¿Quién conoce y quién no la Ley de la Cadena Alimentaria?

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

Durante la última reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria del pasado 2 de julio se presentaron los resultados de una encuesta monográfica, que ha pasado un tanto desapercibida entre los medios, sobre hasta qué punto es conocida y funciona la Ley 12/2013 de medidas para la mejora de la cadena alimentaria más de una década después de su aprobación.

Respecto al conocimiento, más del 70% de la industria (71,1%) y de los distribuidores (75,1%) saben de su existencia, mientras que está por encima del 90% entre productores (93,5%) y distribución mayorista (93,3%) está por encima del 90%. Esto puede interpretarse de forma positiva, pero también en parte negativa si tenemos en cuenta que entre un 25-30% de la industria de transformación alimentaria y de la distribución minorista desconoce que existe una ley que regula sus relaciones comerciales más de una década después.

Si se toma la referencia histórica desde 2015, es claro que el conocimiento de dicha ley se ha disparado desde el año 2020, puesto que hasta entonces era bastante bajo (entre un mínimo del 11,1% en 2016 y un 58% en 2020 de los distribuidores). En ese año central de la pandemia de Covid, un 65,9% de los productores encuestados conocían la ley; un 66,4% en los de la industria; apenas un 35,1% de los mayoristas y un 58% de los distribuidores.

Los productores conocieron la existencia de esa ley (resultados de 2023) principalmente a través de las empresas del sector (40,4%) y luego del Ministerio de Agricultura (38,4%), mientras que la industria (38,7%), mayoristas (49,7%) y distribuidores (41,6%) la conocieron a través de este departamento, por delante de las empresas del sector (33,9% en industria); noticias de prensa/TV, etc. (37,4%, mayoristas) y también de empresas del sector (28,6%, distribuidores).

Entre 7 y 8 operadores de cada 10 que conocían esta Ley de la Cadena consideraron que la misma había contribuido a mejorar las relaciones comerciales. Entre los productores, un 83,2%); en la industria, un 80,9%), en mayoristas (85,6%) y en distribuidores minoristas (73,9%). Entre estos últimos, por tanto, uno de cada cuatro consideraba que no había contribuido a esa mejora.

A la pregunta de si consideraba que su empresa en la actualidad estaba expuesta a prácticas comerciales abusivas, una importante mayoría respondió que no, siendo un 83,3% de los mayoristas encuestados; un 81,7% de la industria; un 79,2% de los productores, y un 73,7% de la distribución minorista.

Los contratos por escrito se van abriendo paso en la formalización de las relaciones comerciales con los clientes, pero aún así no terminan de generalizarse totalmente, algo que debería ser objeto de alguna reflexión.

Es cierto que un 90% de los mayoristas; un 87,6% de la industria; un 83,6% de los productores un 74,8% de los distribuidores minoristas formalizan tales relaciones mediante contratos por escrito, pero también que un 46% de los productores, un 39,1% de la industria alimentaria, un 34,3% de los distribuidores y un 16,1% de los mayoristas contestaron que también lo hacen a través de acuerdos verbales (vamos, de palabra).

No menos importante es que un 66,8% de los mayoristas, un 35,6% de la distribución minorista; un 32,4% de los productores y un 29,3% de la industria basen también la formalización de relaciones comerciales con sus clientes en operaciones de pago al contado.

Cumplimiento de la ley

A la pregunta sobre qué condiciones establecidas en el contrato se cumplen y cuáles no, entre los productores la que menos se cumplen (menor porcentaje) es la de las penalizaciones contractuales para no conformidades, incidencias y similares, con un 81,4%, la misma condición que en el caso de la industria (80,4%).

Entre los mayoristas, la de menor cumplimiento en el contrato es la de las condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos (87,5%) y entre los distribuidores por sus relaciones con sus proveedores, la duración del contrato, condiciones de renovación y su modificación es la de menor cumplimiento (75,1%).

Otro aspecto clave de la encuesta sobre la Ley de la Cadena Alimentaria es cuando se pregunta en cuánto tiempo le pagan a Ud los productos frescos, a partir de la fecha de entrega de la mercancía, teniendo en cuenta que el incumplimiento de los plazos de pago es con diferencia una de las condiciones que más objeto de sanción por parte de los inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y el de las agencias autonómicas.

Pues bien, a un 70,8% de los productores les pagan entre 30 y 60 días, cuando la ley dice que el plazo máximo para este tipo de productos frescos y perecederos es de 30 días a partir de la fecha de entrega de las mercancías o por un plazo inferior si hay pacto expreso; un 26,9% señala que en 30 días o menos y un 2,3% incluso a más de 60 días. Es decir, algo más de 2 de cada 3 productores dicen que se les paga sus productos frescos y perecederos entre 30 y 60 días, pero, claro, si no media denuncia (y esto debe ser lo más habitual para evitar represalias) tampoco se les sanciona, salvo que una inspección de oficio aleatoria lo descubra casi por casualidad.

En la industria, un 59,3% responde que les pagan entre 30 y 60 días a partir de la fecha de entrega de los productos no perecederos; un 39,1% en 30 días y un 1,7% en más de 60 días, mientras que, en mayoristas, un 61,3% recibe el pago en 30 días o menos; un 30,4% entre 30 y 60 días y un 8,2% en más de 60 días.

Más de 8 de cada 10 agentes de la cadena alimentaria expresa su conocimiento de que, desde que se cambió la Ley de la Cadena, en diciembre de 2021, los precios tienen que ser superiores a los costes de producción. En concreto, en 2023 un 85,9% de los productores dijo saberlo, frente a un 14,1% que no, frente a un 67% en 2020 y un 33%, respectivamente; en la industria, un 80,6% lo sabía y un 17%, no (61,8%, sí y 38,2%, no en 2020); entre los mayoristas, un 95,9% que sí, apenas un 4,1%, que no (60,7%, sí y 39,3%, no en 2020), y entre los distribuidores minoristas, en 2023, un 80,8% que sí, y un 19,2%, que no (61,9%, sí y 38,1%, no, en 2020).

