Ley de Restauración de la Naturaleza: mucha tela que cortar aún

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE-27 aprobó finalmente por los pelos la denominada Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), el primer texto sobre biodiversidad que se incorpora al “corpus” legislativo comunitario para regular sobre la materia.

Por los pelos, porque se aprobó por una mayoría cualificada, que representa el 66,07% de la población de la UE, tras el cambio de posición a última hora de la ministra austriaca de Medio Ambiente, Leonore Gewessler (Los Verdes) que no del Gobierno del ÖVP, que preside el conservador Karl Nehammer, cuando el mínimo de esa mayoría es del 65%.

Hay que resaltar, no obstante, que votaron a favor 20 de los 27 países, entre ellos pesos pesados como Francia, Alemania y España, que otros 6 (Italia, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Hungría y Polonia), lo hicieron en contra y que uno, Bélgica, se abstuvo.

Por los pelos, porque era la última reunión de ministros de Medio Ambiente bajo presidencia semestral belga de un Consejo que, a partir de este 1 de julio, ocupará Hungría, precisamente uno de los países que mostró su oposición a la LRN, y luego Polonia, que también votó en contra, en el primer semestre de 2025. Es decir, no se prevé mucho impulso por parte de la presidencia de turno de la UE durante el próximo año a esta ley, salvo que sea para cambiarla en alguno de sus extremos.

Pero ¿por qué se trata de una ley tan polémica, que se ha aprobado tan al límite? ¿quién se puede oponer a restaurar la naturaleza? ¿quién a recuperar al menos un 20% de las zonas terrestres y marítimas degradadas de la UE para 2030 y de todos los ecosistemas, incluidos los agrícolas, que necesiten restauración para 2050?, ¿quién a mejorar el índice de mariposas de pastizal, a revertir el declive de las poblaciones de polinizadores, a salvaguardar una proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas de alta diversidad o a plantar unos 3.000 millones de árboles adicionales de aquí a 2030 a escala UE, etcétera?

La respuesta es nadie o casi nadie. Entonces, ¿por qué lo rechaza o está muy preocupado prácticamente todo el sector agrario? Pues, está claro. No se trata de un problema de objetivos, podría decirse que la mayoría positivos e incluso loables, sino de medios económicos y técnicos, y de instrumentos, herramientas o acciones para alcanzar los mismos.

Porque esta ley, que fue enmendada para “suavizar” su redacción en el Parlamento Europeo, marca bastante bien los objetivos, pero no cómo alcanzarlos y, además, pasa la pelota de su posterior desarrollo, aplicación y cumplimiento mediante planes nacionales a los Estados miembros, que es como decir ya veremos, dada la pluralidad ideológica de los países que conforman la UE a 27 y sus mayores o menores simpatías por las tesis medioambientalistas.

Es, entre otros muchos, uno de los principales problemas que tendrá la LRN para su aplicación y desarrollo: la falta de financiación. Una cuestión no menor, sino esencial, que sigue sin resolverse, algo habitual en la mayoría de las normativas en este ámbito bajo el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa” o de “Biodiversidad 2030”, porque la UE carece de un presupuesto común para llevar a cabo sus políticas medioambientales.

Ya lo expresó muy bien el director de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, cuando tras aprobarse la ley, manifestó que para el sector agropecuario este 17 de junio era un “día triste”, porque “parece que ha sido pasar las elecciones europeas y que nada ha cambiado. Seguimos con la confrontación entre el campo y el medio ambiente, como si el sector agrario fuera parte del problema y no de la solución.” Una polarización que, recordemos, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que había que evitar para hallar puntos de encuentro. Se siguen imponiendo normativas, cuyo incumplimiento llevan sanciones, sin escuchar para consensuarlas o llegar a acuerdos de mínimos con los que van a ser los principales afectados, en este caso los agricultores y ganaderos.

Preocupación, más que radical rechazo

Lo volvió a decir también el secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, “no se puede aceptar que la restauración de la naturaleza recaiga solo sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos, que son quienes cuidan diariamente el medio ambiente, sobre todo con acuerdos cuando se llega a ellos, por ejemplo, en zonas que demandan especial protección, por ejemplo, la Laguna de Gallocanta, en Aragón, o más recientemente en Doñana o del Mar Menor.

Más que un rechazo radical a los objetivos de la LRN, en el sector agrario existe preocupación, porque no se conoce cómo se va a aplicar y, sobre todo, cómo se va a apoyar a los agricultores de las tierras que se vean afectadas para que se hagan cambios.

Los fondos de la PAC, salvo que se produzca una intensa reorientación de su destino final, no dan más de sí y tampoco se crearon para financiar políticas medioambientales, sino para asegurar el abastecimiento en cantidad y calidad de alimentos a los ciudadanos de la UE, algo básico que también se estaría viendo ya comprometido.

Organizaciones agrarias, como COAG, recuerdan que nuestro país cuenta ya con cerca de un 40% de su superficie en áreas sensibles o protegidas (zonas de la Red Natura 2000 u otras zonas desfavorecidas o en riesgo de degradación) y es el Estado miembro de la UE que tiene comprometida más superficie en este sentido, a pesar de que se reconozca que pueden hacerse más y, sobre todo, mucho mejor las cosas.

