La mano de obra agrícola es uno de los factores de producción más importantes y que cobrarán cada vez más importancia en el futuro a la hora de valorar la rentabilidad de muchas de las explotaciones agrarias. Se trata de uno de los costes o insumos de producción que más incidencia van a tener en los próximos años, sobre todo en aquellas producciones de temporada o muy estacionales, como las hortofrutícolas, pero también cada vez más en el resto de actividades productivas agrícolas y ganaderas.
Debido a su propia naturaleza, la agroalimentaria no deja de ser una actividad sumamente dependiente de la climatología antes y después de la cosecha. Y ello repercute, a su vez, en la demanda de trabajadores por parte de los empleadores, haciendo que la producción agrícola dependa fuertemente de la flexibilidad del mercado laboral.
El recurso al empleo de trabajadores temporeros o fijos en el sector agrícola de España y de la UE cada vez va a ser mayor, ante el insuficiente relevo generacional, la diversificación, la innovación tecnológica y la progresiva y más elevada especialización que exige esta actividad. Pese a ello, la fuerza de trabajo del sector agrícola de la UE está formada aún en un 75% por los propios titulares de las explotaciones agrícolas y sus familiares.
Un par de estudios recientes intentan arrojar algo de luz en este ámbito. Por un lado, un intento de acercamiento a este asunto para analizar “Los costes de la mano de obra en el sector agrícola: estudio comparativo”, realizado, con apoyo de la Comisión Europea, por el Grupo de Empleadores de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea (GEOPA-COPA). Por otro, un estudio sobre “El empleo agrario en la UE: desafíos actuales y perspectivas de futuro”, realizado por encargo de la Comisión de Agricultura (Comagri) del Parlamento Europeo.
Un ejemplo de esa mayor importancia de la fuerza de trabajo sobre la rentabilidad de las producciones agrícolas se ha visto ya en las últimas campañas de recogida de frutas y hortalizas en la provincia de Almería y en otras zonas de nuestro país. Una mayor cosecha, más demanda interna y exportaciones, e incluso, en algunos casos, mejores precios de venta de los productos no han sido suficientes para elevar los márgenes y la rentabilidad de las explotaciones agrarias, ante el aumento de los costes de producción. Entre ellos, el de mano de obra, debido al incremento hasta 900 €/mes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en una tendencia creciente, que va a tener continuación en los próximos años.
Para la actividad agraria, el quid de la cuestión no es tanto que suban los costes de la mano de obra agraria, como la práctica imposibilidad de agricultores y ganaderos de poder repercutirlos en los precios de venta de sus productos. Mientras que en otras actividades económicas, reguladas o no, esto es lo más habitual y normal, en la agraria resulta más bien excepcional. El poder de negociación para fijar el factor precio sigue teniéndolo la mayor parte de las veces el comprador (industria de transformación y distribución mayorista o minorista) y no el proveedor.
Costes muy heterogéneos
En el amplio estudio del GEOPA-COPA se vieron las dificultades para valorar las diversas variables que inciden sobre los costes de la mano de obra agrícola y la organización del trabajo a nivel comunitario, dadas las grandes diferencias entre los Estados miembros de la UE.
Sin entrar en detalles, los costes directos (pago por hora de trabajo, salarios bruto, mínimo y neto, o salario medio, etc.) y los costes indirectos (horas extras, salario en especie, alojamiento, gastos de transporte, contribución a la Seguridad Social, vacaciones anuales pagadas, formación, etc.), difieren mucho según tipo de contrato laboral (indefinido, fijo discontinuo, temporal…), según sector productivo y según país.
Sí se identifican como comunes a toda la UE las principales tendencias que repercuten y seguirán repercutiendo en la oferta de mano de obra y, por ende, en la productividad y en la calidad de las producciones de las explotaciones agrarias de la UE. Estas apuntan a tres ámbitos interconectados: digitalización, automatización y escasez de mano de obra.
Existe coincidencia en que se incrementará a medio plazo la demanda de mano de obra cualificada en el sector agrario. Y, teniendo en cuenta que el 41% de los trabajadores del sector agrícola sólo tiene cursado un nivel de instrucción primaria, el papel de la formación y del aumento de las cualificaciones se consideran ya un gran valor añadido y una cuestión crucial para poder hacer frente a los cambios tecnológicos y para asegurar y reforzar la sostenibilidad de la productividad en el futuro.
Los principales retos que prevén los empleadores de cara al futuro es previsible que desemboquen en un incremento de los costes de la mano de obra en general y de los salarios en particular. Pero, ¿podrán repercutirse esos mayores costes y salarios a los precios de venta de los productos agrarios? Existen serias dudas de que sea así.
