Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez
El endeudamiento del sector agrario y agroalimentario volvió a crecer durante el año pasado, como se refleja en las estadísticas de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), recabadas por el Ministerio de Agricultura. ¿Es esto de signo positivo, pues las explotaciones y las empresas de ambos sectores invierten más en su actividad porque existe más confianza o, por el contrario, es de signo negativo, pues están más endeudadas y su actividad no genera suficiente rentabilidad o liquidez como para poder financiarse con capital propio y se ven obligadas a acudir al ajeno?
Todo depende de la circunstancia de cada explotación agraria o de cada empresa agroalimentaria. Cuando una empresa se endeuda es porque no le queda más remedio o porque tiene confianza y le resulta más favorable tener que afrontar de golpe una inversión, que considera necesaria o vital para sus intereses en ese determinado momento, y de la que espera resultados o beneficios a corto-medio o largo plazo. Y esa deuda ya la podrá ir pagando a plazos y de forma más llevadera.
La situación en niveles mínimos de los tipos de interés del capital prestado por las entidades financieras contribuye también a facilitar el endeudamiento para afrontar esos procesos de inversión que, de otra forma, a lo peor no se llevarían a cabo. El fenómeno adverso se dio en los años de crisis financiera de 2007-2008 a 2014-2015, en los que ambos sectores recortaron su demanda crediticia y, por el contrario, elevaron su nivel de morosidad.
En 2006, poco antes de iniciarse la crisis financiera mundial, el sector agrario debía casi 21.000 millones de euros, más que en 2017, y la industria alimentaria unos 18.683 millones, bastante menos que en el año anterior. En cambio, el crédito calificado por las entidades financieras como dudoso era de solo 248 millones en el caso del sector agrario, lo que equivalía a solo un 1,2% del capital prestado ese año, y de solo 188 millones en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, un 1% del total prestado. Se pedían créditos y, además, no había demasiados problemas para que luego devolverlos con los intereses correspondientes.
Durante el anterior periodo de expansión económica, el crédito financiero concedido al sector agrario y a la industria agroalimentaria creció en menor medida que el dado al resto de actividades económicas, debido a la mayor estabilidad de este sector frente al crecimiento y la expansión acelerada de otros sectores, caso de la construcción o el sector inmobiliario.
El endeudamiento máximo del sector agrario se alcanzó en el tercer trimestre de 2008, con 23.936 millones de euros, mientras que el de la industria de alimentación y bebidas llegó un trimestre más tarde, hasta los 23.658 millones.
La fuerte reducción de la oferta crediticia que tuvo lugar desde entonces, entre 2008 y 2014, afectó prácticamente en la misma medida al sector agrario (caída del 32,6% del volumen de préstamos) que al resto de la economía (disminución en ese periodo del 33,8%). Aunque importante también, el descenso de la reducción de los créditos en la industria de alimentación, bebidas y tabaco fue inferior, del 20,7% durante ese mismo periodo.
Mejores condiciones
A partir de 2015 y hasta el último trimestres de 2017, con la mejora de las condiciones en la concesión de los préstamos, vuelve a producirse una recuperación y se incrementan de nuevo los niveles de endeudamiento, tanto para el sector agrario en un 9,3%, como para la industria alimentaria, en un 12,7%, mientras que para el resto de actividades económicas no sucede lo mismo todavía, experimentando una contracción del 12,5%.
En el cuarto trimestre del año pasado, el crédito total del sector agrario se incrementó un 1,5% y en 291 millones respecto al trimestre anterior, cerrando 2017 con una deuda financiera en su actividad de 19.255 millones de euros, y con un aumento del 8,1% y de 1.440 millones respecto al cuarto trimestre de 2016. El endeudamiento de la actividad agraria equivalía al 3,3% del total de las actividades productivas y representaba también el 69,2% de la Renta Agraria Anual (segunda estimación del año 2017).
Por su parte, la industria agroalimentaria registró un aumento del crédito financiero del 2,4% y de 509 millones en el último trimestre de 2017 respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar 21.5976 millones de euros. Sobre el mismo periodo del año anterior, la variación fue del 7,6% y de 1.534 millones. La deuda del sector de alimentación, bebidas y tabaco representaba el 3,7% de la del conjunto de las actividades productivas, que a final del pasado año era de 591.615 millones de euros, un 2,2% menos que la del cuarto trimestre de 2016. Ese grado de endeudamiento equivalía también al 77,1% de su Valor Añadido Bruto (VAB).
Créditos dudosos
La tasa de créditos dudosos de la actividad agraria, que incluye a los calificados como morosos, se situó al final de 2017 en un 7,5% del capital prestado, con 1.435 millones de euros, bajando en medio punto porcentual y en 76 millones desde el tercer trimestre y en 1,6 puntos y en unos 180 millones sobre el mismo periodo de 2016, debido tanto a la cuantía de ese crédito (numerador), como al ligero incremento del crédito total concedido (denominador).
