Vislumbrando un futuro para la agricultura europea

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

A pesar de los esfuerzos de la Presidencia semestral belga del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en su última reunión del pasado 24 de junio, ésta no logró que los Estados miembros aprobasen por unanimidad sus conclusiones sobre “La visión del futuro de la agricultura de la UE”, que contaba con una mayoría amplia y con la oposición o reservas en el último momento de únicamente dos países, Rumania y Eslovaquia, que pidieron concreción para avanzar hacia un nivel de apoyo por hectárea de la PAC equivalente en todos los Estados miembros.

No todo cayó en saco roto, porque al menos el documento de conclusiones presentado por la Presidencia belga del Consejo se publicó y quedó como base para alcanzar un futuro acuerdo que oriente y delimite la agenda de trabajo del próximo equipo de la Comisión Europea y ser incorporado en sus elementos principales a la Agenda Estratégica abierta de la UE 2024-2029, adoptada por el Consejo Europeo en su reunión del 27 y 28 de junio.

Es muy positivo, incluso, que las conclusiones de la presidencia belga hayan encontrado en gran parte el apoyo de la organización representativa mayoritaria de los agricultores y de sus cooperativas en la UE, el COPA-Cogeca, que consideran que el documento reconoce la importancia estratégica de la agricultura y propone prioridades políticas precisas, alineadas en buena medida con el Manifiesto presentado en los meses previos a las pasadas elecciones al Parlamento Europeo.

En el documento, que se reduce a 26 puntos clave, se realiza un análisis sobre las razones que llevaron a las importantes manifestaciones agrícolas del primer trimestre de 2024 y a la necesidad de volver a posicionar a la agricultura como un pilar estratégico clave de la Unión Europeo en el contexto geopolítico actual en los próximos años.

Destaca también la importancia de la Política Agraria Común (PAC) y la necesidad de que se preserve un presupuesto adecuado en línea con sus objetivos, el principal es asegurar el abastecimiento interno de materias primas y de alimentos a los ciudadanos de la UE y reducir en la medida de lo posible el incremento de la dependencia exterior de terceros países, mediante un mayor equilibrio y equidad en las relaciones comerciales.

Al respecto, indica que, “sin ánimo de anticiparse al próximo marco financiero plurianual (MFP) 2028-2032” o, en su caso, a la revisión de medio plazo del actual, “se necesitan recursos adecuados para la PAC, a fin de responder eficazmente a sus múltiples objetivos y que la distribución justa entre los Estados miembros de las ayudas de la PAC, en particular de los pagos directos, es una cuestión delicada para la que debe buscarse una solución adecuada (en referencia más o menos explícita a las demandas de los países Este, como Rumania o Eslovaquia, que se incorporaron al club comunitario en 2007).

En otros términos, lo que se demanda es garantizar la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica, teniendo en cuenta los enormes desafíos a los que se enfrenta el sector agrario comunitario, sobre todo los relativos a los efectos adversos del cambio climático sobre la resiliencia de las producciones; las tensiones geopolíticas que afectan al normal flujo comercial; la propia rentabilidad de los agricultores y ganaderos en la cadena de valor alimentaria, y la ingente carga administrativa que vienen soportando y que debería simplificarse.

El documento de la Presidencia belga acoge también con mayor énfasis la adopción de la bioeconomía y la economía circular, que se quedaron en un segundo plano durante el mandato anterior; la propuesta de necesidad de un enfoque más equilibrado entre las cuestiones comerciales y ambientales; la importancia otorgada (necesaria más que nunca) al relevo generacional en el sector agrario, así como a los programas de investigación e innovación tecnología aplicada al mismo.

Renta justa

Más en concreto, en el texto, aceptado por 25 de los 27 Estados miembros de la UE, insiste en la necesidad de garantizar “una renta justa a los agricultores a medio y largo plazo por medio de una mejora de su posición en la cadena alimentaria, de la búsqueda y promoción de las posibilidades de diversificación de los ingresos y de la garantía de una competencia leal y basada en reglas, así como de una aplicación eficaz del Mercado Único.”