Además del problema de la financiación (no existe “memoria económica”), la LRN presenta otros. En primer lugar, no saber la manera en que se va a exigir las mismas condiciones a los países terceros (cláusulas “espejo”) que exportan sus productos al mercado comunitario; tampoco, aunque cita los beneficios evidentes de su aplicación, ignora las consecuencias adversas que tendría para la actividad agraria que se desarrolla actualmente en las zonas de actuación y más aún las medidas compensatorias para los agricultores y ganaderos que se verían afectados.

Por si fuera poco, el hecho de que los Estados miembros tengan que diseñar y aplicar sus propios planes nacionales de restauración de la naturaleza para atender las especificidades de su territorio provocará desigualdades de aplicación de la ley en función del espíritu medioambientalista o agrarista que tenga cada Gobierno y, previsiblemente, batallas legales a nivel regional, nacional o comunitario con consecuencias que ahora mismo son difíciles de prever.

Las organizaciones de productores agrarios y sus cooperativas (COPA-Cogeca) se oponen con firmeza al texto aprobado no solo porque la falta de financiación de la LRN se queda sin resolver, sino también porque consideran que “se ha perdido la única oportunidad para hacer que la ley sea aplicables y aceptable sobre el terreno. ¡Una segunda lectura podría haber hecho esta ley más realista!”

Como nunca llueve a gusto de todos, las organizaciones ecologistas europeas en una nota de prensa conjunto sacaron pecho al considerar que la aprobación de la LRN es una “victoria histórica” y una “gran oportunidad para devolver la naturaleza a Europa en un momento crítico en el que el continente, uno de los más, si no el que más, se ve muy afectado por el cambio climático, afronta sequías, inundaciones e incendios forestales” y a pesar de que el texto se ha descafeinado durante la tramitación de las instituciones con respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Ecosistemas agrícolas

Es el caso de los ecosistemas agrícolas, que en principio se iban a ver afectados por la LRN, luego durante la tramitación parecía que no, pero al final será que sí, aunque con limitaciones. Al respecto, el texto incluye una cláusula bastante etérea, en la que se señala que “se permitirá retrasar los objetivos en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales.”

Este retraso se llevaría a cabo mediante lo que denominan “freno de emergencia”, es decir, suspendiendo excepcionalmente la aplicación de las disposiciones relacionadas con estos ecosistemas, pero solo si se considera que su impacto es demasiado importante.

Este mecanismo únicamente podría activarlo la Comisión Europea durante máximo un año en caso de que se produjese un impacto o riesgo sobre la seguridad alimentaria. Lo cual no deja mucho margen de que se vaya a aplicar realmente, salvo de forma paliativa y catástrofe asegurada.

El reglamento o LRN abarca una serie de ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce, forestales, agrícolas y urbanos, incluidos humedales, pastizales, bosques, ríos y lagos, así como ecosistemas marinos, como las praderas marinas y los lechos de esponjas y corales.

Hasta 2030, los Estados miembros darán prioridad a los espacios Natura 2000 (España tiene hasta 38% de su superficie incluida en los mismos, siendo el primer país de la U con estas zonas reguladas), mientras que en los hábitats considerados en mal estado, enumerados en el Reglamento, los Estados miembros deberán adoptar medidas para restaurar al menos un 30% para 2030; al menos un 60% para 2040 y al menos un 90% para 2050. Además, tendrán que esforzarse por evitar un deterioro significativo de las zonas que han alcanzado un buen estado gracias a la restauración y albergan los hábitats terrestres y marinos enumerados en el reglamento.

La LRN se publicará ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y entrará en vigor a los 20 días de su publicación, siendo directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE. Desde entonces y hasta 2033, la Comisión se encargará de revisar su aplicación y sus repercusiones en los sectores agrarios, pesquero y forestal, así como sus efectos socioeconómicos más amplios.

Como hemos indicado, es la primera vez que la UE se dota de una ley para restaurar la naturaleza, en el marco de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad de aquí a 2030, dentro del Pacto Verde Europeo.  Según la Comisión, más del 80% de los hábitats europeos se encuentran en mal estado y los esfuerzos realizados en el pasado para proteger y preservar la naturaleza no han podido revertir esta tendencia.

Es por ello por lo que el reglamento se propone adoptar medidas no solo para preservar, sino también para restaurar la naturaleza. Algo que ayudará a la Unión Europea a lograr sus compromisos internacionales, en particular el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, acordado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad de 2022 (COP15).

En suma, no se trata tanto de los objetivos ambiciosos en materia de medioambiente y biodiversidad que contempla la LRN, como la manera y el coste que tendrá alcanzar los mismos. Hasta cierto punto, es mucho más fácil proponer una ley que luego desarrollarla y aplicarla realmente. Y no digamos ya supervisarla para que se cumpla.

Y todo esto más aún cuando serán los Estados miembros los responsables de planificar con antelación y presentar sus planes nacionales de restauración (¿quién y cómo se financiarán esos planes? ¿cómo, cuándo, cuánto y a quién se compensará?) a la Comisión Europea, en donde demuestren cómo van a cumplir los objetivos, además de tener que supervisar e informar sobre sus progresos sobre la base de indicadores de biodiversidad a escala comunitaria. Para este traje, por tanto, queda aún mucha tela que cortar. Veremos.

Texto de la Ley de restauración de la naturaleza [EN]