A la cuestión planteada a los distintos agentes de la cadena alimentaria sobre si conocía los costes de producción de los productos que vende, entre los productores, la gran mayoría (94,1%) contestó que sí; en la industria, un 83,4%; entre los mayoristas, un 92,6%, y entre los distribuidores minoristas, solo un 69,8%). La tendencia desde 2021 es, con algunos altibajos, a ese mayor conocimiento de los costes de producción de los alimentos y bebidas que se venden, lo cual resulta, por otra parte, bastante lógico.

Otra cuestión clave de la encuesta fue la pregunta a unos 1.050 productores de la cadena alimentaria sobre cómo creía que debería cambiarse la ley de la Cadena (se supone que para mejorarla). Más de 1 de cada 3 encuestados (35,7%) afirmó no saber o no contestó, o dijo que no hay que modificarla porque está bien así. Esto último lo expresó también un 2,9% de los encuestados.

Un 15,3% destacó que había que cambiarla para que se vigilase más o hubiera sanciones más severas cuando se incumpla.

Otro 12,8% se pronunció también a favor de la modificación por una diversidad de motivos (algunos de ellos bastante peregrinos y que no tienen que ver con la propia ley) como que se controlara la competencia de productos extranjeros, que pasen por los mismos controles que los productos españoles, modificando condiciones y plazos de pago, mejorando la coordinación entre las diferentes Administraciones, con rebajas fiscales, acercándose más a las pequeñas empresas y ayudándolas para que puedan aumentar sus beneficios, agilizando el tema de las ayudas, apoyando más el tema de la gastronomía y la alimentación, creando un órgano regulador, diversificando la oferta de alimentos, agilizando los trámites burocráticos, garantizando la unidad del mercado, haciendo leyes más transparentes, luchando contra el desperdicio alimentario, protegiendo el bienestar animal, no apoyando actividades promocionales que inducen a error al consumidor, mejorando los etiquetados de los alimentos, flexibilizando la ley para adaptarse a todo tipo de empresas, luchando contra el cambio climático.

Un 11,6% de los productores afirmó que el cambio en la ley debería ser para controlar los precios de los intermediarios, controlar precios desde el productor hasta el consumidor y controlar la venta a pérdidas y establecer precios mínimos.

Con menores porcentajes sobre aspectos de cambio de la Ley de la cadena se pidió cuidar y proteger más a los productores frente a los intermediarios (5,8%); vigilar el cumplimiento de los contratos u obligar a contratos escritos y más transparentes (5%); favorecer la introducción de la innovación, incentivar la modernización y la producción más eficiente, etc. (4,2%); defender e incentivar la producción ecológica, sostenible y el cuidado del medio ambiente (3,7%); regular la negociación comercial, fomentar el equilibrio y transparencia de las relaciones comerciales (3,3%), y luchar contra el fraude en la calidad de los alimentos, garantizar las seguridad alimentaria (2,3%).

¿Qué es la AICA?

Por último, se les preguntó a los distintos agentes de la cadena de valor si sabían que era la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). En 2023, algo más de 3 de cada 4 productores (77,3%) dijo que lo sabía (frente a un 42,8% solo en 2019), con un máximo del 84,1% en 2022; en la industria, un 56,6% afirmó que sí sabía, cuando en 2022, lo dijo un 88,6% y en 2019 un 48,5% de los encuestados; entre los mayoristas, nada menos que un 99,4% dijo que sí sabía (49,5% en 2019), y entre los distribuidores minoristas, un 72,7% (37,65).

Cuando se les preguntó, no obstante, si además de saber lo que era la AICA, tenían conocimiento cierto o real de esta agencia, un 69,7% de los productores afirmó que sí  y un 30,3% que no (en 2019, apenas un 30,9% que sí); en la industria, sorprende que solo un 47,3% dijera que sí tenía conocimiento cierto (36,9% en 2019) cuando un año antes en 2022, dijo que sí un 84,6%; en los mayoristas, un amplio 99,3% afirmo que sí (38,7% en 2019), y entre los distribuidores, un 65,4% dijo que sí, un 34,6%, que no (24,3% que sí y 75,7% que no en 2019), aunque en 2022 llegó hasta un 76,1%, que sí.

Según la ficha técnica, la muestra abarcó un total de 2.700 entrevistas telefónicas a productores, industria, mayoristas, distribuidores, y, aunque los resultados se presentaron el pasado 2 de julio, se llevaron a cabo entre el 3 de julio y el 29 de septiembre de 2023, incluyendo resultados comparativos con otros años.

En resumen, aunque es indudable que las relaciones comerciales entre los distintos agentes de la cadena de valor agroalimentaria han mejorado bastante en estos últimos años tras la implementación de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que introdujo la obligación de contratos por escrito, los plazos máximos de pago, la inclusión de los precios en los contratos y de las condiciones mínimas contractuales, etc., y también después de la modificación de 2021, que incluyó la condición de los costes de producción, entre otras mejoras, aún queda mucho camino por recorrer.

Por otro lado, la Comisión Europea ha iniciado los trabajos para la evaluación del funcionamiento de la Directiva 633/2019, de 17 de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales y, antes de noviembre de 2025, deberá publicar un informe con las principales conclusiones, que irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas. Algunas de ellas, están ya en marcha en nuestro país, pero otras, sobre todo las relacionadas con el tratamiento en este ámbito que debe darse a los productos de terceros países que llegan al mercado comunitario, deberán ser objeto de determinación.