“La necesidad de aumentar las cualificaciones de la mano de obra podría llegar a significar un coste económico considerable para los agricultores, si no se respalda con las políticas apropiadas, se afirma en el estudio del GEOPA-COPA. Además, “si este reto no se afronta, podría desembocar en una ulterior escasez de mano de obra y en niveles de productividad por debajo del nivel óptimo, con consecuencias como las subidas salariales, debido a la inadecuación entre las cualificaciones demandadas y las disponibles en el mercado.”
Y es que “para asegurar una transición ordenada hacia una mano de obra más cualificada y explotar el potencial del cambio tecnológico, a fin de aumentar la productividad agrícola, los gobiernos deberían garantizar que el tiempo dedicado a la formación y educación de los asalariados sea siempre compensado”. Algo que no sucede en muchos países.
“La formación orientada y la cualificación digital, respaldada por los Gobiernos, debería desarrollarse tanto para los agricultores, como para los asalariados, de forma que puedan hacer frente a las oportunidades de innovación en el sector y absorber los choques derivados de la automatización.” Según este estudio, esto es de “importancia crítica”, en vista de que “el nivel de educación y de formación permanente en el sector agrícola de la UE es muy bajo.”
La abundante mano de obra que necesita el sector agrícola, la fluctuación de la demanda de mano de obra, junto con la estacionalidad y los bajos salarios han desembocado progresivamente en una escasez significativa de mano de obra disponible para los empleadores. De ahí que la migración sea una herramienta importante para afrontar esta escasez para los agricultores de la UE.
Migración
El importante desfase salarial entre el Este y el Oeste de la UE, junto con el derecho de libre circulación de los ciudadanos comunitarios, ha elevado considerablemente la migración intracomunitaria de los trabajadores agrícolas. Pero ésta, por sí sola, no satisface la demanda de trabajadores (especialmente en los periodos de producción muy estacional), por lo que los agricultores se están orientando cada vez más hacia mano de obra de países de fuera de la UE.
La alta demanda de trabajadores agrícolas extra-comunitarios, sobre todo en los países del Norte, Centro y Sur de Europa, se está viendo contrarrestada en la contratación, ante la complejidad de los trámites de gestión administrativa (cupos, retrasos en la evaluación de las solicitudes y expedición de permisos…) y supone una dedicación extra de tiempo y dinero para cumplirlos, con el riesgo de no llegar a tiempo para las labores de cosecha e incitando a su vez, a que las explotaciones puedan verse expuestas a contar con migrantes en situación irregular.
El análisis del GEOPA-COPA concluye que reforzar los procedimientos de contratación, respaldando activamente a los agricultores para que cumplan los criterios fijados para dichos trámites, y abrir nuevas vías legales para la migración estacional podrían contribuir a satisfacer la demanda de trabajadores extra-comunitarios y a hacer frente también al problema de la escasez de mano de obra en el sector agrario.
Asimismo, en el estudio de la Comagri del PE se señala que, aunque el porcentaje de trabajadores extra-UE en el sector agrario comunitario sigue siendo inferior al 5%, los trabajadores estacionales, sobre todo migrantes, desempeñan un papel clave al responder a picos periódicos de demanda de mano de obra no cubierta con trabajadores locales.
Existen problemas, puesto que desde las instituciones no se ha dado solución a las condiciones de trabajo y a la integración socio-económica de estos trabajadores de fuera de la UE en la actividad agraria que desarrollan y en el medio en donde viven, lo cual es motivo de preocupación para esta Comisión europarlamentaria.
Los autores del estudio del PE recomiendan “aumentar los esfuerzos para retener a los jóvenes en el sector agrario y para animar a otras personas a instalarse en esta actividad, a la vez que deben crearse condiciones favorables para que los agricultores de más edad se jubilen.”
También sugieren una mejora de la calidad del empleo rural, invirtiendo en diversificación y en valor añadido (apoyando, por ejemplo, la transformación en la propia explotación), así como la vida en las áreas rurales (aumentando, por ejemplo, la disponibilidad y accesibilidad a servicios públicos e infraestructuras) con el fin de retener a los jóvenes y sus familias.
Además, ven necesario integrar y coordinar mejor los objetivos y las herramientas de la PAC con las políticas sociales y otros fondos estructurales y de inversión europeos para abordar el problema del empleo en el medio rural, en especial con respecto a la mano de obra migrante, que puede ser una solución potencial al problema de despoblamiento. Para ello, ven posible que se pudiese condicionarse los pagos directos de la PAC a la calidad de las condiciones laborales y los estándares de salud y seguridad en este ámbito.
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