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Sostenibilidad, precios e innovación, nuestros retos económicos

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

Funcas, la Fundación que forma parte de la obra social de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) editó recientemente un interesante y profuso número de “Papeles de la Economía”, dedicado monográficamente a analizar los condicionantes económicos que impactan en la cadena alimentaria y los numerosos y diversos retos a los que se enfrenta este sector en España. Desde la evolución de los precios de los alimentos, hasta la transición hacia la sostenibilidad y el cambio tecnológico.

Funcas es un centro de análisis -un “think tank” como se denomina en inglés- dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación, que promueve la interacción entre la esfera académica y la economía real.

En los cerca de 24 años que llevamos del siglo XXI, señala esta entidad, estamos asistiendo a una “época de turbulencias en los mercados alimentarios, siendo el capítulo más reciente la escalada de los precios de los alimentos.”

Esta inflación alimentaria ha estado ligada a un incremento de las materias primas y de los insumos de producción, como la energía o los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Ucrania, hace más de dos años y a pesar de que la presión se ha atenuado durante el último año, pero también a adversidades climáticas o de tipo meteorológico, sobre todo sequías, que se han traducido en menores rendimientos productivos en algunos cultivos.

El monográfico, coordinado por Mercedes Sánchez, bajo el título “Retos económicos en alimentación: la sostenibilidad, los precios y la innovación”, apunta la relevancia clave para nuestro país de la industria agroalimentaria tanto desde el punto de vista económico, como de empleo y social, así como por su implicación con las diferentes actuaciones políticas y reguladoras.

Los autores José Miguel Martínez, Federico Martínez-Carrasco y José Colino analizan al sector agrario y agroalimentario en un primer bloque del trabajo, dedicado a las cifras macroeconómicas y a la influencia de la política desde la Unión Europea, e indican que el peso del mismo en el Valor Añadido Bruto (VAB) y en el empleo se corresponde, desde hace lustros, con los bajos niveles que se registran en los países desarrollados, con una cuota ocupacional que sobrepasa a la productiva y, por tanto, con una productividad del trabajo que es inferior a la agregada.

No obstante, España cuenta con cierta especialización agraria en el contexto de los grandes Estados de la Unión Europea; con un peso sectorial en el empleo total que triplica, por ejemplo, al alemán, sobrepasa al francés y es muy similar al italiano.

Además, la agricultura española tiene una productividad del trabajo que es homologable a la que tienen Alemania y Francia, pero con unos costes salariales unitarios sensiblemente más reducidos.

Estos autores destacan en su análisis que la agricultura española se caracteriza por su carácter dual, con dos grupos bien definidos. El primero está formado por la mitad de las explotaciones, que son de pequeño tamaño, tienen un peso productivo residual y cuentan con precarios niveles de productividad, un signo de su carácter marginal y en el que los ingresos familiares dependen de rentas no agrarias.

Por otro, señalan, hay un grupo minoritario que, con solo el 10% de las unidades productivas, es generador de algo más del 70% de la producción agraria; cuenta con tasas salariales y niveles de productividad muy altos y, a su entender, constituye el núcleo fundamental de la agricultura empresarial de nuestro país.

Por su parte, Albert Massot manifiesta que la PAC, a pesar de su progresiva multifuncionalidad, ha perdido demasiadas competencias en favor de otras políticas comunes para consagrarse como la política alimentaria exclusiva de la UE. No obstante, el “Pacto Verde Europeo”, su estrategia “De la granja a la mesa” y el formato de gobernanza multinivel de la PAC post 2023, permiten, en opinión del autor, el despliegue de un marco legislativo supranacional para la cadena agroalimentaria continental, que podría culminar en 2030 si, tras las elecciones europeas de 6-9 de junio de este año, la UE persiste en renovar estos tres ejes de actuación. 

La implementación del Pacto Verde, en lo que respecta a la agroalimentación, no tendrá apenas margen para lograr resultados tangibles antes de 2027 y “parece insensato contraponer sostenibilidad y estabilización de las rentas agrarias, como si fuesen dos variables del crecimiento económico de suma cero,” destaca Massot.

Incremento de precios

Como consecuencia del análisis del perfil empresarial y económico del sector alimentario y de los condicionantes políticos, normativos y de sostenibilidad, revisados previamente, surge un segundo bloque que estudia los retos relacionados con el análisis de los precios, su impacto en la inflación y los cambios y tendencias observados en el consumidor.

Los autores José María García Álvarez-Coque, Olga M. Moreno, Lorena Tudela, Francesc J. Cervera y Sergi Escribano explican que la evolución de los precios en España y en los mercados mundiales refleja que buena parte de la inflación de los precios de los alimentos es importada del exterior. Y ahí se incluyen factores incidentes de naturaleza global, relacionadas con conflictos, como la guerra de Ucrania, o sequías.

Por el lado de la oferta, añaden estos autores, se observa un deterioro de la capacidad productiva en muchas zonas del planeta, afectadas por el calentamiento global. En términos globales, la producción de alimentos es la mayor utilizadora de recursos hídricos, empleando un 70% de estos. Además, el sistema agroalimentario demanda casi un 30% de la energía consumida en la Unión Europea, es causante del 60% de la pérdida de biodiversidad terrestre global y representa más del 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Todo ello lleva a aumento de los costes de producción.

Por el lado de la demanda, actúa la denominada “transición nutricional”, que se trata de un cambio de patrón de consumo, que ejerce presión sobre los recursos naturales.

Como contrapartida, señalan que las propuestas de distintos actores para luchar contra las alzas de precios incluyen esfuerzos colaborativos para superar la atomización del sector, mejoras logísticas y digitalización, difusión de innovaciones comerciales, tecnológicas y organizativas, más transparencia en la cadena agroalimentaria, y educación de la ciudadanía para un consumo saludable y responsable.

