Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez
Desde que el pasado 22 de junio la Comisión Europea presentó su propuesta reglamentaria sobre el uso sostenible de fitosanitarios, en el que plantea reducir un 50% de aquí a 2030 tanto el uso y el riesgo de plaguicidas químicos (de síntesis), como el uso de los plaguicidas más peligrosos, no han dejado de lloverle palos a esta institución comunitaria desde el propio sector productor, como es lógico, pasando por los fabricantes de estos insumos, así como desde Gobiernos (MAPA incluido), instituciones públicas y privadas, y analistas de toda índole.
Y no porque no se conociera tal objetivo, incluido ya en la Estrategia “De la granja a la mesa”, sino sobre todo porque impone a los Estados unas metas obligatorias (vinculantes) de reducción, sin que se sepa ni por asomo cómo se van a alcanzar en la práctica y, además, sin afectar, como ya está afectando en algunos casos (colza, arroz, cítricos, frutales, herbáceos extensivos…etc.), a la productividad y a los rendimientos de los cultivos.
La CE nos tiene ya bastante acostumbrados a presentar sus propuestas y mantenerlas “a piñón fijo”, como si la situación no evolucionara y la Tierra dejase de girar alrededor del Sol. Las propuestas de la Estrategia “De la granja a la mesa” fueron dadas a conocer antes de que al mundo le afectara la pandemia de Covid-19 en la primavera de 2020 y, por supuesto, mucho antes de que a Putin le diera por invadir Ucrania a finales de febrero de 2022.
Ambos sucesos extraordinarios han afectado y están afectando al sector energético mundial y, por ende, al sector agrario y agroalimentario, con una subida escandalosa de precios/costes de los principales insumos (fertilizantes, electricidad, gas natural, gasóleo…), que no se está viendo compensada con similar subida de precios de la oferta en origen que, además, se ha reducido a causa de la sequía.
Pues bien. La Comisión Europea, que parece bastante ajena a estos acontecimientos, ha seguido en sus trece, y no solo ha mantenido su propuesta en la que, además, transforma la Directiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible de fitosanitario en un reglamento, que es más vinculante (se aplica directamente) y obligará a los Estados miembros a fijar sus propios objetivos de reducción de estos insumos para alcanzar el fin último, que es reducir a la mitad el uso de plaguicidas en 2030 en la UE.
La comunidad agrícola de la Unión Europea esperaba expectante y con impaciencia la revisión de la normativa citada y, finalmente, puede decirse que la decepción posterior ha estado a la altura de la expectación suscitada. Desde las organizaciones de productores agrícolas y sus cooperativas (COPA-Cogeca) se esperaba una propuesta al menos equilibrada donde, junto a las metas de reducción ya conocidas, se hubiesen incluido soluciones y alternativas técnicas concretas para alcanzar dichos objetivos. Esto no ha sido el caso y es, quizás, una de las críticas centrales hacia esta institución comunitaria.
Bruselas señala que los recursos de la próxima PAC 2023-2027 (como si estos pudieran estirarse hasta el infinito) servirán para apoyar en la transición ecológica a los agricultores, pero no dice de dónde tendrá que restarse para financiar ese apoyo a mayores.
La propuesta reglamentaria de la CE aporta, por tanto, mucho más interrogantes que certezas o respuestas en un contexto internacional cada vez más complicado y que viene marcado por el desafío de la seguridad alimentaria a nivel mundial. ¿Es consciente la CE de que si se reduce sin más ni más en un 50% el uso de plaguicidas, sin alternativas técnicas, válidas y viables para el agricultor, lo que se recortará también será la productividad y los rendimientos de los cultivos en una situación en la que está, precisamente, en riesgo la garantía del abastecimiento alimentario suficiente en cantidad y calidad?
Reducción y/o deslocalización
Para el sector agrícola comunitario, la aplicación de las metas vinculantes, que la CE plantea en su propuesta reglamentaria, combinada con los demás objetivos agrícolas del Pacto Verde Europeo, acarreará consecuencias que ya se han analizado en unos cuantos estudios desde el año 2020. Estudios todos que apuntan en la misma dirección, que no es otra que el riesgo de que se reduzca y/o deslocalice buena parte de nuestra producción agroalimentaria.
