimentaria a disponer de planes específicos para minimizar las pérdidas de alimentos, e incluirá un régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar hasta los 500.000 euros.
Asimismo, la gestión de la nueva PAC, con la aplicación obligatoria del denominado Cuaderno Digital de Explotación (CUE) en todas las explotaciones agrarias españolas a partir de septiembre de 2025 (con las explotaciones agrarias más grandes o que usen fitosanitarios a partir de ese mes de 2024), tendrá que ser aprobado según el proyecto de real decreto que también estará sobre la mesa.
El CUE supondrá pasar del soporte en papel del tradicional cuaderno de explotación a un soporte digital, que permitirá al agricultor poder sacar partido de la información generada en su actividad y luego poder trasmitirla a la Administración por métodos telemáticos.
El pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar recoge también el compromiso de poner en marcha de un amplio sistema de monitorización de mercados de los principales productos agroalimentarios, que permita analizar una diversidad de parámetros específicos, como son los precios en origen, en nivel mayorista y en destino; los distintos costes de producción, los márgenes brutos, el volumen de producción y el comercio exterior agroalimentario.
El objetivo de esta amplia monitorización será garantizar un mayor y mejor cumplimiento de las medidas de Ley de la Cadena Alimentaria, principalmente para evitar que puedan venderse en el mercado productos a precios por debajo de su coste de producción.
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