Asaja, la Asociacion Agraria de Jóvenes Agricultores, considera que la Comisión Europea, con su propuesta de reforma, multiplica la complejidad de la PAC actual, mina su carácter común y no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos.
Por ello insta al Gobierno a defender el carácter nacional de la PAC y a trabajar para ampliar el número de países firmantes de la alianza por una financiación adecuada de la PAC suscrita ayer en Madrid
Desde ASAJA denuncian que con las propuestas presentadas, los agricultores dejarán de ser los protagonistas de la PAC a partir de 2021, puesto que la Comisión Europea relega a un segundo plano el carácter productivo, el fomento de la eficiencia empresarial y los mecanismos de regulación de mercado para dar mayor protagonismo a medidas cosméticas de supuesto carácter social o medioambiental.
En lo que respecta a los mecanismos de gestión de mercados, la CE persiste en su desmantelamiento, continúa por la senda abierta en 1992 y no aporta medidas nuevas para salvar oscilaciones de mercados que puedan sufrir los agricultores y ganaderos en determinados periodos, más graves si cabe en momentos de volatilidad de mercados como los actuales.
Por su parte, la introducción de medidas de limitación de pagos o Capping carece de argumentación técnica o económica y ha sido rechazada por las organizaciones agrarias europeas y cooperativas integradas en el COPA-COGECA. No se ha valorado el impacto que tendría la aplicación de esta medida sobre la estructura de las explotaciones y sus repercusiones en las inversiones, el empleo, la capacidad productiva y la capacidad exportadora de las explotaciones.
Desde COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, califican de “grave error estratégico de consecuencias imprevisibles” la propuesta de textos legislativos de la PAC post-2020, presentada por el Comisario de Agricultura, Phil Hogan. Esta organización considera que los “Planes Estratégicos” nacionales, principal cambio en la arquitectura de la PAC, sientan las bases para dinamitar la única política común de la UE al habilitar a los EE.MM a establecer su propio marco legal para la concesión de las ayudas agrarias. Llevado al extremo, este cambio podría desembocar en cientos de “mini-PAC” regionales.
Para COAG este enfoque resulta inaceptable porque erosiona gravemente el principio del carácter comunitario de la PAC y puede provocar serias distorsiones entre rentas agrarias y agricultores de distintos países. Esta organización rechaza cualquier tipo de renacionalización de la PAC porque tendrá consecuencias imprevisibles para la delicada economía agraria y el medioambiente y pone en peligro el valor añadido que supone contar con un mercado único. Hasta ahora, el marco legal de la PAC ha sido establecido por la Unión Europea, tanto en los Reglamentos de Base como a través de Reglamentos Delegados y de Aplicación. Los Reglamentos han sido el instrumento legislativo que ha permitido conseguir una Política Agraria integradora y Común.
Asimismo, COAG considera lamentable que la única novedad de la Comisión a la hora de priorizar la ayudas a los verdaderos agricultores sea un cambio de denominación: de agricultor activo a genuino. COAG rechaza este cambio de nombre ya que introduce confusión y reclama que se recupere la iniciativa planteada en la reforma de 2013 para identificar a aquellos titulares que desarrollan una actividad agraria significativa, de forma personal y directa y cuya renta depende en un porcentaje apreciable de la misma. De esta forma se evitaría que perceptores ajenos al sector se estuvieran lucrando de los pagos directos de la PAC. COAG propone que un agricultor/a sea considerado activo/a si cumple con la definición de agricultor profesional establecida en nuestro país.
Respecto a la condicionalidad de los pagos directos, la propuesta de la Comisión conlleva la incorporación obligatoria de los requisitos del Greening dentro del paraguas de una condicionalidad reforzada. Lo que no tiene sentido es que se establezca una nueva capa denominada “eco-esquema” que añade complejidad y duplicidad a la labor medioambiental de los agricultores. COAG apoya una condicionalidad adaptada a la realidad de las explotaciones agrarias, simplificada en su aplicación por parte de los agricultores con una reducción de la carga administrativa, siempre que exista un reconocimiento y legitimación del esfuerzo adicional que se le está pidiendo a los agricultores/as.
En el epígrafe de ayudas acopladas, lamentamos el recorte del 15 al 13% en la opción de establecer medidas vinculadas a la actividad, únicas ayudas del primer pilar dirigidas a sectores con dificultades y a los verdaderos activos del sector.
En la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, se sienten confusos. “Nos habían prometido una simplificación, pero lo que nos presentan ahora hará más compleja la PAC”, han dicho. De hecho, UPA ha explicado que ejecutar la nueva política será más difícil tanto para los profesionales del campo como para la Administración y se ha quejado de que “todavía no hemos afianzado el sistema anterior y ya estamos anulándolo”.