El COPA-Cogeca critica, además, que las propuestas comunitarias rebasan lo anunciado por la Comisión ya en 2020, puesto que incluyen metas vinculantes a nivel europeo y metas a escala nacional. Y, las mismas, con un grado de ambición que contrasta con la escasa información respecto a las soluciones, las alternativas técnicas y el marco de apoyo a los agricultores, “lo cual dará lugar a deficiencias a la hora de aplicar la legislación en las explotaciones agrícolas de los diferentes países de la UE.”
A nadie se le escapa que la propia comunidad agrícola (junto con los fabricantes de estos insumos) viene ya realizando esfuerzos ímprobos para reducir el uso de productos fitosanitarios en sus cultivos, teniendo en cuenta los avances de la innovación y la tecnología aplicada en otras alternativas de tratamiento de enfermedades y plagas vegetales y, por supuesto, teniendo en cuenta su viabilidad económica.
Pero, por ahora, todo eso sigue siendo insuficiente, claro está. Para cumplir con los objetivos que ambiciona la Comisión, los agricultores y sus cooperativas necesitan disponer de herramientas inocuas, efectivas y asequibles, aún pendientes de desarrollar aprovechando el progreso científico más avanzado, indica el COPA-Cogeca.
Para esta organización, “centrarse en imponer nomas más rigurosas, como plantea la CE, no resolverá los problemas subyacentes relativos a la protección de las plantas. Y prohibir diversos productos, sin tener suficientes alternativas eficaces, no es un planteamiento eficiente.” Es fundamental, apunta el COPA-Cogeca, “prever periodos de transición razonables para los agricultores comunitarios, durante los cuales el sector proveedor pueda introducir en el mercado nuevos productos alternativos, haciendo hincapié en la producción de cultivos menores” que, a tenor de esta tesitura, parecen tenerlo mucho más complicado.
Por ejemplo, la CE pone el acento en la gestión integrada de plagas en los campos, y propone revisar la armonización del marco legislativo en la materia, pese a que puede generar más carga administrativa. Pero, actualmente, los agricultores ya vienen aplicando esa gestión integrada siempre que pueden y les resulta viable.
Sin embargo, “la falta de alternativas adecuadas a los productos químicos para el tratamiento fitosanitario de sus cultivos obliga a los propios agricultores a una dependencia constante de las autorizaciones de emergencia que, si bien es algo que alienta la CE, las autoridades nacionales no siempre conceden a tiempo”, critica el sector productor.
A nadie se le escapa que el agricultor no tiene ningún problema en eliminar determinados plaguicidas de mayor riesgo o más peligrosos y adaptarse a la normativa exigida, pero a la vez demanda disponer de otros productos o sustancias que tengan un efecto o una eficacia similar para actuar frente a las plagas y enfermedades de las plantas o del suelo y que, además, tengan un precio asequible y un coste asumible. Si no es así, el que corre el riesgo (económico) es el propio agricultor y el propio cultivo, del que obtendrá un menor rendimiento, así como el suministro estable en cantidad y calidad de alimentos.
Falta realismo
La fecha de 2030 (apenas quedan ocho años), para reducir un 50% el uso de los plaguicidas tampoco es demasiado realista. Como apunta el propio sector, algunas herramientas de bajo riesgo factibles de aplicarse en el tratamiento fitosanitario de cultivos, como el control biológico, tardan de media entre 10 y 15 años en llegar al mercado en la actualidad y precisan de inversiones millonarias que luego hay que amortizar.
Sería necesario, en este caso también, simplificar y agilizar realmente el procedimiento de registro de productos fitosanitarios de bajo riesgo y otras soluciones para el control de plagas, diferenciándolos de los procedimientos relativos a las sustancias químicas.
Es cierto que la CE tiene intención de incluir en sus planes de acción nacional metas para el desarrollo de métodos fitosanitarios alternativos y no químicos de aquí a 2030, con el fin de poder aumentar las soluciones disponibles y efectivas de bajo impacto en la protección de cultivos , a aplicar cuando se considere oportuno y a un coste asumible. Pero habrá que ver en qué quedan y cómo se cumplen esas intenciones y, sobre todo, si llegan a tiempo para convertirse en verdaderas alternativas frente al uso de los plaguicidas más peligrosos.