Otro de los análisis, realizado por José M. Gil y Ester Freixa, se centra en el debate recurrente sobre la responsabilidad del incremento de los precios de los alimentos, que suele aparecer en períodos de tensión inflacionista. En definitiva, sobre si ese incremento de precios se debe a los productores agrarios -los precios en origen- o si, en cambio, son los agentes intermedios de la cadena de valor alimentaria, vía márgenes, los responsables de esos aumentos.

Ambos concluyen que el debate va a continuar, ya que no existe evidencia empírica de ninguno de los dos resultados. En algunos casos, señalan, son los incrementos de los precios de los productores, asociados normalmente a aumentos de los costes de producción o a condiciones meteorológicas de la campaña, los que generan las subidas de precios de los alimentos. Entonces, los márgenes comerciales suelen moderarse, mientras que en los casos en los que los precios de los productores crecen menos, son los márgenes los que crecen más rápido. Pero incluso esa tendencia general hay que matizarla caso por caso, añaden los autores.

El papel clave de la sostenibilidad

Otro punto importante que se analiza en este informe se refiere a la sostenibilidad. Aquí, la industria agroalimentaria juega un papel clave en la medida en que, aunque produce bienes básicos y de primera necesidad, como son alimentos, lo hace con un importante (e inevitable) impacto ambiental 

En concreto, los autores, José A. Gómez y Mercedes Luque, abren un tercer bloque de estudio sobre los principales retos en torno a la sostenibilidad, debidos al Pacto Verde. Afirman que la consecución de un desarrollo sostenible se ha convertido en la principal prioridad política a todos los niveles. La normativa europea ha comenzado a obligar a las empresas a que informen sobre su desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Al respecto, ambos autores detallan los cambios estratégicos que deben abordar las empresas agroalimentarias españolas si quieren mantener su legitimidad para operar en los mercados, teniendo en cuenta que el sector presenta una superior exposición pública (alimentos).

También destacan que el papel de los informes de sostenibilidad (IS) será potenciado por la regulación financiera europea, en la medida en que en un futuro próximo impondrán condiciones para la concesión de financiación de las empresas en función de su desempeño ASG. Para ello es importante disponer de indicadores, que permitan evaluar los pasos dados para mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario.

Se prevé que, frente a las 11.700 empresas de la UE afectadas por la anterior directiva, la nueva directiva afecte a casi 50.000 empresas.

En el caso del sector agroalimentario español, de las poco más de 200 empresas obligadas actualmente al reporte de sostenibilidad (EINF), se va a pasar a más de 500.

Las nuevas empresas afectadas por la obligación de reportar el IS deberán comenzar a hacerlo a partir del ejercicio económico que comienza el 1 de enero de 2025, debiendo publicar sus primeros informes conforme a la nueva normativa mercantil en 2026.

Equilibrar las relaciones en la cadena

Siguiendo en este contexto de condicionantes económicos que impactan en la cadena alimentaria, los autores Juan Fco. Julià, Elena Melià y Erasmo López, destacan la importancia de equilibrar las relaciones en la cadena de valor provocadas por las diferencias de tamaño y poder negociador entre operadores, que son más evidentes entre los productores agrarios y los distribuidores.

Al respecto, son relevantes para estos autores la Ley de la Cadena Alimentaria y la Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y otras entidades asociativas en la definición de contratos alimentarios, aconsejándose también políticas que favorezcan los procesos de integración empresarial para confluir hacia los niveles de los grandes grupos en la Unión Europea.

Factores externos a la producción, fuera de control del sector, impactan de forma importante en sus condicionantes económicos. El consumidor final es que está recibiendo el impacto de las diferentes actuaciones en la cadena alimentaria y de las crisis y otros factores del entorno.

Un asunto, el de la evolución del consumo alimentario en España, que analizan los autores Alicia Langreo y Tomás G. Azcárate y en el que destacan el alcance de la sustitución de las proteínas animales, la dinámica de los mercados globales y el devenir de las materias primas, así como la estrategia de la distribución y el alcance de su grado de concentración, y donde se prevé la continuidad de los desequilibrios en la capacidad negociadora de los actores de las cadena de suministro agroalimentarias.

Innovación y cambio tecnológico

Por último, el informe destaca que el sector alimentario se enfrenta a una transformación importante, como consecuencia del cambio tecnológico. Aspectos como la mejora genética, la digitalización o la inteligencia artificial están transformando los sistemas de producción de alimentos, aumentando la productividad. 

Los autores Silverio Alarcón, Ramo Barrena, Teresa García, Emilio Pindado, Mercedes Sánchez y Katrin Simón analizan y detallan cómo la innovación se ha convertido en decisiva para las empresas agroalimentarias en sus cumplimientos de sostenibilidad, adaptación a la demanda cambiante y al incremento de la competencia.

Los procesos productivos agroalimentarios con superior riesgo, su carácter estratégico, la estructura empresarial (con una importante proporción de pymes) y los condicionantes rurales inciden, según estos autores, en dichos procesos de innovación.

La formación y capacitación, el incremento de los jóvenes en el sector, la interoperabilidad y compartición de datos, el cambio cultura en la cadena y las alianzas y colaboraciones entre Administración, empresas y entorno, permitirán mejorar el nivel de adopción e impacto en el proceso de digitalización del sector alimentario.

En este contexto, concluyen, las actuaciones de colaboración en la innovación, el esfuerzo público-privado, y la creación de instrumentos de financiación y apoyo, favorecen el éxito innovador.

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