Isabel García Tejerina, Valladolid, 48 recién cumplidos, ha sido una de las ministras que repiten cargo en el nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy; además, ocupó el puesto número tres en la lista por Madrid de los populares en las elecciones celebradas hace un año. Ingeniera agrónoma y licenciada en Derecho, ha desarrollado prácticamente toda su actividad profesional, salvo su paso como ejecutiva en Fertiberia, en el seno del Ministerio de Agricultura, donde desembarcó como asesora en 2000 para desempeñar posteriormente bajo el mandato de Miguel Arias Cañete los cargos de directora general y más tarde de secretaria general de Agricultura hasta ocupar desde abril de 2014 el puesto de ministra.
Experta en temas comunitarios y buena conocedora del sector agrario, aborda esta nueva legislatura en el cargo con el objetivo de continuar el trabajo emprendido por su predecesor, Miguel Arias Cañete, porque considera ha existido desde entonces un proyecto de política agraria y no se ha actuado a golpe de mata. Isabel García Tejerina cree en el campo y en el futuro de la actividad agraria desde la existencia de un sector organizado, el desarrollo de unas estructuras competitivas pensando en los mercados, a partir de una mayor información y el uso eficiente de los medios de producción para lograr una actividad rentable. “Si no hay rentabilidad, mal se pueden incorporar al sector agrario nuevos agricultores por muchas ayudas que se les concedan”, apunta. Apuesta y defiende el mantenimiento de las ayudas comunitarias para apoyar la actividad agraria también a partir del año 2020, aunque asume ya que Bruselas va a poner sobre la mesa nuevas exigencias de carácter medioambiental para otorgar los fondos, algo que debe ser asumido por agricultores y ganaderos. Considera que ya es tiempo de comenzar a trabajar para ser los primeros en plantear en Bruselas una propuesta para la nueva reforma de la PAC y no ir a remolque, como en la reforma anterior.
Entiende que la Ley de la Cadena Alimentaria está cumpliendo con sus objetivos y no ve razones para su modificación para perseguir la venta a pérdidas porque considera que se trata de unas competencias que ya corresponden a las comunidades autónomas y lo importante es que cada administración cumpla con sus cometidos. Como en la legislatura anterior, pretende basar la misma en el diálogo con todo el sector agrario.
Vidal Maté.- Hágame un balance de su mandato como ministra.
García Tejerina.- Teníamos el reto de mejorar la renta agraria, conseguir unos mayores beneficios para la industria alimentaria y, en definitiva, contribuir de forma importante al crecimiento del Producto Interior Bruto y a la creación de empleo en España. Creo que lo hemos conseguido. Actualmente la renta agraria se compone de un 30% de ayudas y de un 70% de la actividad de los mercados y el objetivo debe ser que aumente el peso de los mismos. Hemos trabajado para lograr una mayor organización del sector con la Ley de Integración Asociativa, el apoyo a las organizaciones de productores o el impulso a las interprofesionales, la apuesta por la política alimentaria con la Ley de Calidad, otra disposición por el equilibrio de la Cadena Alimentaria, incremento de los fondos para los seguros agrarios, el aumento de las políticas de financiación y, en definitiva, trabajar en base a una idea clara sobre por dónde debe ir al política agraria, aunque resta mucho camino por recorrer.
Y un dato que no podemos olvidar es el desarrollo de la actividad exportadora, que año tras año sigue batiendo récords en todos los mercados y sectores hasta superar en los últimos doce meses en septiembre los 45.500 millones de euros. Eso es un reflejo de nuestra capacidad para producir con eficiencia.
V. M.- ¿Qué supone su nombramiento?
G. T.- Supone apostar por una política de continuidad en lo que ya estábamos trabajando desde la legislatura anterior y plantear otras de futuro para ajustar la situación del sector a las nuevas exigencias de los mercados y de la PAC, donde el cambio climático va a jugar un papel clave.
V. M.- ¿Cómo afronta los nuevos retos?
G. T.- Continuaré con la política de diálogo con todos los interlocutores del sector agrario y de la industria alimentaria. Voy a escuchar sus posiciones, sus demandas y trabajaré conjuntamente para conseguir lo mejor para el desarrollo de la actividad agraria.
V. M.- El sector agrario ha valorado muy positivamente la Ley de la Cadena, pero ve la misma como insuficiente para perseguir cuestiones claves para la defensa de sus intereses como la venta a pérdidas o las ventas a precios de oferta.
G. T.- La Ley de la Cadena ha marcado un antes y un después en la relación entre el conjunto de las partes que tienen intereses en el recorrido de un producto desde que sale del campo o de la industria hasta que el mismo llega al consumidor en cuestiones como firma de contratos con precios incluidos, plazos de pago, evitar pagos anormales o exigencias de información confidencial as las empresas. Existe y funciona una agencia para el seguimiento del comportamiento de la cadena y un observatorio donde se analiza su desarrollo y donde se pueden debatir puntos a mejorar, pero las competencias en materia de ventas a pérdidas se hallan en otra disposición, la Ley de Comercio Minorista y las mismas corresponden a las comunidades autónomas. Agricultura solo puede detectar posibles situaciones irregulares, de oficio o por denuncias del sector y remitir esos expedientes a las comunidades autónomas, que son las únicas con capacidad para actuar.