Recuerdan también “el papel de los pagos directos como apoyo a la renta de los agricultores” y en el ámbito comercial, aunque se posiciona a favor de una “economía abierta”, invita a la Comisión Europea a actualizar regularmente su evaluación del impacto de los acuerdos de libre comercio en el sector agrario y defiende una gestión equilibrada de los instrumentos comerciales, sobre todo en materia de contingentes arancelarios para garantizar un comercio equitativo y sostenible.

Incide también en que la Comisión Europea evalúe cuidadosamente el impacto de la ampliación de la UE (Ucrania, Moldavia…), con el fin de preparar al sector agrario para este proceso y limitar los efectos desfavorables para los mercados y productores comunitarios sobre la base de las enseñanzas extraídas de anteriores ampliaciones, teniendo en cuenta al mismo tiempo las implicaciones positivas que pueden tener para la agricultura y la Unión en su conjunto.

Un capítulo clave, sin duda, es el apartado relativo a los jóvenes y nuevos agricultores y al relevo generacional en el sector agrícola comunitario, “necesario para garantizar la continuidad de la actividad agrícola y la resiliencia a largo plazo del sector agrícola de la Unión.

En el texto se reconocen las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes y nuevos agricultores para poner en marcha su actividad, en particular el acceso a las tierras agrícolas y, por ello, hace hincapié en que “una perspectiva positiva a largo plazo para el sector es un factor crucial para atraer a los jóvenes y nuevos agricultores.”

Y, en este sentido, destaca la importancia de seguir adoptando “medidas que fomente la instalación y la transferencia de tierras para este colectivo, y la necesidad de facilitar el acceso al crédito y a las tierras principalmente para uso agrícola.”

Otro asunto de enorme trascendencia de cara a los próximos años es el referido a la resiliencia del sector agrario frente al cambio climático y a la conservación del medio ambiente. En este punto, el texto recuerda que “el buen funcionamiento y la conservación de los ecosistemas son cruciales para garantizar la seguridad alimentaria y la resiliencia a largo plazo de la agricultura de la Unión Europea.”  Aspectos objetivos que nunca han sido negados ni despreciados por el propio sector agrario, pero sí la manera de tratar de conseguirlos. De ahí las críticas a las imposiciones sin consenso y sin contrapartida financiera de la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Además de reconocer que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo son clave en todos los sectores, en particular la agricultura, el documento muestra también su reconocimiento a “los progresos realizados hasta la fecha y los numerosos esfuerzos ya realizados por los agricultores para contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión en materia de clima, biodiversidad, medio ambiente, bienestar animal y otros objetivos de sostenibilidad.” Algo que se echaba de menos en los últimos años.

Agri-carbonocultura

Aún así, considera que “el sector agrícola tendrá que proseguir estos esfuerzos para alcanzar dichos objetivos, teniendo en cuenta al mismo tiempo la realidad socioeconómica, la competitividad y la rentabilidad del sector agroalimentario.” Para ello, estima que “diversas prácticas agrícolas, respetuosas con el clima, pueden ofrecer soluciones a los retos medioambientales y climáticos, en particular mediante la “carbonocultura” (un palabro de nuevo cuño que habrá que tener muy en cuenta en los próximos años, puesto que los agricultores y ganaderos no solo serán productores de alimentos, sino que también realizarán una labor mitigadora del cambio climático, que debería ser convenientemente valorada y recompensada).

En este contexto, el texto pide también a la Comisión Europea que “preste mayor atención a la disponibilidad y a la diversificación de las fuentes de proteínas vegetales en la Unión.” Y eso no solo con los instrumentos ya disponibles (ayudas asociadas a las oleoproteginosas y leguminosas, prácticas agrícolas sostenibles en los ecorregímenes y de fomento de la biodiversidad…etc.) de última reforma de la PAC, sino priorizando en su apoyo a la I+D+i para estos cultivos y fomentando su rentabilidad frente a otras producciones.