Esta tasa se situó 2,8 puntos porcentuales por debajo de la tasa del total de las actividades productivas, que todavía es de doble dígito (10,3%), aunque ha ido a la baja también desde finales de 2015, en que estaba en un 14,6% del total de los créditos concedidos. Como apunta el Mapama, si se excluye el desempeño del sector de la construcción (tasa de créditos dudosos del 24,1% del total concedido) y del sector inmobiliario (18,1%), ambos muy endeudados, la tasa de créditos dudosos se situaría en el 7,3%, aproximadamente 0,2 puntos menos que la tasa de morosidad del sector agrario.
Por último, la tasa de morosidad de la industria alimentaria aumentó en 0,5% puntos en el tramo intertrimestral. En el tercer trimestre era del 5,9% y subió al 6,4% en el último trimestre de 2017, con un importe de 1.382 millones, inferior a la del sector agrario. Esta tasa de créditos dudosos sobre el total de la actividad era igual que la registrada un año antes, aunque el montante entonces era de 104 millones menor, hasta 1.278 millones de euros.
Líneas de financiación
La línea de financiación ICO-Empresa y Emprendedores asumió en 2017 más de las tres cuartas partes de toda la aportación del ICO al sector agroalimentario, con un 78,64% del total y más de 680 millones de euros, con un incremento sobre el año anterior de casi un 51%. Esta línea de intermediación va destinada a la concesión de préstamos tanto a autónomos, como a entidades públicas y privadas que realicen inversiones productivas en España o necesiten liquidez para cubrir gastos corrientes.
La segunda línea ICO por importancia por volumen de créditos fue la de Exportadores a corto plazo, que demandó 161,7 millones de euros, lo que representó un 18,7% del total, aunque con un fuerte descenso de cerca de un 62% respecto a 2016, en los que la demanda fue de más de 422 millones. Esta línea ICO está orientada a autónomos y empresas españolas, que buscan anticipar el importe de las facturas procedentes de su actividad exportadora, así como para cubrir la prefinanciación necesaria de los costes de producción del bien objeto de exportación. En esta actividad han surgido más actores públicos y privados que realizan ese mismo cometido, por lo que la competencia es mucho mayor y, de ahí, probablemente, el descenso de las peticiones de crédito.
Con volúmenes de financiación mucho más moderados se situaron el resto de líneas ICO, como la de Crédito Comercial, con 15,77 millones de euros, un 51,5% más en 2017 que un año antes, y con tendencia al alza. Su objetivo es financiar a autónomos y empresas en España que necesiten anticipar el importe de las facturas derivadas de la venta en firme de bienes y servicios, con un vencimiento no superior a tres años.
La línea ICO Internacional demandó apenas 7 millones de euros durante 2017, con un fuerte descenso del 84%. Esta línea va destinada a financiar operaciones de financiación a la exportación o a la presencia internacional, mientras que la línea ICO Garantía SGR/SAECA demandó apenas 327.000 euros (-56%) y su fin es financiar autónomos y entidades públicas y privadas, que cuentan con un aval de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), entre las que se encuentra la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), como entidad especializada en el sector agrario.
Préstamos ICO
Uno de los principales instrumentos a los que acude el sector agrario y el agroalimentario son las líneas de intermediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar sus inversiones y su liquidez en operaciones de financiación a corto, medio y largo plazo.
En 2017, a través de la mediación del ICO, el sector agroalimentario en su conjunto, incluida la pesca y el comercio mayorista de materias primas y productos alimenticios, demandó cerca de 865 millones de euros, con un descenso del 6,8%, que no afectó a todas las líneas de financiación por igual. Casi un 28% de esos créditos de intermediación fue solicitado por el sector agrario (CNAE 01) y un 30% prácticamente por la industria alimentaria (CNAE 10).
Las Líneas de mediación son las líneas de financiación en las que el ICO actúa a través de las entidades de crédito, es decir, concede los fondos con la intermediación de las citadas entidades. Por un lado, el ICO establece la dotación económica total y las principales características y condiciones financieras de las diferentes líneas de financiación. A la vez, firma los correspondientes contratos de financiación con las entidades de crédito para la comercialización de las distintas líneas a través de sus redes de oficinas, a las que se dirigen directamente los clientes interesados.
Por su parte, las entidades de crédito son las que asumen el riesgo de impago, se encargan del análisis y viabilidad de la operación, determinan las garantías a exigir, y deciden finalmente sobre la concesión o no de la financiación. Si la operación se aprueba, las entidades formalizan los correspondientes contratos con sus clientes con los fondos del ICO.
Las entidades de crédito son las que responden frente al ICO de la devolución de la financiación otorgada por éste, al igual que el cliente final responde frente a la entidad que le ha concedido el préstamo, del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la operación formalizada.