V. M.- La Ley de Integración Asociativa solo ha tenido tres seguidores. ¿Qué ha faltado?
G. T.- Hay varias peticiones más para la constitución de entidades prioritarias. Confiamos en que siga adelante el proceso de concentración y para ello existen fondos por unos 225 millones de euros. No ha faltado nada, sino que se trata de un proceso lento ante la resistencia del propio sector a integrase con otros.
V. M.- El relevo generacional no acaba de despegar por la escasa incorporación los jóvenes, a pesar de las ayudas previstas.
G. T.- Yo creo que es un proceso que está funcionando y que funcionará mejor en la medida en que consigamos que la actividad agraria sea cada vez más eficiente, competitiva y, en consecuencia, con una mayor rentabilidad. Es cuestión de rentabilidad y de que el agricultor valore el valor de lo que está haciendo como un trabajo clave para el resto de la sociedad.
V. M.- ¿Hasta qué punto esta baja incorporación de los jóvenes no guarda también relación con un medio rural con muchas carencias de servicios y hasta un trato desigual en materia de ayudas al estudio de los hijos de agricultores y ganaderos? Como actividad dominante en ese medio, ¿no debería abanderar Agricultura la demanda de ese proceso de mejoras?
G. T.- Es evidente que existen problemas en el medio rural, pero se trata de cuestiones que no se hallan entre las competencias directas del departamento y donde tienen mucho que decir las comunidades autónomas.
V. M.- El valor de la Producción Final Agraria se halla prácticamente estabilizado entre los 42.000 y los 43.000 millones de euros, mientras los costes de producción se han disparado y la renta es inferior a la de hace una década.
G. T.- En los dos últimos años ha mejorado la renta y para este ejercicio se esperan unas cifras más positivas. La renta agraria responde en una parte muy importante al volumen de la producción, a los precios de los mercados y al importe de las ayudas. Pero un factor determinante es el volumen de los costes por gastos en medios de producción, donde tenemos mucho trabajo por desarrollar.
Para comenzar, es preciso llevar a pie de explotación la información más completa sobre la evolución y perspectivas de los mercados, sobre el uso adecuado de semillas o abonos, de los productos zoo y fitosanitarios, de la maquinaria, de la innovación, energías alternativas, ahorro de agua, etc., para que agricultores y ganaderos puedan adoptar decisiones en todos los aspectos de la explotación con criterios fundados indispensables para ser los más eficientes y tener la máxima competitividad con un ajuste en los costes considerando también las exigencias del cambio climático. Algo que en su día ofrecían las agencias de extensión agraria, hoy en manos de las comunidades autónomas. Es un reto para todos al que no debemos perder de vista.
V. M.- ¿No es posible un observatorio para analizar el comportamiento de los precios de los medios de producción como se hace con la cadena alimentaria?
G. T.- No estoy cerrada a ello y a todo lo que sea lograr una mayor transparencia e información, que es buena para todos.
V. M.- Los regantes siguen con sus contratos de la luz inamovibles.
G. T.- En su día, bajo el gobierno socialista, se eliminaron las tarifas especiales por exigencias comunitarias y en la legislatura anterior aplicamos una serie de bonificaciones fiscales al regadío. De cara al futuro, lucharemos para negociar un cambio a la situación actual.
V. M.- ¿La política de regadíos está paralizada?
G. T.- En la legislatura anterior finalizamos los planes de cuenca y ahora estamos trabajando en un pacto del agua para seguir con la mejora de estructuras con el horizonte de 2020.
V. M.- ¿El seguro agrario está en la cuerda floja por las ayudas a la baja?
G. T.- La prórroga de los presupuestos solo nos permite mantener hoy los fondos del ejercicio anterior, si bien hay que señalar que los recursos procedentes de Agricultura han seguido creciendo ligeramente en los años anteriores, a pesar de la crisis, lo que no ha sucedido con las comunidades autónomas. Será preciso ajustar esas disponibilidades a una mayor demanda de aseguramiento.
V. M.- El sector teme nuevos acuerdos comerciales con terceros países si los mismos no se hacen en condiciones de igualdad en las normativas desde la producción a los mercados.
G. T.- Los acuerdos comerciales son algo indispensable para seguir creciendo y creando empleo, y no podemos estar al margen de los mismos. Lo importante es que los mismos se hagan desde la igualdad en las normativas en cuestiones que van desde la producción a la sanidad y seguridad alimentaria, a las políticas arancelarias o de ayudas.
V. M.- ¿Cómo se ve el futuro de la PAC a partir de 2020 desde el puesto?
G. T.- Hemos de estar preparados en cuanto Bruselas ponga sobre la mesa sus primeras propuestas políticas de la reforma a partir del segundo semestre de 2017. En la reforma anterior, la Administración española tuvo que ir a remolque porque se había llegado tarde a los primeros debates, aunque finalmente logramos un buen resultado. Actualmente es preciso trabajar ya en la elaboración de nuestra propuesta para estar en el grupo que comande los debates. Debemos luchar para conseguir mantener el nivel global de ayudas, aunque parece evidente que en la distribución final de las mismas se van a tener muy en cuenta aspectos relacionados con el cambio climático como ahorro de agua, emisiones de CO2, prácticas de laboreo y, en definitiva, endurecimiento del actual pago verde.