Es lo que se señala también en el documento que, “además de la contribución de la PAC, otros instrumentos públicos y privados también pueden desempeñar una función clave para ayudar a los agricultores a hacer frente a los retos medioambientales, climáticos y de biodiversidad de la Unión.”

Como hemos señalado en otras ocasiones, la PAC se creó inicial y principalmente para asegurar una renta mínima a los agricultores comunitarios, de tal forma que éstos pudieran llevar a cabo su actividad esencial de producir alimentos en cantidad, calidad y asequibilidad como demandan los consumidores comunitarios. Pero no para financiar también las políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, por muy necesarias que éstas sean para llevar a cabo la actividad productiva agraria y para el conjunto de la sociedad.

Por ello, en el documento se destaca “la necesidad de apoyar adecuadamente a los agricultores en la transición hacia la adopción de prácticas sostenibles, manteniendo al mismo tiempo normas estrictas en materia de seguridad alimentaria”.

Remunerar servicios ecosistémicos

Y lo que es más importante y clave para que pueda llevarse a cabo esta transición,  “pide a la Comisión que favorezca un enfoque incentivador que remunere a los agricultores, más allá de los costes y las pérdidas de ingresos, por sus servicios ecosistémicos.” Esto es realmente loable, sin menoscabo de que, además, ponga de relieve la importancia de la propia PAC “para contribuir al cumplimiento de los compromisos de la UE en materia de medio ambiente, biodiversidad y clima.”

Esto es algo que nadie discute, pero una cosa es que el sector contribuya y otra que, además, tenga que financiar esa contribución a costa de reducir el apoyo directo a las rentas de los agricultores. Y, lo que se ha dicho ya tantas veces que parece un eslogan manido, pero que no pierde vigencia: lo de que no es posible llevar a cabo una política “verde” y “sostenible” en el sector agrario con “números rojos” en la actividad productiva de los agricultores.

Este documento de la Presidencia belga, junto al texto de recomendaciones del “Diálogo Estratégico sobre el futuro de la Agricultura”, abierto por la Comisión Europea (con implicación directa de la actual y próxima presidenta de la misma, Ursula von der Leyen), que reúne a todas las partes interesadas bajo la coordinación del profesor Peter Strohschneider, y cuyas conclusiones se esperan para este mismo mes de julio, formarán un todo para definir las líneas del futuro inmediato y próximo del sector agrario de la Unión Europea.

De hecho, Von der Leyen, que participó en la última reunión de este foro los días 20 y 21 de junio, insistió en señalar que “ha llegado el momento de forjar un nuevo consenso sobre Alimentación y Agricultura entre los agricultores, las comunidades rurales y todos los demás agentes de la cadena agroalimentaria de la UE.”

La presidenta de la CE reconoció que “los agricultores y la industria alimentaria de la UE ofrecen a nuestros ciudadanos alimentos saludables y de alta calidad, y contribuyen de manera fundamental a nuestra economía, especialmente en las zonas rurales. También están realizando un enorme esfuerzo por contribuir a nuestras transiciones ecológicas y digital colectivas. Sin embargo, se enfrentan al mismo tiempo a retos diversos, desde el cambio climático hasta la inflación y los efectos de un mercado volátil. Mediante este diálogo estratégico creamos un foro que aporte una visión clara para el futuro en beneficio de todos.”

Todas estas conclusiones del documento de la Presidencia belga del Consejo de la UE pasan ahora, en este segundo semestre del año, a la Presidencia de Hungría, a la espera de pueda llevarse a cabo su adopción por unanimidad y que tengan reflejo en los debates de la PAC post 2027, que se deberían iniciar también en el tiempo más breve posible, una vez que se conforme el nuevo equipo de la CE y las distintas Comisiones respectivas en el Parlamento Europeo.