Acontecimientos como el voto a favor del Brexit, cuyas consecuencias continúan rodeadas de incertidumbre, la injustificada prohibición de la pesca de arrastre a una profundidad superior a los 800 metros en aguas comunitarias del Atlántico Nordeste o el haber tenido durante casi todo el año al Gobierno en funciones, alimentan la tentación de calificar de negativo al año que termina. No obstante, pondremos la atención en los sucesos positivos que son los que empujan a seguir trabajando cada día en la defensa de un sector que, además de clave para una alimentación saludable, tiene un importante peso socioeconómico.
Hay que recordar que España es el primer productor de productos pesqueros de la UE con el 20% de la producción y que ocupa el puesto 18 del mundo. Su flota, si bien no es la mayor de la UE en número de buques y ha pasado de 16.685 unidades a 9.390 entre 2000 y 2016, continúa siendo la más importante en términos de capacidad con el 23,6% del total y genera el 30% del empleo con 34.980 tripulantes de los 115.000 del conjunto de la UE. Además, y con más de 1.000 especies pesqueras de interés comercial reconocidas, España ocupa el primer puesto de la UE y el mundo en variedad de productos pesqueros, capturando anualmente en torno a 1.250.000 tm de pescados y mariscos.
Desde esta posición, España es un referente en sostenibilidad y ha convertido en estandarte el control y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). A este respecto, 2016 fue testigo de un hito fundamental: la entrada en vigor el 5 de junio del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, aprobado en 2009 y destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.
Este acuerdo, que crea obligaciones vinculantes y establece normas para la inspección de los buques pesqueros extranjeros que atracan en puertos de otros estados, es fundamental para poner fin a la pesca INDNR, una lacra que, además de estar directamente relacionada con prácticas como el trabajo infantil y el esclavismo, supone una competencia desleal para las flotas que desempeñan su actividad de forma responsable y una amenaza directa para los recursos pesqueros. No en vano y según la edición 2016 del informe “La Política Pesquera Común. Datos y Cifras” de la UE, se estima que actualmente se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de Tm de pescado al año, lo que representa, como mínimo, el 15% de las capturas mundiales.
Pero si la sostenibilidad de los recursos es importante, la sostenibilidad socioeconómica de las comunidades que dependen de la actividad pesquera no lo es menos y es justamente en este ámbito donde se enmarca otro de los hitos a destacar de 2016: la firma en mayo del primer acuerdo de prevención de riesgos laborales y salud laboral para los trabajadores y trabajadoras del sector y que se aplicará, voluntariamente, en los barcos que faenan en el caladero nacional, en aguas de la UE y en las aguas de fuera de la UE.
Por otro lado, y aunque de carácter formal, la incorporación del término “pesca” a la nomenclatura del rebautizado como MAPAMA (Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) tras la constitución del nuevo gobierno en noviembre de 2016, es también una señal del importante peso sector pesquero en España.
Al sector pesquero se refieren 19 de las 66 medidas presentadas por la ministra Isabel García Tejerina en su última comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, incluidas acciones encaminadas a reforzar el liderazgo mundial de la flota española en materia de sostenibilidad, buenas prácticas y lucha contra la pesca ilegal. Enarbolando este liderazgo, el MAPAMA también defenderá en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) el aumento de las posibilidades de pesca para la flota española en los cinco océanos, una actividad en el exterior que, lejos de tener un impacto ambiental y social negativo en los terceros países como afirman algunas organizaciones ecologistas, está demostrado que se traduce en el desarrollo económico y social de estos países y sus poblaciones.
Ante la incontestable globalización, crecimiento continuo de la población mundial y el imperativo de hacer una explotación responsable de los recursos, el sector pesquero está inexorablemente abocado a la sostenibilidad, pero como se señaló antes, es necesario conjugar sus tres dimensiones: medioambiental, económica y social.
En este sentido y en relación con la obligación que establece la Política Pesquera Común (PPC) de la UE de alcanzar en 2020 el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), es decir, el nivel máximo de capturas que garantiza la continuidad de la pesca a largo plazo, desde el sector reclamamos que la consecución de este objetivo sea gradual y permita una adaptación progresiva a lo largo de los próximos años. Y esa misma premisa debe regir las actuaciones que se desarrollen a través del Plan de Gestión para la mejora del estado de los recursos en el Mediterráneo, una prioridad para el sector que, como subrayó el comisario de Pesca de la UE, Karmenu Vella, durante la presentación en abril de este año de la campaña #MedFish4Ever, debe tener en cuenta el impacto de otras actividades humanas más allá de la pesca y ha de afrontarse de forma conjunta y coordinada entre los miembros de la UE y otros países no europeos que faenan en estas aguas.
Para concluir, también en positivo, el año 2016 comenzó con buenas noticias en cuanto al incremento de las cuotas de España en más de 5.000 tm y termina con mejores, al haberse incrementado para 2017 en más de 41.300 tm. Así mismo, ha sido un año en el que se ha hablado mucho de la importancia del ámbito social en la pesca, consiguiendo los interlocutores sociales de la UE que se adopte la Directiva que permitirá la ratificación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo. Cabe llamar aquí la atención sobre la la publicación de la Norma AENOR Atún de Pesca Responsable (APR).
Confiemos en que 2017 sea mejor que 2016 y que sigamos todos rumbo a la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
