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Euroganadería

¿Quién defiende el bienestar de los animales cuando los lobos atacan?

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

Cuatro organizaciones agrarias y rurales europeas, el COPA-Cogeca (agrupa a los agricultores y a sus cooperativas); el CEJA (jóvenes agricultores), la ELO (grandes propietarios de tierras) y FACE (cazadores) volvieron a insistir recientemente para que la UE adopte medidas eficaces que limiten el impacto de la expansión incontrolada de los grandes carnívoros (lobo, osos y linces…) sobre el bienestar de los humanos y de los animales domésticos (ganado extensivo) en las zonas rurales de la Unión.

No es la primera vez, ni será la última en la que demandan medidas, pero ni la Comisión, ni la mayoría de los Estados miembros parecen tomárselo demasiado en serio y mantienen un “impasse”, que afecta a la coexistencia entre la ganadería extensiva y la fauna silvestre, a la que, en estos casos, se protege en exceso. El concepto  tan defendido de bienestar de los animales se ignora ante sucesos de ataques de grandes depredadores a animales domésticos, que ocurren un día sí y otro también, y cuyos daños no solo suponen la pérdida unas cuantas cabezas de ganado, sino que va mucho más allá.

El estatus de protección estricta del que gozan los grandes depredadores en la actualidad hace los esfuerzos de los ganaderos y las medidas preventivas adoptadas por las Administraciones públicas de los países de la UE sean insuficientes e ineficaces para garantizar una coexistencia en armonía.

Como denuncian estas organizaciones, el crecimiento desenfrenado de las poblaciones de grandes carnívoros en Europa trae consigo la recolonización de las zonas rurales (e incluso urbanas) por parte de tales especies. Prueba de ello es la presencia de lobos, osos e incluso linces en lugares donde no se les veía desde hace décadas o nunca antes siquiera. Los perros, las ovejas, los terneros, los potros y hasta los humanos son víctimas de ataques incontrolados que provocan desde solo rasguños hasta la muerte cruenta de los animales.

El problema no es solo de índole económica, como consideran los que ven la solución únicamente en ofrecer compensaciones. Ni tan siquiera ese es el problema más importante (el coste para los contribuyentes europeos es de 28,5 millones de euros anuales en compensaciones por los daños directos a los animales, a los bienes materiales y a la infraestructura local, con un coste medio anual de por depredador de 2.400 euros en el caso del lobo y de 1.800 euros en el caso del oso,  referencias que se han quedado anticuadas).

El verdadero problema, más que el coste real de los daños, es el de índole psicológica, por los efectos que estos ataques pueden causar a las personas y al ganado. Desde heridas y lesiones, hasta abortos, pasando por la disminución de la fertilidad y la pérdida íntegra de los rebaños.

En muchas ocasiones, ante un ataque de un depredador a un rebaño,  el ganadero no solo soporta una enorme presión por la pérdida de sus animales y de sus ingresos, sino también por incrementos de costes de mano de obra y de material, y por tener que financiar con su propio dinero las medidas de protección adoptadas, a pesar de ayudas insuficientes y que llegan demasiado tarde, incluso mucho tiempo después del siguiente ataque de los depredadores.

Todo en conjunto crea un “caldo de cultivo” que pone en riesgo la continuidad de la actividad agroganadera en las regiones europeas más amenazadas, en especial en las de montaña. El ganadero que sufre estos ataques se pregunta una y otra vez si merece la pena seguir con una labor tan sacrificada, mal remunerada y con un sinfín de problemas y sinsabores.

Gestión activa de la especie

Este año se cumple el 30º Aniversario de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitats), que otorga protección a una gran variedad de hábitats y especies en la UE.

Según denuncian estas organizaciones, debido al éxito de las medidas de conservación en curso, la presencia de poblaciones de determinadas especies de grandes carnívoros provoca un aumento de los conflictos (y no solo para la ganadería, sino también en la propia Naturaleza), agravado por la complejidad de los marcos jurídicos en los distintos países. En muchos casos, la interpretación legal de “protección rigurosa” impide aplicar una gestión activa de la especie que contribuya a reducir los daños en el ganado, las personas y los paisajes de gran biodiversidad, ejerciendo una fuerte presión sobre los medios de vida rurales.

Por eso, su primera reivindicación es pedir que se modifiquen los anexos de la Directiva Hábitats para adaptar el estado de protección de las especies a la evolución  de su población en toda Europa. El artículo 19 de esta Directiva es claro: “El Consejo aprobará, por mayoría cualificada y a pedido de la Comisión, aquellas modificaciones que sean necesarias para adaptar los anexos I, II, III, V y VI a  los avances técnicos y científicos. Se aprobarán en el Consejo por unanimidad y a pedido de la Comisión aquellas modificaciones que sean necesarias para adaptar el anexo IV a los avances técnicos y científicos”.

Sin embargo, a pesar de haber pasado ya 30 años desde la aprobación de esta Directiva, la Comisión Europea ha tomado la decisión “política” (denuncian estas organizaciones) de no presentar las propuestas necesarias para adaptar los anexos en función de las poblaciones en estado favorable, “lo que constituye un claro incumplimiento del requisito legal de la directiva.” Añaden, además, que la posición de Bruselas tiene como consecuencia que a los Estados miembros les resulte cada vez más difícil cumplir con las obligaciones que impone esa norma en cuanto a la conservación y gestión sostenible de estas especies frente a los conflictos económicos, sociales y culturales que provocan.