Asimismo, UPA ha observado que el reglamento presentado hoy insiste en la renacionalización, hecho que les parece “gravísimo” y “una pérdida de identidad para la Unión como potencia agraria”. UPA ha profundizado en este sentido, añadiendo que, con los Planes Estratégicos a elaborar por los Estados miembros, se debilitaría aún más el concepto de política “común” de la PAC. “Además, en un país como España la gestión se complicaría mucho más y requeriría una coordinación y un trabajo coordinado del que no se suele hacer gala en materia de agricultura”, han concluido desde UPA.
UPA ha manifestado que hay que incrementar el porcentaje dirigido a las ayudas acopladas. “Son las únicas que están unidas a un nivel de producción mínimo y además son fundamentales para las explotaciones familiares que ligan su futuro a la producción de alimentos; siendo muy importante para asegurar el abastecimiento para la sociedad”, han dicho. La organización ha añadido que el presupuesto del 10% es “muy limitado” y ha reclamado “llegar como mínimo hasta el 15 %”.
“Nos preocupa que Hogan no haya presentado una ayuda acoplada para la ganadería sin tierras, tal y como estaba recogida en el anterior reglamento”. Y es que en la propuesta de hoy no aparece contemplada esta realidad de la ganadería española, “por lo que se margina a la ganadería sin tierras”, han reflexionado desde UPA. Por ello, la organización ha exigido que la PAC refleje una solución para estos profesionales.
Cooperativas Agro-alimentarias de España ve en los nuevos planes estratégicos nacionales de aplicación de la PAC un claro riesgo de renacionalización y un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado único. Tampoco es una buena noticia que la Comisión haya evitado una vez más hacer propuestas de gestión de mercados para paliar la volatilidad de los precios y las crisis graves. No obstante, existen buenos instrumentos, como la posibilidad de extender el sistema de programas operativos similares a los de frutas y hortalizas a otros sectores. Sin embargo, la incertidumbre y probable reducción presupuestaria limitará mucho su implantación.
La Comisión Europea ha presentado oficialmente las propuestas de reforma de la PAC 2021-2027. Proponen dejar en manos de los Estados miembros la aplicación, gestión y control de la PAC a partir de unos objetivos y criterios comunes que serán evaluados en función de los resultados por la propia Comisión Europea. Los Estados miembros deberán desarrollar sus propios planes estratégicos donde se integren las intervenciones y operaciones para alcanzar los objetivos de la PAC adaptados a cada país o región.
Las medidas propuestas, intervenciones y acciones a desarrollar en los planes estratégicos, mantienen la estructura de la PAC en dos pilares, refuerzan el aspecto medioambiental y de cambio climático en los pagos directos desacoplados, que siguen siendo la medida estrella, mantienen los regímenes sectoriales existentes, e introducen la posibilidad de diseñar programas operativos similares al de las frutas y hortalizas a otros sectores si el Estado miembros así lo prevé.
Lamentamos que la Comisión Europea no planté un debate valiente sobre la gestión de los mercados bajo el argumento de que la reforma del reglamento Omnibus ya lo discutió, cuando durante los debates de ese mismo reglamento se arguyó que no se quería hacer una gran reforma antes de discutir la PAC 2021-2027. El sector sigue estando a la intemperie para prevenir crisis graves de mercados.
Por su parte, el sector de la agricultura ecológica europea (IFOAM EU), ha acogido bien la propuesta de la Comisión Europea de reforma de la PAC, aunque advierte que no incentivará a más agricultores a entregar bienes públicos si una parte destacada del presupuesto no se orienta a la acción ambiental.
J. Plagge, presidente de IFOAM EU, considera que "un nuevo modelo que aporta resultados y que se adapta a las realidades de los estados miembros (EEMM), es buena idea sobre el papel, pero los estados miembros no lo cumplirán si la nueva PAC no prioriza claramente una transición hacia una agricultura sostenible reforzando el aporte dinerario a los 'Eco-esquemas' y medidas agroambientales". Añade que "la próxima PAC debe ser más ambiciosa y alejarse de la lógica del 'lucro cesante' para pasar a recompensar abiertamente a los agricultores por los bienes públicos que ofrece. En la actualidad, la AE está desempeñando un papel pionero para que la agricultura europea sea más sostenible. Muchos agricultores ya están ofreciendo bienes públicos a la sociedad, como la mejora de la calidad del suelo y el agua o el aumento de la biodiversidad, en todas las regiones europeas. Con los incentivos correspondientes y un presupuesto adecuado en la próxima PAC, más agricultores podrían hacer una contribución aún mayor al medio ambiente, el clima y a la vida rural, después de 2020.
T. Fertl, miembro de la Directiva de IFOAM EU y representante del sector agrario, agrega que "el sector AE está preocupado por los importantes recortes previstos en el presupuesto de Desarrollo Rural (2º Pilar) y por la desaparición de la medida específica sobre AE, en el Pilar II, que podría traducirse en la eliminación de la priorización de la AE, en muchos EEMM, especialmente si la eliminación de estas medidas no se equilibra con un programa ecológico financiado adecuadamente para que los estados miembros recompensen de forma obligada, el aportar bienes públicos ".
