El seguro agrario está revuelto. Históricamente ha sido uno de los puntos eje de la política agraria donde más se implicaron todas las Administraciones. Esta nueva política de los seguros agrarios fue concebida y puesta en marcha por los hombres de UCD a finales de los años setenta, entre otras cosas, para luchar contra las permanentes mesas de la sequía de la época. Los socialistas potenciaron y consolidaron la iniciativa con un incremento de fondos. Posteriormente, los partidos en el gobierno, socialistas y populares, mantuvieron su apuesta por esta política, con apoyos importantes en momentos de vacas gordas en los fondos del Estado para apoyar al sector agrario en el pago de las primas y estabilizando a la baja las ayudas en momentos de vacas flacas desde la Administración central. Las Comunidades Autónomas en su mayor parte, llegada la crisis, huyeron y se apuntaron rápidamente a los ajustes en sus aportaciones.
Esto, en lo que se refiere a la posición de los partidos políticos para potenciar y consolidar el sistema de seguros agrarios. En lo que afecta a las compañías aseguradoras, su postura ha sido igualmente motivo de diferentes escenarios, obviamente en aras de lograr su mayor expansión y rentabilidad en un seguro generalmente complejo por la gran dispersión de líneas y su disparidad de tipos de coberturas. Ello ha supuesto el desarrollo de periodos de calma y otros de tensiones, especialmente en los inicios de los planes cuando el entonces ministro socialista Carlos Romero, ante una posición de dureza de las compañías, se llegó a plantear la constitución de una empresa pública para gestionar el seguro. Eran otros tiempos.
Hoy, primavera de 2017, el seguro agrario sigue siendo ese punto importante en la política agraria en un proceso imparable de mejoras e introducción de nuevas coberturas con la mirada final de lograr el reto de de una oferta de seguro que garantice ingresos y rentas reales por la actividad. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce de cara al futuro.
Existe una preocupación en aumento por varias razones. Primera, por la estabilización en los fondos de Agricultura al prorrogarse los presupuestos de las ayudas de la Administración central en 211 millones de euros para rebajar el coste de las primas pagadas por agricultores y ganaderos y, sobre todo, por la supresión total o parcial de los apoyos para el mismo fin desde la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Segundo, por la reducción de los porcentajes de subvención en una media del 10% para la mayor parte de las líneas ante ese ayuste de los fondos y el incremento del volumen de suscripciones de pólizas y el mayor valor de las producciones contratadas. Tercero, lo que más preocupa, por las iniciativas planteadas desde Agroseguro por las compañías aseguradoras para modificar progresivamente las diferentes líneas en aras de lograr una estabilidad entre cobros y siniestros por líneas y garantías, en lugar de buscar una estabilidad total del sistema, algo que pretenden comenzar a aplicar en el seguro de vacuno de producción y de reproducción y en el seguro de explotación en ovino. Y cuarto, preocupación, dicen las organizaciones agrarias, por la pasividad de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa por hacer el Don Tancredo ante la ofensiva de Agroseguro para mejorar sus resultados acusando la entidad pública de mirar hacia otra parte frente a las iniciativas de las aseguradoras.
En medios agrarios preocupan todos esos factores, pero muy especialmente la propuesta planteada por las entidades aseguradoras, inicialmente en vacuno, y el seguro de explotación en ovino, con el objetivo de lograr estabilidad en cada una de las líneas y garantías. Esta iniciativa se entiende que va contra la propia filosofía del seguro agrario y el temor en el sector es que las empresas la traten de imponer en todas las líneas, lo que, de entrada, podría suponer un incremento en el coste de las primas justamente en una situación de recorte de subvenciones públicas. Las aseguradoras aplicaron un modelo de fusión en junio de 2016 en la línea 401 de las líneas 185 y 102 en vacuno (acceso a pastos y saneamiento varios) lo que ha dado lugar a fuertes desequilibrios en los resultados. Las compañías han visto en ello un problema, mientras desde el sector agrario se entiende que un corto periodo de tiempo no es suficiente para intentar con ese argumento dar un vuelco a la política del seguro agrario.
Equilibrar los resultados del seguro agrario operando con volumen en todos los sectores y en todo tipo de líneas, ha sido un objetivo histórico tanto del sector como de las compañías aseguradoras y de la propia Administración. Sin embargo, al cabo de varias décadas, siguen existiendo los mismos problemas, no se sabe muy bien si por la apatía de agricultores y ganaderos, por la no existencia de una oferta de seguro que interese al sector o el propio interés de las aseguradoras de no ampliar líneas. Esta es la causa por la que al día de hoy hay cultivos como la platanera tengan el 100% de aseguramiento, el 85% en frutas, y hortalizas, un 67% en cereales de invierno o 41% en cítricos, mientras el olivar no llega al 10%, no tiene ningún peso en otros como remolacha, girasol o cultivos bajo plástico. En el caso de la ganadería, la retirada de cadáveres se eleva al 95%, en bovino de leche a un 65%, mientras en bovino de carne se halla en el 23%, el ovino en el 8%, estando prácticamente ausente en la avicultora o el porcino.
La oferta de unas coberturas que realmente interesen a los asegurados y a unos precios de interés, son dos factores claves a la hora de la implantación del seguro y en esa línea hay que reconocer que se han puesto en marca diferentes iniciativas en los últimos planes para apoyar la contratación y su estabilidad. Pero, tomando como referencia datos de los últimos quince años, los mismos ponen de manifiesto que, de la prima de contratación de un seguro, hasta el año 2011 la subvención suponía una media del 60%, corriendo el 40% restante a cargo del agricultor o ganadero. Desde esa fecha, la situación ha dado un giro total en cuanto las subvenciones han pasado a suponer hasta solo algo más del 30% del coste de la prima, mientras el asegurado abona entre el 60% y el 70%.
Consecuencia de la crisis, las ayudas de Agricultura que habían llegado a los 300 millones de euros bajaron a los actuales 211 millones, mientras las aportaciones de las comunidades autónomas que llegaron a los 80 millones casi han desaparecido. Esa situación supuso en los últimos años una reducción de pólizas desde 490.00 a unas 450.000, recorte que se temía hubiera sido más grave por el descenso de los fondos. Superada sobre el papel la crisis, las suscripciones de pólizas ya se han recuperado en 2005 y, sobre todo, el valor de los productos asegurados al superar por primera vez los 12.000 millones de euros.
Las compañías de seguros en el sector agrario no se han forrado, pero tampoco han salido mal paradas con cobros por primas de unos 560 millones de euros y unos pagos medios por siniestralidad de 468 millones en 2016, de 491 en 2015, de 498 en 2014, de 418 en 2013 y de 766 en 2012.
Es lógico buscar equilibrios en todo el seguro agrario, pero, a veces, quererlo todo, desde posiciones de fuerza y con Enesa, dice en el sector, mirando a otra parte, puede romper el saco.
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