Y ¿qué dicen los ministros en el Consejo Europeo?...pues los de Agricultura en su reunión del pasado 21 de marzo, aunque siguen defendiendo la coexistencia entre los grandes carnívoros y la ganadería, es decir, la cohabitación equilibrada entre ambos, se hallan enredados en tratar de armonizar los métodos, en particular los de recuento (cuántos lobos, cuántos osos hay realmente…), pues lo consideran esencial como punto de partida antes de tomar otras decisiones. Mientras tanto, sigue agravándose el problema.

Parece claro que la Comisión Europea y los países, en muchos casos, han hecho en este asunto “dejadez de funciones”.  La Directiva de Hábitats impone la obligación de seguimiento y exige a los Estados miembros que cuenten con un sistema de vigilancia permanente y estructurado. Su anexo V permite que se gestione la especie a la vez que se garantiza su protección.

Michéle Boudin, presidenta del Grupo de Trabajo “Ovinos” del COPA-Cogeca y a su vez agricultora y ganadera de extensivo,  señalaba recientemente con toda la razón del mundo que “la inacción de la UE en este ámbito supone una grave violación del bienestar de los animales. Pareciera que se considerara superfluo el ganado y fuera normal que sufriera para que las especies salvajes puedan sobrevivir. Si bien al principio la disminución de las especies depredadoras era un factor de preocupación, hoy en día, al no limitarse los ataques, el hecho de que haya comida a libre disposición hace que estas poblaciones crezcan exponencialmente y de forma incontrolada.”

Flexibilidad y financiación

COPA-Cogeca, CEJA, ELO y FACE demandan también flexibilidad para gestionar los conflictos regionales con los grandes carnívoros y propiciar una coexistencia satisfactoria. Es decir, que las decisiones para abordar esta problemática se establezcan y tomen a nivel local y regional (ni siquiera nacional, como parece que quiere imponer aquí el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), sobre la base de una gestión activa que reduzca los conflictos con las personas que viven en la misma zona, los que están día a día sobre el terreno y son conocedores de la situación real porque la soportan. No se trata, pues, de ver quién gana en esta guerra, ni de que haya vencedores, ni vencidos, sino de que ambos (ganadería extensiva y grandes depredadores) convivan de la mejor manera posible.

Por otro lado, a juzgar por el tamaño cada vez mayor de las poblaciones de grandes carnívoros (en nuestro país, de las manadas de lobos), se teme que los ataques al ganado no hagan si no aumentar, según denuncian. Y esto no se va a resolver poniendo más dinero sobre la mesa para compensar a los ganaderos, porque algunos ni siquiera denuncian por el papeleo burocrático que ello supone, y a otros les resulta imposible acceder a unas indemnizaciones que, en cualquier caso, no cubren todos los costes económicos y, mucho menos, los no económicos de estos ataques a sus animales.

Estas organizaciones recalcan, una vez más, que la financiación de las medidas de prevención para evitar los ataques y las indemnizaciones una vez que el ganadero los ha sufrido no deben provenir ni de su bolsillo, ni de la Política Agrícola Común (PAC), sino de otras fuentes ajenas a la misma. Señalan que “desde el punto de vista de la ganadería, es esencial que de ahora en adelante todo instrumento destinado a la prevención de ataques relativos a especies protegidas en el marco de la Directiva Hábitats esté financiado con fondos que no sean los de la PAC, que ya se han forzado al máximo de su capacidad.”

O, como recalca Boudin, “si la sociedad civil y la Comisión desean que los lobos, los osos y los linces campen a sus anchas, que utilicen otros fondos, pero no los de agricultura, ya que los agricultores no pueden ser los únicos en sufrir las consecuencias financieras. Cada año se retirar fondos del presupuesto de la PAC para poner en marcha medidas que no logran su objetivo y lo único que hacen es privar a los agricultores de financiación que podrían aprovechar para fines económicos más importantes.”

Situación en España

Como es de sobra conocido, nuestro país no es ajeno a la situación europea. Desde el pasado 21 de septiembre y mediante una Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el lobo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), a pesar de la oposición de las organizaciones agrarias y de las cuatro CC.AA. (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria) que concentran entre el 90-95% de las manadas en nuestro país y, a su vez, son las que más ataques soportan de este gran depredador sobre la ganadería extensiva dentro de su territorio.

Dicha Orden, que sigue estando recurrida judicialmente por los representantes del sector ganadero y por las CC.AA., impide la gestión y el control cinegético de estos animales silvestres, poniendo en entredicho sus propias competencias en este ámbito.

Según el COPA-Cogeca, la población de lobos en nuestro país oscilaría entre 1.200 y 2.500 ejemplares, distribuidos en manadas de varios ejemplares. En 2020, se produjeron más de 5.000 ataques, con cerca de 11.200 cabezas de ganado directamente afectadas, mientras que las compensaciones por estos daños se elevaron a 2,6 millones de euros.

Actualmente, un grupo de trabajo, presidido por el MITECO, debate con las CC.AA. un borrador de Estrategia de Conservación y Gestión del lobo en España, para revisar la que está en vigor desde 2005. En paralelo, se pretende actualizar también el censo nacional de esta especie, siguiendo una metodología científica y sobre el terreno y, además, se creará un grupo de expertos para la conservación y gestión del lobo, que apoyará al Ministerio en la toma de decisiones.

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