Con todo, el COPA-Cogeca concluye que la propuesta actual de la Comisión “carece seriamente de un marco general, que permita neutralizar los efectos colaterales negativos y salvaguardar la competitividad y la resiliencia del sector agrícola de la UE, antes de establecer cualquier meta jurídicamente vinculante. “
Para esta organización, “esto no es en absoluto realista y podría resultar muy perjudicial para la continuidad de de la actividad agrícola en la UE, especialmente porque las comunidades agrícolas de otros continentes no tienen que cumplir con las mismas normas.” Esto último es otro de los inconvenientes ya consabidos, pese a que Bruselas diga que van a hacerse más exigentes los límites máximos de residuos (LMR) de algunas sustancias activas, prohibidas en la UE, que podrían estar presentes en algunos productos agrícolas importados de países terceros.
Desde el lado de los fabricantes de estos insumos (AEPLA), su director general, Carlos Palomar, también deja clara su posición y ve positivo que la CE quiera profundizar en el uso sostenible de los productos fitosanitarios, porque ello puede favorecer la introducción de tecnologías y de innovación aplicada.
Pero dicho esto, en positivo, Palomar puntualiza también que la CE “no tiene un marco estable y predecible” respecto a la meta vinculante de Bruselas de reducir a la mitad el uso de fitosanitarios de síntesis química y que “cualquier objetivo deber ser alcanzable, realista y basado en un estudio de impacto.”
Al respecto, la introducción de criterios que favorezcan la flexibilidad en relación con estos objetivos son, en cualquier caso, necesarios y pertinentes, más para un país como España, donde la diversidad de cultivos y las características agronómicas obligan a los agricultores a disponer de un conjunto de herramientas.”
El asunto es muchísimo más complejo de lo que parece en principio. No es lo mismo una primavera con buen clima y agua abundante, que otra con sequía, pues el agricultor no va a aplicar los mismos tratamientos en un caso que en otro, señala Palomar, crítico con la UE porque gestiona siempre restringiendo o prohibiendo, mientras que en otros países, como EE.UU., dejan un marco para que la tecnología trabaje y pueda avanzar en la orientación que se quiere perseguir, pero no tirando tanto de la prohibición.
Recorte sin alternativas
Por su parte, en un reciente artículo, Clara Aguilera, coordinadora y portavoz de Agricultura del Grupo Alianza de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, titulaba “Normativa de pesticidas: reducción sin alternativas solo es marketing ecologista.”
Para la ex consejera de la Junta de Andalucía, “la Comisión Europea ha decidido seguir el camino para proponer un porcentaje de reducción del uso y no un enfoque de “cero residuos”, que debería haber sido el verdadero objetivo y, en mi opinión, podría ser más efectivo para responder a las expectativas de los ciudadanos en relación tanto con el medio ambiente, como con los alimentos.”
En segundo lugar, puntualiza Aguilera, “ para llevar a la práctica sus propuestas, el texto de la Comisión menciona la PAC y los cambios necesarios en los planes estratégicos nacionales para compensar y ayudar a los agricultores, como si el presupuesto de esta política común fuera infinito y no estuviera ya comprometido para alcanzar otros numerosos objetivos climáticos y medioambientales.”
Para la europarlamentaria, “la cuestión que debe abordarse (reducción vinculante del 50% del uso de plaguicidas en 2030 en la UE) merece algo más que un enfoque de marketing político, que traslade a los Estados miembros el planteamiento real de cómo alcanzar los objetivos propuestos, de manera muy concreta, respetando debidamente el medio ambiente, la sanidad y la seguridad alimentaria.”
Y concluye señalando que “más allá de la voluntad de la Comisión de demostrar que avanza en la agenda del Pacto Verde Europeo, en lugar de presentar objetivos y titulares de comunicación, habría sido mejor centrarse en vías políticas, herramientas y presupuestos concretos y tangibles para lograr beneficios medioambientales reales, y ayudar a los agricultores en esta transición ecológica. Hecho que no está sucediendo.”
